JUÁREZ mantiene una especial atención ante la posibilidad de una nueva oleada migratoria derivada de las políticas de deportación implementadas por el gobierno estadounidense.
Tan sólo, este jueves, autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron en el auditorio de Protección Civil Municipal para afinar las estrategias y coordinar las acciones que permitan atender de manera digna y eficiente a los connacionales que pudieran ser repatriados a través de esta frontera.
La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, así como por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. El principal objetivo fue establecer un plan de respuesta conjunta, sentando las bases para enfrentar una eventual crisis migratoria que, aunque aún no se materializa, mantiene a las autoridades en alerta.
El presidente municipal destacó la inédita coordinación entre los tres niveles de gobierno, calificándola como una acción sin precedentes. El centro de atención instalado en el terreno conocido como El Punto, que tendrá capacidad para albergar a 2 mil 500 personas en su fase inicial, representa un esfuerzo conjunto orientado a brindar refugio y asistencia básica a los repatriados.
Por su parte, la secretaria Montiel aclaró que, hasta ahora, las deportaciones registradas en la frontera norte no constituyen un flujo extraordinario, manteniéndose dentro de los rangos habituales de los últimos años. Sin embargo, las autoridades señalaron que están preparadas para actuar en caso de un cambio drástico en la dinámica migratoria.
Tan sólo la noche del lunes 20 de enero se reportó el ingreso de 64 personas de acuerdo con las dos aportados por el Consejo Estatal de Población (Coespo); sin embargo, reportes periodísticos indicaron que los días martes 21 y miércoles 22, también se presentaron ingresos de personas portadas por esta frontera, llegando por momentos a las casi 80 personas por día.
La gobernadora Campos Galván enfatizó la importancia de garantizar tanto la seguridad de los migrantes como la de los juarenses. En su intervención, subrayó el compromiso del estado en brindar apoyo integral a través de áreas como salud, seguridad, dotación de agua y coordinación con la iniciativa privada, asegurando que los derechos y la dignidad de los repatriados sean una prioridad.
Aunque los registros actuales de deportaciones no representan un aumento significativo, las autoridades han tomado con seriedad los antecedentes y la incertidumbre generada por la política migratoria de Estados Unidos.
El compromiso conjunto de los tres niveles de gobierno es clave en este esfuerzo, pero también lo es la inclusión de la sociedad civil y los organismos internacionales en la respuesta. El reto de garantizar un trato digno y humano a los migrantes requiere no solo de infraestructura, sino también de sensibilidad, recursos y voluntad política.
Ciudad Juárez no solo es una frontera; es un punto de encuentro para miles de historias de esperanza, lucha y resiliencia, por lo que hay que demostrar que más allá de las políticas, existe una verdadera responsabilidad compartida de actuar con humanidad y solidaridad frente a los desafíos migratorios.
ESTE VIERNES concluye el plazo para inscribirse en la convocatoria de evaluación y selección de aspirantes que ocuparán los cargos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua para el periodo 2024-2025.
El proceso se lleva a cabo con miras a homologar el calendario de renovación del Poder Judicial Federal. La convocatoria establece la elección de 150 magistrados y magistradas, divididos equitativamente entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como de 270 jueces y juezas en los juzgados de Primera Instancia y Menores.
La intención del ejercicio es garantizar que las personas elegidas sean competentes, honestas y con una trayectoria jurídica sólida. Para ello, se han definido requisitos “estrictos”, entre los que destacan el cumplimiento de méritos académicos, experiencia profesional, honestidad y buena fama pública. Además, se exige constancia de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.
La metodología para evaluar a los aspirantes espera asegurar que la selección sea basada en méritos. Los Comités de Evaluación de cada Poder del Estado otorgarán una ponderación de 40 puntos a los méritos académicos, 30 a la experiencia profesional y 30 a la honestidad y buena fama pública.
Otro aspecto clave del proceso es que la integración de los listados finales asegurará una representación equitativa entre hombres y mujeres, reafirmando el compromiso del estado con la igualdad en todos los niveles de gobierno.
El proceso culminará con la insaculación pública para definir a los candidatos finales que serán presentados ante el Congreso del Estado. Cada listado ya aprobado, se enviará al Legislativo a más tardar el 21 de febrero del 2025 a la JUCOPO y se presentará ante el Pleno, antes del 24 de febrero del 2025 para su aprobación.
Chihuahua está frente a un momento histórico para fortalecer la confianza en su sistema judicial. Hoy más que nunca, es vital garantizar que los juzgadores elegidos cumplan con los más altos estándares éticos y profesionales, para que Chihuahua avance, de lo contrario, la tan peleada y discutida reforma, podría verse como un fracaso.
LA VIOLENCIA que ha marcado a Chihuahua en los últimos años ha dejado cicatrices profundas en su gente y su territorio. Desde el fatídico "jueves negro" en Ciudad Juárez, que cobró la vida de inocentes y generó pánico en la población, hasta los desplazamientos forzados en Guadalupe y Calvo, y muchos otros escenarios que bien reflejan una realidad que enfrenta la entidad y que claro que exige respuestas contundentes.
Por ello, la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de abrir una mesa técnica para analizar la tipificación del “narcoterrorismo” como delito en el Código Penal local es un paso importante para garantizar penas adecuadas para quienes recurren a estas acciones para infundir el “terror”.
Reconocer esta forma de violencia con su verdadero nombre no solo es un acto simbólico, sino también una herramienta jurídica para enfrentarla con la severidad que requiere.
La propuesta presentada por el diputado Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, busca establecer penas de 15 a 40 años de prisión para quienes, mediante actos de violencia, busquen causar temor, alarmar a la población o presionar a las autoridades. Este planteamiento no solo responde a los horrores del pasado, sino que busca prevenir nuevas tragedias en el futuro. Como bien señaló el legislador, a cada comerciante extorsionado, a cada desaparecido y a cada agente caído en cumplimiento de su deber se les debe esta reforma.
El “narcoterrorismo” no es solo un problema de delincuencia organizada; es una amenaza directa a la seguridad, la paz y el tejido social de Chihuahua. Los grupos criminales no solo buscan enriquecerse ilícitamente, sino que recurren al terror como un arma para consolidar su poder y someter incluso a comunidades enteras. Sin una legislación adecuada, estos actos de barbarie quedan impunes, perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener fin.
El establecimiento de mesas técnicas el próximo 31 de enero, con la participación de especialistas en la materia, es una oportunidad para analizar a fondo esta reforma y asegurar que sea sólida, efectiva y respetuosa de los derechos humanos. No se trata solo de endurecer penas, sino de construir un marco jurídico que permita enfrentar el “narcoterrorismo” desde todas sus aristas, incluyendo la prevención, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
Además, esta reforma debe ir acompañada de un compromiso integral por parte del estado y la sociedad.
Nombrar al “narcoterrorismo” es necesario para dar visibilidad a las víctimas, pero también para exigir justicia y trazar una ruta hacia la paz. Chihuahua no puede permitir que el miedo defina su destino.
APENAS se venía arreglando el conflicto de los productores chihuahuenses por la falta de pagos correspondientes a apoyos del Gobierno Federal, cuando ¿qué cree?, ya salió otro llamado, esta vez por parte del sector lechero.
Ayer, se llevó a cabo un bloqueo de la carretera federal 45 por parte de productores lecheros de Delicias, Meoqui y Rosales por lapso cercano a dos horas. La manifestación de una crisis profunda que ha puesto en jaque a cientos de familias del sector, quienes ven amenazada su principal fuente de sustento debido al incumplimiento de pagos por parte de Liconsa y la falta de políticas que garanticen condiciones justas en el mercado.
Según refieren los afectados, se trata de un adeudo de tres semanas del subsidio de 2.45 pesos por litro, indispensable para alcanzar el precio de garantía de 11.05 pesos, lo que ha generado un ambiente de desesperación entre los productores.
A pesar de los llamados al diálogo por parte de las autoridades, los productores han señalado que los compromisos asumidos previamente no se han traducido en soluciones concretas. La desconfianza hacia las instituciones ha llevado a medidas drásticas, como el cierre de vialidades, para visibilizar una problemática que parece ser ignorada desde las oficinas centrales de Liconsa y otras instancias federales.
La falta de pago no es el único factor que ha encendido las alarmas. Los productores señalan que enfrentan una competencia desigual frente a las importaciones de leche en polvo desde Estados Unidos, que ingresan al país bajo los términos del Tratado de Libre Comercio, con precios bajos impulsados por subsidios gubernamentales en infraestructura, maquinaria y créditos accesibles.
El líder productor Octavio Magallanes Natividad señaló que la falta de soberanía alimentaria es alarmante. Si bien los productores estarían en condiciones de ofrecer leche a precios competitivos en el mercado nacional, la imposibilidad de industrializar su producto y las restricciones del mercado los colocan en una posición de desventaja frente a las grandes cadenas comerciales y los productos importados.
Ante este escenario, los diputados Saúl Mireles e Ismael Pérez Pavía coincidieron en que la crisis es el resultado del abandono sistemático del gobierno federal hacia los productores, por lo que exigieron no solo el pago puntual del subsidio y el precio de garantía, sino también la implementación de políticas estructurales que fortalezcan al sector y lo protejan frente a las dinámicas del mercado internacional.
Finalmente la carretera fue liberada ya por la tarde, según Magallanes Natividad, se llegaron a acuerdos con representantes del Gobierno Federal por lo que estarán viajando a la Ciudad de México el próximo miércoles para negociar y presentar otras peticiones.
Sin embargo, adelantaron que se quedarán en manifestación hasta que sea dispersado el recurso a los cientos de productores afectados.
