LOS AFECTADOS por la empresa Aras Business Investment acordaron con las autoridades no volver a tomar las calles de la capital como manifestación por la falta de informe en los avances de la investigación por el delito de fraude contra más de 6 mil personas que han interpuesto una querella.
Lo anterior, luego de sostener una reunión con el fiscal general del estado, César Jáuregui ayer por la mañana. Los afectados tomaron varias calles del centro histórico, ahí muy cerca de la Plaza Hidalgo desde el pasado miércoles, generando un verdadero caos vial. El motivo, conocer los avances de la investigación en las denuncias por fraude interpuestas desde hace más de dos años.
La situación plantea un dilema interesante: la lucha por la justicia frente a la afectación a la movilidad de terceros. Sin duda, la indignación de las víctimas es comprensible. Perdieron su patrimonio en una red de inversiones fraudulentas y llevan años esperando una respuesta efectiva del sistema de justicia. Sin embargo, la protesta en las calles, aunque legítima, siempre conlleva consecuencias para la ciudadanía en general.
Los bloqueos generan molestias, retrasos e impactos económicos para quienes dependen del tránsito ágil en la ciudad. Este es un punto que los afectados han considerado al tomar su decisión, priorizando la cooperación con la Fiscalía General del Estado en lugar de seguir con las manifestaciones que alteran la vida cotidiana de la población.
El fiscal César Jáuregui Moreno ha prometido mantener una comunicación constante y dar seguimiento a los más de seis mil expedientes abiertos. Ahora, el compromiso de las autoridades debe ser demostrar con hechos que esta nueva vía de trabajo dará resultados concretos.
Se espera que en dos o tres meses se resuelva el amparo de manera favorable para la mayoría de las víctimas de Aras, es decir, quede firme la sentencia de la Juez de fecha del 14 de diciembre del 2023.
PARA PODER avanzar en el tema del proceso de elección del Poder Judicial de Chihuahua, el Congreso del Estado estaría convocando a un período extraordinario con la finalidad de definir las listas de candidatos a ocupar los cargos de jueces, ministros y magistrados.
La presidenta del Legislativo, Elizabeth Guzmán Argueta, comentó que se ha establecido un proceso que debe garantizar la elección de los mejores perfiles para ocupar estos cargos clave.
El Comité de Evaluación, que actualmente revisa los perfiles inscritos entre el 13 y el 24 de enero, tiene la responsabilidad de actuar con profesionalismo y autonomía. La independencia de este proceso es fundamental para evitar influencias políticas y asegurar que quienes sean seleccionados posean las capacidades y la integridad necesarias para impartir justicia con imparcialidad.
El 1 de junio será una fecha decisiva, pues la ciudadanía tendrá la oportunidad de votar por magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y jueces de Primera Instancia y Menores.
En total, la ciudadanía votará por tres magistradas y dos magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial; 30 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia a partes iguales para cada género; y 180 juzgadores de Primera Instancia y Menores.
Sin embargo, más allá del procedimiento, la pregunta clave es si realmente se están proponiendo los mejores perfiles para garantizar una justicia eficiente y accesible. La confianza en las instituciones judiciales es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier sombra de duda en este proceso puede afectar su legitimidad.
El Congreso del Estado, junto con los comités de los poderes Ejecutivo y Judicial, debe comprometerse a que el proceso de selección no sea solo una formalidad, sino una verdadera oportunidad para fortalecer el Estado de derecho.
APENAS se terminó de clausurar el túnel clandestino localizado el pasado 10 de enero a la altura de la puerta 28 del bordo del Río Bravo, cuando ¿Qué cree?, en redes sociales se ha viralizado un nuevo supuesto túnel entre Juárez y El Paso.
Lo preocupante es lo fácil con lo que este tipo de actividades general altos números de alcance en redes como TikTok, poniendo a prueba el trabajo conjunto de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos para hacer frente a delitos graves como la trata o el contrabando.
La viralización de este supuesto nuevo túnel entre Juárez y El Paso es un reflejo alarmante de la crisis migratoria y del ingenio del tráfico ilegal de personas y mercancías. Si bien aún no se ha confirmado si se trata de un nuevo pasadizo o del mismo túnel descubierto y clausurado en enero, su aparición en redes sociales plantea una serie de preocupaciones que van más allá de su mera existencia.
El uso de plataformas digitales para promocionar estas rutas clandestinas es una señal de cómo la tecnología está facilitando prácticas ilegales. El hecho de que en los comentarios del video los usuarios muestren interés y soliciten más información es una evidencia de la desesperación de miles de personas que buscan cualquier alternativa para cruzar la frontera, sin importar los riesgos.
Las autoridades de ambos países deben prestar atención no solo al descubrimiento y clausura de estos túneles, sino también a las redes de tráfico que los operan. Es evidente que la política migratoria actual no ha sido suficiente para abordar las causas profundas de la migración, y mientras no se implementen estrategias integrales que ofrezcan alternativas seguras y legales, los migrantes seguirán buscando caminos clandestinos.
El reto no es solo cerrar túneles, sino abrir oportunidades. La viralización de estos videos debería servir como un llamado de atención para abordar con urgencia una crisis humanitaria que no se resolverá con muros ni clausuras, sino con políticas migratorias justas y humanitarias.
