El impacto económico de la creciente violencia en el país representa el 19.8% del Producto Interno Bruto (PIB), según el reporte Índice de Paz México 2024, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Para dimensionar lo que significa esta cifra decir que es una cantidad cinco y seis veces mayor a la que se destina a educación y salud respectivamente.
Los homicidios representan el 42.3% del impacto económico de la violencia. A nivel per cápita implica un costo de 37 430 pesos, que es más del doble del salario medio mensual de un trabajador mexicano.
Frente a estos números el gasto en seguridad y justicia solo alcanza el 0.65% del PIB, que es menos de la mitad del promedio que destinan los países de América Latina.
En México de 2015 a 2023, parte del gobierno de Peña Nieto, y todo lo que va del gobierno de López Obrador, el gasto en seguridad pública disminuyó en 49.9% y en el sistema judicial en 9.1%.
Un dato, entre otros muchos, que muestra el nivel de atraso del país es que tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 000 habitantes, que es solo una cuarta parte del promedio mundial.
De acuerdo al IEP, el impacto económico de la violencia se define como el gasto y efecto económico relacionado con contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia. Incluye costos directos e indirectos.
Y contempla también un efecto multiplicador que representa los beneficios económicos que se habrían generado si todos los gastos se hubieran invertido en alternativas productivas, que construyen nueva riqueza.
En los últimos nueve años el impacto económico de la violencia se ha incrementado en 21 de las 32 entidades federativas. Esto explica el por qué ha crecido a nivel nacional en 13.6% en 2023 con relación a 2015.
El índice de Paz en México se mide en una escala que va del 0 al 5. Se hace cada dos años. Entre más bajas sea la calificación hay un mayor nivel de paz. A nivel nacional en 2015 el índice fue de 2.50; en 2017, de 2.837; en 2019, de 3.10; en 2021, de 2.97 y en 2023, de 2.91.
En la medición de 2023, los estados con el peor índice son Colima con 4.74; Baja California, 4.42; Morelos, 4.13; Guanajuato, 4.05; Zacatecas, 3.79; Quintana Roo, 3.67; Nuevo León, 3.62 y Chihuahua, 3.57.
Y los estados con el mejor índice son Yucatán con 1.3; Tlaxcala, 1.60; Chiapas, 1.73; Durango, 1.96; Coahuila, 2.07 y Nayarit, 2.06. En la segunda parte de 2023 y en lo que va de 2024 en Chiapas los niveles de violencia se han incrementado de manera dramática. El índice seguro se ha modificado.
Para poder enfrentar los niveles de violencia que tiene el país, los más altos de su historia, y fortalecer el débil sistema de justicia, se requiere mucha mayor inversión, pero esta, de manera inexplicable, se ha reducido de manera considerable en los últimos años.
Las prioridades en política pública se miden por el monto de los recursos que se destinan y es claro que para este gobierno la seguridad y el sistema de justicia no están dentro de sus prioridades. Habrá que ver el Índice de Paz México 2026.