LUEGO de casi tres meses, se ha reanudado la relación institucional entre Municipio y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez, como parte del compromiso por trabajar en favor de la frontera.
Tras una reunión entre el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar y el presidente del organismo, Iván Pérez Ruiz, ambas partes acordaron retomar el diálogo y coordinar esfuerzos para impulsar al sector empresarial y comercial de la ciudad.
La relación se retoma, luego de que el pasado 15 de enero, el alcalde emitiera una carta dirigida al presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Fabián Octavio de la Torre Stéfano, en donde denunciaba la actuación de la entonces presidenta local del organismo, las cuales las calificó de “acciones arbitrarias y tendenciosas que no buscaban el beneficio de los agremiados”.
Ahora, con el nuevo liderazgo en Canaco, se busca fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la economía local.
Uno de los acuerdos inmediatos fue establecer la fecha para la edición número 25 del Festival del Tequila y el Mariachi, evento que regresa tras su suspensión en 2024. Esta celebración no solo representa una oportunidad para fomentar el comercio y el turismo, sino también para enaltecer las raíces culturales de Ciudad Juárez.
Además del festival, el encuentro también abordó medidas concretas como la gestión de descuentos en trámites y multas municipales, una acción que pretende aliviar cargas a los negocios juarenses y fomentar la regularización de sus operaciones.
LAS DENUNCIAS de abuso sexual en al menos cinco guarderías de Ciudad Juárez han dejado al descubierto una crisis de confianza en los espacios que deberían ser más seguros para la infancia. Con más de 16 menores afectados y dos personas detenidas, las investigaciones en curso apuntan directamente a fallas graves en los sistemas de control, supervisión y selección del personal en centros de cuidado infantil.
El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó la detención de dos personas que laboraban en la guardería “Mi Mundo de Colores” y detalló que ya se está trabajando con los testimonios de los menores —a los que describió como difícilmente manipulables— y entrevistas con los padres de familia. Aseguró que se mantiene la intervención en otras cuatro guarderías, aunque explicó que en el caso del centro del ISSSTE no pueden intervenir directamente al tratarse de una instancia federal. El fiscal también afirmó que estarán atentos a cada uno de los casos denunciados para garantizar justicia a los menores y sus familias.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, aseguró que todo el personal de las guarderías bajo investigación será reevaluado psicométricamente para evitar la repetición de hechos como estos. Explicó que las evaluaciones ya forman parte del proceso de ingreso de personal, pero en esta ocasión se repetirán para brindar certeza a los padres. Además, señaló que se les mostrarán los videos de las cámaras de seguridad para mantenerlos informados sobre lo sucedido. Loera Talamantes también mencionó que solo la guardería “Mi Mundo de Colores” fue suspendida oficialmente, mientras que las demás —bajo el esquema del IMSS— cerraron de manera voluntaria y preventiva.
La respuesta institucional incluye medidas necesarias, pero que debieron estar garantizadas desde el principio. Las evaluaciones previas a la contratación, los seguimientos periódicos y la supervisión efectiva no pueden ser actos extraordinarios, sino parte del protocolo mínimo en cualquier centro de atención a la niñez.
Los padres de familia tienen derecho a saber quién cuida a sus hijos y bajo qué condiciones. Nada justifica que un niño o niña sea víctima de violencia sexual en un espacio que debería resguardar su integridad.
Las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias y traducirse no solo en justicia, sino en cambios estructurales. Porque proteger a la infancia no es una opción, es un deber que no admite postergaciones.
COMO PARTE de su agenda por la CDMX, el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez participó en una reunión nacional con el presidente del CEN del PAN, Jorge Romero Herrera, donde se definieron los ejes estratégicos que los congresos locales del país impulsarán rumbo al 2027.
El Partido Acción Nacional ha comenzado a trazar el camino rumbo al 2027 y busca consolidar su presencia, impulsando desde los congresos locales, estrategias y proyectos centrados en la defensa de la libertad, la salud, la vida y la familia.
El diputado Chávez, hizo un llamado a mantener la unidad del partido y alinear los esfuerzos legislativos en todos los niveles, enfocándose en los problemas que afectan directamente a las familias mexicanas: inseguridad, pobreza, deficiencias en el sistema de salud y tensiones económicas como los aranceles estadounidenses.
De acuerdo con el legislador, desde el CEN se ha marcado al estado de Chihuahua como una prioridad. En la reunión también participaron figuras del panismo nacional, como el senador Ricardo Anaya Cortés, el diputado José Elías Lixa Abimerhi y la secretaria general Karen Michel González Márquez.
EL PRI en Chihuahua está en proceso de presentar una denuncia formal contra la senadora Andrea Chávez, tras detectar presuntas irregularidades en su manejo de donaciones y la posible violación de la ley.
De acuerdo con el diputado federal y presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, en primer lugar, se cuestiona la legalidad de las ambulancias y caravanas que la senadora ha ofrecido como parte de su trabajo político. A través de medios nacionales, Chávez declaró públicamente que estos bienes son donaciones, lo que obliga a revisar si las mismas fueron correctamente declaradas ante el SAT y si cumplen con las disposiciones fiscales pertinentes.
Domínguez ha dicho que el Código de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que todo servidor público debe reportar las donaciones recibidas, ya sea en su declaración fiscal o en su declaración patrimonial. En este caso, el PRI solicita que el SAT confirme si las donaciones de la senadora están registradas como corresponde, ya que cualquier omisión en este proceso podría constituir una violación grave a la ley. Además, si las agrupaciones que apoyan a la senadora no tienen convenios establecidos y transparentes, también estaríamos ante una infracción de la ley.
El partido, también hace referencia a una posible violación de la Ley General de Salud, debido a que las unidades médicas que operan en las caravanas de la senadora podrían estar prestando servicios sin la documentación y registros adecuados. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 004, todo consultorio debe levantar un expediente clínico que contenga datos confidenciales, así como la debida autorización sanitaria. Sin este cumplimiento, los responsables estarían expuestos a sanciones, que van desde la suspensión de su cédula profesional hasta la revocación de permisos para operar dentro del país.
Tal y como lo hiciera el Partido Acción Nacional (PAN) la semana pasada, ahora el PRI exige que se lleve a cabo una investigación rigurosa, tanto del personal involucrado como de la propia senadora, para esclarecer si se ha incurrido en actos de enriquecimiento ilícito o violación de la confidencialidad de los datos de los beneficiarios de los servicios.
Domímguez aseguró que el partido está trabajando en una iniciativa legal que se presentará en la Cámara de Diputados, buscando fortalecer las leyes y asegurar que las donaciones y actividades de los servidores públicos se lleven a cabo de manera transparente y dentro del marco de la ley.
