ESTE MARTES, Ciudad Juárez será sede del Consejo Estatal de Seguridad, en donde se contempla la presencia de la gobernadora Maru Campos Galván. La reunión representa una oportunidad clave para abordar las políticas públicas en materia de seguridad, un tema que ha sido central en la agenda estatal debido a los desafíos que enfrenta la región en este rubro.

Maru ha exhortado a su gabinete de seguridad a redoblar esfuerzos y continuar con el trabajo en conjunto que permita garantizar el bienestar de los chihuahuenses en todo el territorio estatal.

La participación de autoridades estatales, fiscales, directores de policía y representantes de la sociedad civil ofrece un marco inclusivo para la planeación y coordinación de estrategias. Además, se analizarán los recursos de programas federales como el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp). Estos fondos son vitales para financiar iniciativas orientadas a reforzar las capacidades operativas y preventivas de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Uno de los temas destacados en la agenda será el seguimiento al Modelo Centinela, un esquema que busca modernizar la estrategia de seguridad pública en el estado mediante el uso de tecnologías avanzadas para la vigilancia, monitoreo y respuesta ante incidentes delictivos. También se discutirá la implementación de la Ley Estatal de Seguridad Pública.

El encuentro no solo es una oportunidad para evaluar los avances en materia de seguridad, sino también para identificar áreas donde las estrategias actuales podrían mejorarse. Es importante que el análisis y la distribución de los recursos prioricen aquellas regiones y sectores más vulnerables, considerando la complejidad de los retos que enfrenta Ciudad Juárez, desde el crimen organizado hasta la violencia de género y los delitos patrimoniales.

Otro de los temas que posiblemente sea analizado durante la reunión, es lo relativo a la migración. De acuerdo con la más reciente reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se reportó una disminución en el flujo de connacionales repatriados de Estados Unidos.

Según las cifras presentadas por el Estado, al momento suman mil 891 las personas retornadas a territorio mexicano por la frontera de Chihuahua, de las cuales, mil 617 cruzaron por Ciudad Juárez y 274 por Ojinaga.


TRAS una semana que la cuarentenaria de San Gerónimo aprobó todas las inspecciones por parte de USDA, los productores de Chihuahua no han recibido respuesta por parte del Gobierno de Estados Unidos que permita la reapertura de la frontera para la exportación de ganado, y lo peor es que no se ve para cuándo.

Lo anterior claro que representa un golpe a los productores de Chihuahua, quienes ven con frustración cómo sus esfuerzos para cumplir con las normativas sanitarias no han generado resultados concretos.

Este retraso afecta directamente a la economía regional, ya que la exportación de ganado es una de las principales actividades económicas del estado. Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), expresó su preocupación y destacó que, aunque se esperaba una respuesta en un lapso de 24 a 48 horas tras la firma de los acuerdos, hasta ahora no se han cumplido los plazos previstos.

La situación es aún más crítica si consideramos que el cierre de la frontera comenzó en noviembre pasado, tras la detección de un caso de gusano barrenador en una res procedente de Chiapas. Desde entonces, los ganaderos chihuahuenses han trabajado para implementar medidas de control y sanidad, con el objetivo de garantizar que el ganado exportado cumpla con los estándares exigidos. Sin embargo, el esfuerzo parece insuficiente frente a la lentitud burocrática que ha predominado en este proceso.

Según Bustillos, se ha tenido contacto con Gabriel Ayala de Senasica y Tammy Howard de USDA , para presionar la respuesta del Gobierno Federal del vecino país y lograr la reapertura al tráfico de reses desde México.

El problema trasciende lo económico: la incertidumbre genera desconfianza en los procesos regulatorios y en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Si bien es indispensable garantizar la sanidad del ganado para proteger a los consumidores, también lo es establecer mecanismos ágiles y transparentes que permitan a los productores planificar y operar con certidumbre.


APENAS mencionábamos el grave daño que generan los concesionarios incumplidos con el tema de la verificación ecológica, cuando el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar hizo énfasis en la urgente necesidad de poner un orden al transporte público.

La circulación de unidades en malas condiciones, muchas de ellas altamente contaminantes, no solo afecta la calidad del aire, sino que también compromete la movilidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Fue el secretario general de gobierno, Santiago De La Peña quien hizo el llamado para que el Municipio actúe contra estas unidades, sin embargo, es importante recalcar el trabajo no puede recaer únicamente en una esfera gubernamental, pues se debe hacer en coordinación completa con la Dirección de Transporte, perteneciente al Estado. Reconocer que los camiones contaminan "demasiado" es solo el primer paso. Ahora, es crucial traducir esas palabras en un plan claro y efectivo.

Uno de los puntos clave es la falta de cumplimiento con el engomado ecológico por parte de la mayoría de las unidades. Este requisito no solo es una medida administrativa; es una herramienta indispensable para garantizar que los vehículos cumplan con estándares mínimos de emisiones y contribuyan a un aire más limpio.

Además de la contaminación, el estado general del transporte público en la ciudad es preocupante. Muchas unidades son obsoletas, inseguras y poco confiables. Esto afecta directamente a los usuarios, quienes dependen de este servicio para sus actividades diarias. No se trata solo de sacar de circulación los camiones que incumplen con las normas, sino de garantizar un sistema de transporte eficiente, accesible y sustentable.

Ciudad Juárez ya enfrenta retos importantes en cuanto a calidad del aire, y la contaminación generada por estas unidades solo agrava la situación. No basta con señalar el problema; es necesario asumir responsabilidades conjuntas y trabajar en soluciones reales.


UNA VEZ MÁS, los productores lecheros de la zona centro-sur de Chihuahua tuvieron que recurrir al bloqueo de la carretera Panamericana en un acto de protesta y desesperación.

Los productores tomaron ayer el tramo ubicado entre Delicias y Meoqui, acusando de nueva cuenta la falta de cumplimientos tomados desde la semana pasada con el Gobierno Federal, como es el pago del adeudo desde el pasado viernes, un día después de la primera manifestación.

El conflicto surge por el retraso de tres semanas en el pago del precio de garantía del litro de leche, fijado en 10.05 pesos, de los cuales 8.60 corresponden al precio base y el resto como subsidio. Aunque este modelo de apoyo busca ser un salvavidas para los productores, los retrasos constantes y la falta de cumplimiento en los tiempos de pago convierten este sistema en una carga más que en un alivio.

Además, los afectados calificaron de preocupante la invasión del mercado nacional por parte de productores lecheros de Estados Unidos, quienes cuentan con incentivos y apoyos gubernamentales que los hacen prácticamente invencibles en términos de competitividad. Infraestructura moderna, créditos con tasas preferenciales y diésel subsidiado son solo algunos de los privilegios que disfrutan sus pares del norte, mientras que los productores mexicanos deben enfrentar altos costos de producción y la incertidumbre de un mercado desigual, al menos es lo que han denunciado los manifestantes.

El problema no es nuevo, pero la falta de acción por parte del Gobierno Federal refleja una desconexión con la realidad del campo mexicano. Los lecheros no solo exigen el pago inmediato de lo que se les adeuda; también demandan una revisión profunda del precio de garantía y un estudio de los costos reales de producción.


LEGISLADORES y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron un intento de “robo” de 2.5 billones de pesos por parte de Morena a través de las reformas al Instituto del Fondo Nacional de vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que se discutirán el próximo mes en la Cámara de Diputados.

Encabezados por la presidenta del CDE, Daniela Álvarez, junto a las diputadas federales Rocío González y Manque Granados, así como el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, los blanquiazules se apostaron afuera de las oficinas del Infonavit en Chihuahua para manifestarse contra la reforma.

Los panistas expresaron su enérgico rechazo a una reforma que, aseguran, representa un grave riesgo para los derechos laborales y el patrimonio de los trabajadores mexicanos.

Entre los argumentos que presentaron, aseguran que de ser aprobada, la reforma otorgaría al gobierno el control absoluto sobre los recursos del Infonavit —2.4 billones de pesos, pertenecientes a 77.7 millones de derechohabientes—, lo que podría poner en peligro el ahorro de los trabajadores, al ser utilizado para proyectos inmobiliarios manejados por el gobierno.

La diputada Rocío González Alonso ha señalado que las modificaciones propuestas por Morena buscan beneficiar políticamente al partido en el poder, integrando comités y consejos del Infonavit con personas afines y otorgándoles la mayoría en la toma de decisiones.

Por su parte, María Angélica Granados, precisó que estos ahorros no son del Gobierno, sino de los trabajadores y buscan administrarlo de manera errónea y discrecional a través de los comités y consejos de Infonavit al integrarse con gente afín al partido.

Al respecto, Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado explicó que efectivamente el Infonavit se va a reformar, dándole al instituto “su verdadero objeto social”. De acuerdo con el legislador, las nuevas construcciones se realizarán con el presupuesto anual que tiene el Infonavit, descartando las teorías expuestas por los panistas.

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