LAS DEPORTACIONES que han comenzado desde Estados Unidos representa un reto complejo para México, particularmente para ciudades fronterizas como Ciudad Juárez. Sin embargo, más allá de los desafíos evidentes, esta situación también abre una ventana de oportunidad para replantear cómo respondemos como sociedad ante este fenómeno.

En ese sentido, ayer, se llevó a cabo una reunión entre miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, Coder, USMC, Coparmex y Fundación Funax con la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Durante la reunión se analizaron y discutieron los retos y oportunidades derivados del aumento en las deportaciones al país, así como el impacto de este fenómeno en el ámbito social y económico.

Montiel presentó las acciones emprendidas por el gobierno federal ante este escenario y detalló que las medidas incluyen una planeación a largo plazo, destacó los esfuerzos del Gobierno Federal en la implementación de los Centros de Apoyo para Personas Retornadas. Estos centros están diseñados para atender de manera integral las necesidades de las personas migrantes que regresan al país y puedan ser trasladados a sus lugares de origen.

No obstante, el éxito de estas iniciativas dependerá de dos factores esenciales: la capacidad de ejecución del gobierno y la voluntad del sector privado para integrarse activamente en la solución. El hecho de que cámaras empresariales se hayan comprometido durante la reunión a generar empleos inclusivos y a trabajar en programas de capacitación sin duda es un primer paso. Pero esto no debe quedarse en un compromiso retórico. Hace falta acción tangible, incentivos claros y una estrategia que garantice resultados a corto y largo plazo.

Según los detalles que se han dado de la estrategia mexicana, se tiene contemplado ofrecer transporte a las capitales de los estados de origen, así como una bolsa de empleo en coordinación con cámaras empresariales que incluyen hasta 35 mil vacantes en diferentes sectores capacidad a lo largo del país, será interesante conocer cuántos de esos puestos de trabajo serán aportados por las empresas de esta frontera.

Por lo pronto sólo se ha iniciado la instalación de un albergue temporal para recibir a los connacionales, esto en el área de El Punto, pero Montiel aseguró que en caso de necesidad de un segundo Centro, éste se construirá en los terrenos del Exhipodromo en las inmediaciones del Parque Industrial Bermúdez.

A diferencia de los albergues donde las personas pueden quedarse días, semanas o meses, en los Centros de Apoyo se busca que el tiempo de estancia sea corto con el tiempo necesario para atender, apoyar, asesorar y realizar el traslado a sus lugares de origen. En ese sentido, Montiel subrayó la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial para fortalecer los recursos y oportunidades disponibles en estos centros.

Hay que recordar que Ciudad Juárez, como epicentro de este fenómeno, enfrenta presiones adicionales en sus servicios públicos, infraestructura y convivencia social. Asegurar que la implementación de estos centros no afecte negativamente a los residentes locales será una tarea delicada que requerirá diálogo continuo y sensibilidad por parte de las autoridades.

Las personas repatriadas no solo traen historias de resiliencia, sino también habilidades y conocimientos que pueden contribuir al desarrollo del país.


EL PROYECTO para la construcción de un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) en Chihuahua capital es, sin duda, un avance significativo para la atención médica de los derechohabientes en la región. Con una inversión proyectada de 2 mil 800 millones de pesos, este centro promete abordar el rezago en cirugías, especialmente en el área de ortopedia, donde se reporta una acumulación de aproximadamente mil 500 procedimientos pendientes.

También es importante mencionar que el proyecto no surge de la nada; es el resultado de gestiones y demandas legítimas por parte de organizaciones como la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De acuerdo con el secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas Amparán, el Ayuntamiento de Chihuahua apoyó con la urbanización y trámites legales del inmueble que estará ubicado sobre la Vialidad Sacramento y constará de 11 hectáreas.

Sin embargo, es esencial que este anuncio se traduzca en acciones concretas y no quede solo en promesas.

A nivel nacional, el Issste ha anunciado la construcción de seis hospitales en un tiempo récord de 480 días, con una inversión de más de 12 mil millones de pesos. Cinco de estos hospitales están programados para estar listos en el primer trimestre de 2024 y otro en agosto del mismo año.

Del total de la inversión, mil 500 millones de pesos serían destinados a la construcción y mil 800 millones para equipamiento con el objeto que sea un hospital de alta especialidad en un proyecto de mediano a largo plazo.

Zendejas ha adelantado que están a la espera de la designación del presupuesto para iniciar con la construcción, además de que resaltó la urgente necesidad de atender a los pacientes que están a la espera de una cirugía o un tratamiento.

La salud de los derechohabientes y de la población en general depende de la materialización de estas iniciativas.


LA TRAGEDIA ocurrida el 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, dejó una huella imborrable en esta frontera, 40 migrantes fallecidos en un incendio que pudo haberse evitado. Este hecho no solo evidenció las deficiencias en las condiciones de las instalaciones migratorias, sino también la falta de sensibilidad y responsabilidad en la atención a las personas en situación de movilidad.

A casi dos años de aquel lamentable suceso, todavía quedan muchas heridas por sanar y que sacie ese clamor de justicia para con las víctimas y sus familias. Ayer se registró una manifestación al exterior de los juzgados federales para expresar su rechazo a lo que consideraron “privilegios” otorgados al todavía comisionado Francisco Garduño Yáñez.

El comisionado del INM, solicitó por tercera ocasión la suspensión condicional del proceso del cual está vigilado.

Luego de casi ocho horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, el juez dictó suspensión condicional del proceso a Garduño Yáñez.

Fue el juez Víctor Manlio Hernández Calderón quien estableció las condiciones con las que deberá cumplir Garduño Yáñez durante un año y medio para validar la suspensión condicional del proceso en su contra.

Los manifestantes han pedido que se haga justicia y que esta tragedia no quede impune, pues a pesar de que se indemnizó a las familias de las víctimas, está fue por una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no por una voluntad genuina, según detallaron.

Con la solicitud hecha por Garduño, se reavivan las preguntas sobre la justicia y la rendición de cuentas en este caso. La posibilidad de que un funcionario señalado de omisiones graves quede en libertad claro que preocupa a las familias de las víctimas.

Para muchos, el adelantamiento de la audiencia y la aparente permisividad hacia el comisionado refuerzan la percepción de que la justicia no se aplica de manera equitativa.

La destitución de Garduño Yañez no solo es una cuestión de justicia para las familias de los 40 migrantes fallecidos; también es un mensaje claro sobre la importancia de asumir responsabilidades y corregir un sistema que, hasta ahora, ha fallado.

Por lo pronto, causa asombro que tras más de cien días del nuevo Gobierno Federal, no se le dé celeridad al tema de transición del INM, hay que recordar que en octubre del año pasado, la presidenta, Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento del ex gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes como el próximo comisionado, cargo que asumiría a partir de diciembre de 2024, una vez concluido su encargo como mandatario, sin embargo, a días de concluir enero, el cambio que se ha visto lento.

La tragedia del 27 de marzo no puede quedar impune, y la justicia no debe estar sujeta a privilegios ni a posiciones de poder.


LAS REGLAS que regirán las elecciones judiciales del próximo 1 de junio ya fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Este proceso, donde se elegirán ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces, es un cambio importante para el sistema democrático de México, requiere no solo de la participación activa de los ciudadanos, sino también de un marco que garantice equidad, transparencia y responsabilidad.

Las reglas aprobadas van desde la prohibición de contratar espacios en radio y televisión, hasta el uso exclusivo de recursos propios por parte de los candidatos, medidas que buscan cerrar las puertas a los excesos y las irregularidades que podrían influir de manera injusta en los resultados.

El uso de propaganda electoral en materiales reciclables y biodegradables marca también un pequeño, pero importante, paso hacia la sostenibilidad en un ámbito que no suele priorizar el impacto ambiental. Aunado a ello, las restricciones en la realización de actos de campaña fuera de los períodos establecidos y la prohibición de calumniar o afectar a la niñez en la propaganda, reflejan un intento de preservar la ética y el respeto dentro de la contienda.

Sin embargo, el impacto de estas normativas no se limita a los candidatos. Los servidores públicos y partidos políticos también enfrentan restricciones significativas. Las sanciones por el uso indebido de recursos públicos y la manipulación de programas sociales son un recordatorio de que la función pública no debe convertirse en un trampolín para intereses electorales. Igualmente, la prohibición a los partidos políticos de realizar actos de proselitismo o contratar encuestas busca mantener la neutralidad institucional y el respeto a la independencia de los procesos judiciales.

Un aspecto que generó debate durante la sesión fue la propuesta de excluir a los ciudadanos del catálogo de infracciones, lo cual no prosperó.

Si bien estas medidas representan un avance, el reto más grande está en su aplicación efectiva. Es imperativo que el INE y otras instituciones encargadas de supervisar el proceso electoral actúen con firmeza y sin favoritismos, imponiendo las sanciones necesarias cuando sea pertinente.

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