YA QUEDARON al parecer, definidos los espacios que ocuparán los chihuahuenses en la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, en donde habrán varios que repiten por los próximos tres años.
Luego de que el pasado martes el Instituto Nacional Electoral diera a conocer los anteproyectos para la asignación de espacios de representación proporcional tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.
Chihuahua se compone por nueve distritos electorales federales, de los cuales, la alianza Morena-PT-Verde alcanzó cinco espacios con Daniel Murguía en el D1 (Juárez), Maité Vargas en el D2 (Juárez); Lilia Aguilar en el D3 (Juárez), Alejandro Pérez Cuéllar en el D4 (Juárez) y Nono Corral en el D6 (Cuauhtémoc). A estos, habrá que sumarle los pluris Armando Cabada y Greycy Marian Durán Alarcón.
De la alianza PAN-PRI-PRD, los que alcanzaron curul por medio de los votos fueron ‘Tony’ Meléndez en el D5 (Delicias), ‘Manque’ Granados en el D6 (Chihuahua), Alex Domínguez Domínguez en el D8 (Chihuahua) y Noel Chávez en el D9 (Parral). A estos, hay que agregarle la representación proporcional de Carmen Rocío González del PAN y ‘Chela’ Ortiz del PRI.
En tanto que Movimiento Ciudadano tendrá representación con Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya. Así es como quedarían las posiciones chihuahuenses en la Cámara Baja.
Por unanimidad, los curules quedaron aprobados, otorgando así el 72.8 por ciento de la representación a Morena-PT-Verde. Se espera que este viernes sea discutido y aprobado el dictamen por el Consejo General del INE.
DONDE todavía no se llega a un arreglo es en el Poder Judicial de la Federación, pues el paro de labores en las distintas sedes de la República permanece. En el estado de Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, no es la excepción, pues los trabajadores del tribunal esperan que el tema de la reforma judicial no pase.
A este tema, se ha sumado el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), órgano que se ha manifestado en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta del Poder Judicial local, Myriam Hernández Acosta, ha señalado que Chihuahua y México necesitan un contrapeso efectivo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando que la reforma propuesta “amenaza” con desestabilizar este equilibrio.
Hernández Acosta ha subrayado la necesidad de revisiones y mejoras constantes en el sistema judicial, pero insiste en que estas deben realizarse mediante un proceso de consulta amplia que involucre a diversos actores sociales.
Algunos de los cambios propuestos por López Obrador contemplan una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, pueda garantizar eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal. Además, propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la sustitución del Consejo de Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.
También propone bajar el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes; reducir el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar las dos salas, así la corte sólo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.
Además, se propone eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras. En tanto que sus remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción.
En cuanto a la elección de ministros, magistrados y jueces, se establece que en 2025, se realizará una elección extraordinaria para renovar todos estos puestos del Poder Judicial. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
Dentro de las manifestaciones que se han venido dando a lo largo de la semana, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han indicado que en lugar de fortalecer la independencia del Poder Judicial, los cambios propuestos parecen dirigidos a consolidar el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial, lo que podría socavar la imparcialidad y objetividad que deben caracterizar a este poder del Estado.
La presidenta del TSJ ha manifestado su solidaridad con los jueces federales que defienden la independencia judicial y ha reiterado la importancia de proteger este principio como un pilar fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia.
SI NO HAY CAMBIOS, todo parece indicar que la próxima semana, entre lunes y martes, se definirá quién estará al frente de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua para el trienio 2024-2027.
La decisión, será resultado de una elección interna entre los integrantes del grupo parlamentario, lo que ha generado expectativas y especulaciones sobre el futuro liderazgo de la bancada guinda.
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, actual líder de Morena en el Congreso, ha expresado su confianza en que cualquiera de los integrantes de la bancada podría desempeñar un excelente papel en la coordinación. Y eso sí, Estrada no descarta la posibilidad de repetir en el cargo si sus compañeros así lo deciden.
Una de las figuras que ha surgido como posible candidata a la coordinación es Brenda Francisca Ríos Prieto, ex líder y diputada del Partido Verde, recientemente electa en la primera posición de las pluris por Morena al Congreso del Estado. Estrada Sotelo ha señalado que Ríos Prieto es parte del movimiento y, por lo tanto, podría asumir el liderazgo del grupo parlamentario.
LA ELEGIBILIDAD de Javier Corral sigue poniéndose en duda por parte del Partido Acción Nacional (PAN), organismo que por cierto ya presentó una solicitud formal ante el INE para declarar al ex gobernador de Chihuahua como una persona inelegible para ocupar el cargo de senador de la República.
Esta acción se deriva de una orden de aprehensión emitida por un juzgado federal, que acusa a Corral de peculado agravado por un monto de 98.6 millones de pesos contra el erario estatal.
La petición del PAN fue formalizada durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. En esta sesión, el PAN argumentó que la situación legal de Corral lo hace inelegible para ocupar un escaño en el Senado.
El caso de Corral ha generado una gran controversia. El 14 de agosto, el exgobernador fue localizado en un restaurante de la Ciudad de México por agentes ministeriales y un ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Sin embargo, la detención no se llevó a cabo debido a la intervención de Ulises Lara, titular de la fiscalía de la CDMX.
Días después, Corral presentó una denuncia contra las autoridades estatales por el presunto delito de retención ilegal de la libertad en grado de tentativa. Esta semana, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció otras denuncias en el mismo sentido, lo que añade más capas de complejidad a este caso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado el intento de detención de Corral como una venganza política, argumentando que se trata de una represalia por el combate a la corrupción que Corral llevó a cabo durante su mandato como gobernador.
La solicitud del PAN para declarar la inelegibilidad de Javier Corral es un caso que continuará desarrollándose y que debe ser observado de cerca.
POR CIERTO, quien anduvo por la CDMX dándole precisamentente seguimiento al caso del ex gobernador, Javier Corral, fue el fiscal anticorrupción de Chihuahua,
Abelardo "El Bayo" Valenzuela acudió hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, para interponer una denuncia por delitos contra la impartición de justicia, cometidos por servidores públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Lo anterior, derivado de los probables hechos delictivos que se suscitaron en contra del personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua el pasado 14 de agosto, cuando se efectuaba el cumplimiento de un mandato judicial para llevar ante el juez de control al ex gobernador, hoy evadido de la justicia.
A Corral se le acusa de peculado con penalidad agravada en número de dos, por un desvío de 98 millones 600 mil pesos.
La presentación de estas denuncias demuestra el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua con la transparencia y la justicia. Es fundamental que se investiguen estos hechos de manera objetiva e imparcial, ajena a influencias políticas, para que los responsables respondan por sus acciones.
La corrupción es un cáncer que debilita las instituciones y socava la confianza ciudadana. La lucha contra ella requiere de determinación y cooperación entre las autoridades.
