Los especialistas en el estudio de las Fuerzas Armadas, académicos, políticos de la oposición, periodistas, líderes religiosos, líderes empresariales, líderes sociales, amplios sectores de la población y también de la comunidad internacional se preguntan sobre cuál será el papel de las Fuerzas Armadas a partir del 1 de octubre de 2024.
La pregunta surge ante la constatación del inmenso poder que el Ejército y la Marina han adquirido en los años que lleva este gobierno. El presidente López Obrador, su comandante en jefe, se ha dedicado a darles nuevas funciones y también dotarlos de empresas y hacerlos propietarios privados.
El Ejército y la Marina se han convertido en instituciones fundamentales para llevar adelante todos los proyectos que de manera personal interesan al presidente. Son sus operadores. Y los titulares de esas dependencias obedecen ciegamente a las órdenes de su comandante.
A la pregunta anterior se añade la de si el Ejército y la Marina en el futuro habrán de renunciar al poder que ahora tienen, al papel fundamental que juegan en la administración pública y a los privilegios que han adquirido en esta administración.
La militarización de la seguridad pública y de la administración pública que impulsa el presidente, ha debilitado la estructura institucional del poder civil y fortalecido la militar. Él, que inicia este proceso, no ha vivido todavía la limitación que ha generado, pero muy seguramente cualquiera que sea su sucesora sí.
Las respuestas a las preguntas planteadas pueden parecer obvias. Si gana la presidencia de la República la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, que repite mecánicamente lo que dice el presidente, todo seguiría igual e incluso podría seguir avanzando la militarización. Sería parte del proyecto de la 4T.
Y de ganar la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, hermana de un militar retirado, ésta frenaría el proceso de la militarización, para luego iniciar su desmantelamiento y darse a la tarea del fortalecimiento de la estructura institucional civil tan golpeada por López Obrador.
Surgen, con todo, otras preguntas. Ya por muchas décadas, el presidente electo ha tomado la decisión de elegir al secretario de la Defensa. Los militares no intervienen en el nombramiento. Sí lo han hecho de manera indirecta al ser ellos quienes deciden los que pueden llegar a ser generales de división que es la única condición para poder ser nombrado secretario.
¿Después de la elección de 2024 seguirá esta práctica? ¿Con el poder que ahora tiene la cúpula militar dejará que la presidenta electa elija al secretario o ellos lo impondrán? No son preguntas retóricas y surgen a partir de la nueva realidad del poder de los militares y marinos. Hay muchas más preguntas que plantea el poder del que ahora gozan el Ejército y la Armada y las cúpulas que las dirigen. En próximos artículos seguiremos sobre el tema.
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