La semana que terminó estuvo marcada por la discusión sobre la ley, sus reformas y aplicaciones. Primero, a nivel nacional se retomó la posibilidad de eliminar la prisión preventiva, ya que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenaba al Estado mexicano cambiar esta medida.
El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en las próximas semanas se dispondrá a votar sobre si se aplica o no la sentencia y en qué términos. La posibilidad de eliminar esa medida en el sistema de justicia ha creado rechazo en varias latitudes.
En Chihuahua, por ejemplo, el fiscal César Jáuregui consideró que si las personas señaladas por un delito no quedan detenidas, pueden escapar o atentar de nuevo contra las víctimas, suponiendo que sean responsables por lo que hayan cometido con anterioridad. Si no lo son, no habría problema.
El argumento principal de la CIDH es que se viola la presunción de inocencia de la persona y su derecho a la libertad. Pero no todo es blanco y negro, ese lo complicado. Lo ideal sería analizar la situación y determinar si una persona debe estar en prisión, como ya se hace en algunos casos.
Para el gobierno federal, eliminar la prisión preventiva representa una amenaza a la seguridad nacional, que son palabras mayores. La presión del Ejecutivo puede influir en el análisis del Judicial. Lo más seguro es que se apliquen los asegunes. El siguiente paso será verificar que no haya abusos.
Otro punto interesante de esta semana fue la reforma a las pensiones y la intención de crear un fondo que administre recursos de cuentas que están inactivas para completar pagos justos a trabajadores jubilados. El fondo parece legítimo, pero si se revisa la forma, surgen dudas.
El tema ya está en el Legislativo y en el inicio de semana podría quedar resuelto. No obstante, las observaciones hechas al dictamen anterior tumbaron una vez la discusión y podrían hacerlo otra vez, así que aún hay tiempo para hacer modificaciones. El bloque opositor es el principal interesado en ellas.
La creación del fondo también interesa a los empresarios, pues son los empleadores. En su visita a Juárez, Octavio De la Torre, presidente de la Concanaco, dijo que el organismo no fue consultado en primera instancia sobre la reforma, algo que, consideran, genera muchas dudas sobre la propuesta.
Algunas cámaras empresariales sí fueron consultadas, pero eso significa que el resto esté de acuerdo o que no tengan opiniones sobre los cambios legislativos. De nuevo, el tema puede regresarse, aunque se puede aplicar el popular madruguete. La forma y fondo de nuevo en el centro de la discusión.
Más de la mitad de las y los candidatos de Chihuahua al Senado de la República y a la Cámara de Diputados no han registrado los datos que la Plataforma “Conóceles” del Instituto Nacional Electoral (INE), ha solicitado con el fin de conocer de forma concisa a cada aspirante.
En total, son 66 aspirantes entre titulares y suplentes. Dentro de la plataforma, están registrados 64. Solo 28 aspirantes han registrado la dirección de su casa de campaña; 33 no han proporcionado algún número de teléfono para contacto y 21 candidatos no enlistaron correo electrónico.
De las 66 candidaturas, solo dos –la María Angélica Granados Trespalacios y la de Marisela Terrazas– dieron datos de sus portales web y solo 35 aspirantes publicaron sus redes sociales; 23 no dieron a conocer su carrera profesional, 26 no revelaron con que cursos son los que se han preparado académicamente y la misma cantidad evitó hablar sobre su historial profesional.
Aún están a tiempo para completar sus datos y que las personas tengan un panorama amplio de quiénes están en campaña.
