Los diputados federales decidieron actuar, y lo hicieron con gran contundencia. Con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, aprobaron una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y adquisición de vapeadores, cigarrillos electrónicos y, de paso, el uso ilícito de sustancias como el fentanilo. La medida, que parece venir con buenas intenciones para proteger la salud de los mexicanos, podría resultar ser el regalo perfecto para fortalecer, no precisamente el bienestar social, sino el mercado negro.
La reforma establece que tanto los vapeadores como otras sustancias y productos tóxicos se consideran una amenaza a la salud pública, al punto de ser elevados al rango de delito constitucional. Después de todo, ¿qué mejor manera de proteger a la ciudadanía que convirtiendo, en un vil delincuente, a quien se atreva a vender un cigarro electrónico? Sin duda, un acto heroico de los legisladores, quienes con una acción tan decidida y clara, nos protegen de esos malvados vapeadores que tanto daño le hacen a la sociedad, a la salud, y a la moral.
Sin embargo, como en toda historia que involucra prohibiciones a gran escala, la realidad siempre tiene un toque más matizado. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) no ha tardado en levantar la voz, calificando la comparación entre los vapeadores y el fentanilo como “desmedida”. Y es que, al parecer, los diputados olvidaron un pequeño detalle: lo que se prohíbe de manera irracional no desaparece mágicamente, sino que tiende a generar mercados paralelos, fuera del control de la autoridad. Como siempre, los delincuentes no descansan, y si hay demanda, siempre habrá quien oferte, solo que esta vez, al margen de cualquier regulación y garantizando ganancias al crimen organizado, y como dirían nuestros vecinos del norte “Duty Free”.
Por otro lado, la ANPEC sugiere algo que parece razonable: reglamentar la venta de estos productos, regular su comercialización, y vigilar que no lleguen a las manos equivocadas. No es tan difícil, ¿verdad? En lugar de ponerles la etiqueta de "delincuentes" a quienes los comercializan de manera legal y controlada, podríamos aplicar un poco de sentido común y educación. Porque al final de cuentas, lo que está en juego no es la moralidad de la sociedad, sino la eficacia de las políticas públicas.
En fin, este paso de los diputados se suma a una larga lista de prohibiciones que no siempre logran su cometido. Sin olvidar aquella memorable frase “prohibido, prohibir”, que la pronunció alguien que, así como decía una cosa, hacia otra, pero esa es otra historia. Al final, el mercado negro sigue siendo el mayor beneficiado, y la salud pública no necesariamente se ve mejorada. Quizá la verdadera pregunta es: ¿Neta, es mejor prohibir los vapeadores a nivel Constitucional que regularlos? La verdad no parece que esa sea la idea…
