UNA DE LAS TAREAS asignadas por la gobernadora Maru Campos a su nuevo representante en la frontera, Carlos Ortiz, fue precisamente hacer todo lo posible para concretar el proyecto del Centro de Convenciones.
En ese sentido, Ortiz Villegas sostuvo su primer encuentro oficial como representante del Gobierno del Estado con el sector empresarial, todo con la intención no sólo de fortalecer la relación que se tiene con la iniciativa privada, sino también abordar los desafíos que hoy por hoy enfrenta esta región.
Durante la sesión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ortiz resaltó la importancia de trabajar juntos en temas prioritarios como la construcción de un centro de convenciones, la mejora del transporte público y la seguridad en la ciudad.
El funcionario destacó que el centro de convenciones es uno de los proyectos encomendados por la gobernadora, pues a través de él se busca dar competitividad a la ciudad y crear un derrame económico importante.
El representante de la gobernadora descartó que el Estado vaya a decidir por las diferentes opciones de terrenos con que cuentan para la construcción. Aunque se hablan de cuatro diferentes opciones, Ortiz mencionó al menos dos predios, el Parque Central Oriente y un terreno adyacente al Hospital de Especialidades del IMSS, sin embargo,aunque será el Fideicomiso Paso del Norte el encargado de seleccionar el lugar, el Estado deberá fungir como facilitador junto al Municipio y Federación.
Juárez necesita este tipo de infraestructura para fortalecer su posición económica y atraer inversiones, un punto en el que coincidieron los líderes empresariales. Como se ha señalado en anteriores ocasiones, no es posible que una región tan industrializada como lo es la frontera carezca de un centro de convenciones y que el proyecto se mantenga prácticamente en congeladora durante los últimos 20 años, sin duda es necesario que se retomen los diálogos y análisis para designar la mejor ubicación posible y que esto represente un progreso para la ciudad.
LA INCERTIDUMBRE generada por la posible imposición de aranceles del 25% por parte del gobierno de Donald Trump a productos exportados desde México, que por cierto, se mantiene en ‘stand by’, ha puesto en pausa las inversiones en Ciudad Juárez.
Aunque el interés de empresas extranjeras por establecerse en esta frontera es evidente, el discurso político estadounidense ha frenado las decisiones finales, generando un clima incierto todavía.
Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal, reconoció que, aunque Juárez mantiene una construcción activa de naves industriales, las inversiones están detenidas debido a la falta de certeza. Afortunadamente, los posibles aranceles no incluyen componentes eléctricos, un sector predominante en la industria local, mayormente de origen taiwanés.
Por su parte, María Teresa Delgado, consejera nacional de Index Juárez, subrayó que el sector maquilador evalúa posibles escenarios mientras espera la resolución de esta amenaza arancelaria.
La industria se enfoca en preservar las inversiones actuales ante la incertidumbre, aunque reconoce que los aranceles al acero y aluminio impactan más al sur del país que a Juárez.
El panorama es que mientras Estados Unidos define su postura, Ciudad Juárez enfrenta un estancamiento que, aunque no ha generado un éxodo empresarial inmediato, sí frena el crecimiento. La ciudad, con más de 320 mil empleos en la industria maquiladora, aguarda con expectativa, pero también con preocupación. La frontera necesita estabilidad para seguir atrayendo inversiones.
LA REFORMA al Infonavit que fue recientemente aprobada en el Congreso de la Unión sigue generando un fuerte debate en el país. La medida, permite al Estado crear una empresa para la construcción de vivienda utilizando los recursos acumulados por los trabajadores, lo que ha sido calificado como un atropello al patrimonio de millones de mexicanos.
En ese contexto, Alfredo Chávez Madrid, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Chihuahua, ha anunciado que buscarán acciones legales para revertir esta decisión, argumentando que no garantiza el derecho a la vivienda y otorga al gobierno un control total sobre los fondos del Infonavit.
Algunas cámaras empresariales también han expresado su preocupación, como Coparmex, destacando que esta reforma “pone en riesgo los ahorros de los trabajadores sin asegurarles un hogar”.
Por un lado, el documento de la reforma plantea un esquema de desarrollo social que promete beneficios como la intocabilidad de los ahorros de los trabajadores y la restitución de recursos en caso de proyectos cancelados. Además, propone la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda, bajo mecanismos de control y transparencia.
El esquema también abre la puerta a la participación empresarial en la construcción de viviendas, garantizando el buen manejo de recursos y evitando corrupción. Se regula el arrendamiento social, ofreciendo acceso asequible a la vivienda con opción de compra, y se prohíben los cobros excesivos e intereses impagables.
Sin embargo, las facultades de veto en la Comisión de Administración, la supervisión de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, y la inclusión de la Dirección General en la Asamblea han despertado preocupaciones sobre la centralización del poder. Aunque se garantiza la transparencia mediante la Auditoría Superior, queda por verse cómo se implementarán estas reformas y si cumplirán sus promesas sin afectar los derechos de los trabajadores.
El reto será equilibrar las nuevas facultades con una gestión que verdaderamente favorezca a la clase trabajadora.
El temor de que los recursos acumulados desaparezcan sin rendición de cuentas es latente. La oposición denuncia que, si los proyectos no se concretan, los trabajadores no tendrán forma de reclamar su dinero. La acción legal anunciada por la oposición es un intento por “salvaguardar esos derechos”.
