LA VIOLENCIA que golpea a la ciudad muestra una tendencia preocupante. Mientras enero y febrero reflejaron una disminución en los homicidios dolosos, marzo trajo consigo un alarmante incremento del 30 por ciento, acumulando 103 víctimas de homicidio doloso, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este aumento no solo evidencia la vulnerabilidad de la estrategia de seguridad, sino que plantea preguntas urgentes sobre la efectividad de las acciones implementadas.

El impacto del narcomenudeo, señalado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) como factor detonante de esta violencia, exige medidas más contundentes que los ajustes estratégicos anunciados recientemente. Las cifras no mienten: el trabajo policial y las estrategias de prevención deben evolucionar para garantizar resultados efectivos y duraderos.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lamentó el incremento y dijo que a manera de respuesta se reajustará la estrategia de seguridad y se reforzará la coordinación con Estado y Federación para revertir la cifra.

Las autoridades deben asumir la urgencia de un replanteamiento integral que incluya prevención social, combate a las causas estructurales de la violencia y una verdadera coordinación interinstitucional.


INSPECTORES de la Dirección de Regulación Comercial del Municipio comenzaron ya con los operativos especiales para retirar a vendedores ambulantes que ofrecen comida chatarra en las inmediaciones de planteles escolares, en cumplimiento con las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta medida, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aplicada localmente por el gobierno municipal, busca reducir el acceso de los estudiantes a alimentos ultraprocesados y con alto contenido calórico.

Arturo Urquidi, director de Regulación Comercial, informó que 240 vendedores ambulantes fueron identificados y notificados previamente sobre la prohibición de vender estos productos cerca de las escuelas. Un equipo de 30 inspectores se ha desplegado en las nueve zonas en que se divide la ciudad para invitar a los comerciantes a retirarse, en una primera fase que funcionará como un periodo de gracia durante lo que resta de la semana. Posteriormente, los inspectores tendrán la instrucción de decomisar la mercancía y aplicar multas que van desde los 113.14 hasta los 1,131 pesos a quienes incumplan la normativa.

La prohibición responde a la preocupación por el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados en la infancia, un problema de salud pública que contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas. Aunque el objetivo de proteger la salud infantil es claro, la medida plantea un desafío económico para los vendedores informales, quienes enfrentan la pérdida de una fuente de ingresos en una ciudad donde el comercio ambulante es el sustento de muchas familias.

El director Urquidi destacó que la intención no es afectar a los comerciantes, por lo que se les permitirá continuar sus ventas en otros puntos de la ciudad, siempre que se mantengan fuera del perímetro escolar, cuyo alcance preciso aún está por definirse. Además, la dependencia emitirá nuevos permisos para comerciantes interesados en modificar su giro de negocio, sin necesidad de pagar nuevamente si el permiso original sigue vigente.


LA DENUNCIA penal presentada por el Comité Directivo Estatal del PAN contra la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, por presuntos delitos federales relacionados con el uso irregular de recursos en sus caravanas de salud en Chihuahua, sigue generando todo un debate sobre la transparencia en el uso de recursos por parte de personajes públicos.

Según las acusaciones, los recursos involucrados en estos operativos no han sido transparentados y la senadora estaría incurriendo en prácticas ilegales al no declarar apropiadamente los bienes y servicios asociados con estas actividades.

Daniela Álvarez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, se apersonó en la Fiscalía General de la República en compañía del presidente del CEN, Jorge Romero; las diputadas federales, Manque Granados y Kenia López Rabadán; así como el senador, Mario Vázquez Robles y el abogado Roberto Gil Zuarth para interponer las denuncias penales en contra de Chávez Treviño, por la presunta comisión de 15 delitos del orden federal por el uso de camiones para sus caravanas de salud en la entidad sin transparentar los recursos de procedencia.

Se señala que Chávez Treviño ha utilizado vehículos y equipos médicos vinculados a contratos públicos, sin cumplir con los requisitos fiscales correspondientes, lo que podría configurar delitos como defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Más aún, se mencionan vínculos con una empresa que, según los denunciantes, habría recibido contratos por aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos y, a su vez, habría facilitado recursos para las campañas de salud, sin que estos fondos sean justificados adecuadamente.

El impacto de estas acusaciones es profundo. Las denuncias señalan un patrón de abuso de poder, donde los recursos terminan siendo desviados para fines políticos y electorales.

Tras la denuncia, la senadora Chávez compartió muy a su estilo, la respuesta a las acusaciones, a través de un video en sus redes sociales. La legisladora “minimizó” el asunto, comparando incluso a los integrantes del PAN con personajes de una película de Disney Pixar.

El caso sí plantea cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos, los cuales, tendrán que ser aclarados por la autoridad investigadora y por la propia senadora para demostrar que todo está dentro de la ley.


DE VISITA por Chihuahua anduvo Enrique de la Madrid Cordero, quien aprovechó para reunirse con el alcalde capitalino, Marco Bonilla Mendoza.

Uno de los temas abordados fue precisamente la necesidad de fortalecer las políticas estatales frente a un Gobierno Federal, que de acuerdo con el exaspirante a la presidencia de la República, es cada vez más centralista.

Durante su intervención, De la Madrid destacó el potencial desaprovechado de entidades como Chihuahua, con abundante sol y viento, que se ven limitadas por políticas federales que catalogó como “anacrónicas”.

El exmilitante del PRI rechazó la idea de la independización de algunas entidades, como sugirieron movimientos en redes sociales, pero fue enfático al señalar la urgencia de separar las malas políticas impuestas desde el Gobierno Federal.

Además, señaló que actualmente, México enfrenta retos energéticos, de seguridad, estado de derecho y promoción de talento; y advirtió sobre el impacto negativo de la posible reindustrialización de Estados Unidos bajo Donald Trump, lo que podría poner en riesgo las inversiones en México.

En este sentido, planteó la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio bajo condiciones favorables y redirigir la política energética. Además, criticó la reforma al Poder Judicial y abogó por una inversión decidida en seguridad e infraestructura que promueva el crecimiento económico y el desarrollo industrial. De la Madrid señaló que el crecimiento económico de México está muy lejos de lo necesario para posicionar al país como la décima economía mundial.

Aunque no descartó la posibilidad de una nueva candidatura presidencial ni la opción de integrarse a Morena si el partido cambia, De la Madrid insistió en la necesidad de fortalecer a los partidos políticos existentes y fomentar la creación de nuevas fuerzas políticas para robustecer la democracia, a pesar de las restricciones de las leyes electorales actuales.

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