Las sirenas se encendieron rápidamente en la ciudad de Chihuahua por el ataque a un oficial del Sistema Penitenciario. El funcionario identificado como Nicolás viajaba en una camioneta junto con su hijo y un escolta que le habían asignado para acompañarlo, estos últimos quedaron heridos.
El oficial falleció en el lugar. Fue un ataque planeado, no fortuito. Un video filtrado muestra cómo los involucrados utilizaron tres vehículos para cerrarle el paso, luego se bajaron y le dispararon, todo en cuestión de segundos. Se espera que las imágenes sirvan para ubicar a los sospechosos.
Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lamentó el asesinato del oficial y aseguró trabajo coordinado para dar con los responsables. Las palabras se repiten dos semanas después de que un custodio del Cereso 1, al que también estaba asignado Nicolás G., fue asesinado.
No se ha establecido un nexo directo entre dos ataques. Puede ser una terrible coincidencia o eslabones de una cadena criminal extensa. Llama la atención que sean oficiales del mismo sistema, con días de diferencia en sus muertes y tras un movimiento que generó mucha expectación.
Antes del primer asesinato hubo traslado de reos del Cereso 1 a penales federales en otros estados. Tampoco está claro si eso desencadenó los ataques, y probablemente la Fiscalía a cargo de César Jáuregui no quiera informarlo por lo delicado de la situación y sus consecuencias.
Ahora dos familias lloran la partida de elementos del Sistema Penitenciario en búsqueda de respuestas de las autoridades. El trabajo se ha duplicado y si pronto no se ven resultados, la presión aumentará. Todo esto mientras se desarrolla un proceso electoral muy relevante.
Hablando de ese proceso, las autoridades estatales han analizado el ambiente de seguridad para las personas candidatas y han descartado riesgos importantes para ellas. Tanto Loya como Jáuregui han dado seguimiento al proceso y su desarrollo, así como las posibles amenazas para los abanderados.
Obviamente lo que ocurre en Chihuahua no es lo mismo que en Michoacán, Guerrero o Chiapas. Las dinámicas de seguridad son diferentes, al igual que las estrategias de las autoridades para evitar que los grupos del crimen afecten las elecciones. Los resultados son cuestionables.
Sin embargo, para el alcalde Cruz Pérez Cuéllar la situación es distinta. En su caso, al solicitar licencia para separarse del cargo, sigue siendo un funcionario, pero no ejerce momentáneamente. Esa peculiaridad le da la oportunidad de tener personal de seguridad cerca y así será durante la campaña.
El funcionario tampoco ve un riesgo alto para las personas candidatas, sin embargo, eso no significa que se deban tomar precauciones. Se espera que las campañas y la jornada electoral se desarrollen sin incidentes.
La cortesía y profesionalismo quedaron demostrados con el inicio de la entrega recepción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El nuevo presidente Javier González Mocken se reunió con el saliente Néstor Armendáriz, quienes dialogaron sobre los casos pendientes.
La llegada de Mocken fue ampliamente cuestionada por los legisladores de Morena. Desde luego, ellos no votaron por el antiguo alcalde de Juárez, pero la mayoría se impuso y ahora está en el proceso de conformar un nuevo plan de trabajo dentro del organismo defensor de Derechos Humanos.
Precisamente el lunes, unos padres de familia clausuraron simbólicamente las instalaciones en Juárez para demandar acciones por una queja que pusieron contra el Cobach hace casi un año. Seguramente será uno de los casos prioritarios para la nueva administración.
