POR LA FRONTERA dejó verse el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, con la intención obviamente de supervisar los avances que se tienen en el nuevo hospital regional en los terrenos del ex Hipódromo.
Hay que recordar que el hospital representa no solo una inversión económica significativa de 2 mil 740 millones de pesos, sino un esfuerzo por mejorar la calidad de vida y la salud de más de 432 mil derechohabientes.
El HGR No. 2 comenzó operaciones el pasado 12 de agosto con servicios esenciales como Consulta Externa de Especialidades, Farmacia, Laboratorio y Urgencias. A través de este hospital, los derechohabientes de Ciudad Juárez tendrán acceso a 41 especialidades, desde Oncología Médica hasta Cardiología Pediátrica y Psiquiatría, logrando una atención integral y de alta calidad.
La visita de Robledo también pone en evidencia el reto que persiste en la distribución equitativa de los recursos y servicios médicos en México. Ciudad Juárez, al igual que muchas otras regiones fronterizas, ha sido tradicionalmente una zona con grandes carencias en infraestructura de salud. Lo que Gobierno Federal busca con este hospital, es dar precisamente un paso adelante en la reducción de esa brecha.
En su recorrido, Robledo también visitó la Guardería Infantil Loon A.C., donde se brindan servicios a los hijos de los derechohabientes.
Lo que llama la atención es la visita tan discreta que tuvo el funcionario federal, quien hasta se dio oportunidad de mandar una invitación vía redes sociales a inscribirse a la convocatoria del Premio Nacional ELSSA 2024 y también para felicitar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños.
La rehabilitación de dicho hospital fue de hecho uno de los proyectos realizados durante el sexenio de López Obrador y en tan solo unos meses, ya se han brindado más de 8 mil 500 consultas en especialidades críticas y se han realizado 361 estudios médicos, además de 188 atenciones en Urgencias, según lo informado por el IMSS.
Ahora el reto que se enfrenta es en cumplir con la plantilla laboral, que estima superará los 2 mil trabajadores, incluyendo 434 médicos especialistas y 863 personas de enfermería.
LA APERTURA de la última de las 350 guarderías infantiles prometidas en la entidad marca sin duda un logro significativo en la política social y de desarrollo humano del Gobierno del Estado.
El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, destacó que este nuevo espacio estaría por abrirse antes de terminar el año, gracias a las gestiones e inversión dirigidas a atender a la mayor cantidad de menores en la entidad.
Loera agregó que estos centros son fundamentales para garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil de calidad para miles de familias, especialmente en áreas vulnerables y de difícil acceso.
Las guarderías representan un apoyo importante para los padres y madres que trabajan y necesitan opciones de cuidado seguro y educativo para sus hijos. De acuerdo con las estimaciones de la SDHyBC, el impacto se amplifica al considerar que en todo el estado ya se atienden a más de 9 mil 500 menores.
Además, resaltó la reciente apertura de una guardería en Guachochi, una región donde las opciones de apoyo infantil son limitadas, por lo que la instalación de un espacio como estos se convierte en un recurso valioso que brinda atención integral a los menores de la zona, respondiendo a una necesidad histórica de servicios en áreas serranas.
Además, la colaboración entre Loera Talamantes y María Eugenia Álvarez, del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), pone de relieve el trabajo coordinado para atender a este sector de la población.
EN MEDIO del periodo de transición en el gobierno federal en el vecino país, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reiteró que la frontera sigue y seguirá cerrada al paso ilegal de migrantes de aquí hasta después de enero que entre en vigor la administración de Donald Trump.
En este contexto, el DHS alertó sobre campañas de desinformación en redes sociales, impulsadas por grupos criminales, que incitan a los migrantes a cruzar antes del próximo 20 de enero, cuando asuma la presidencia Donald Trump. La narrativa manipulada por estos grupos busca aprovechar el cambio de administración para atraer a migrantes hacia cruces irregulares, generando falsas expectativas y poniendo en peligro sus vidas.
Luis Miranda, subsecretario del DHS, enfatizó que “no hay un cambio inmediato en las leyes y políticas migratorias basado en la elección,” y explicó que las leyes contra el cruce irregular se mantienen firmes. Este recordatorio resulta crucial, ya que, tras la eliminación del “Título 42” por la administración de Joe Biden y Kamala Harris en mayo pasado, se reinstauró el “Título 8”, que endurece las sanciones migratorias, imponiendo deportaciones expeditas y hasta cinco años de restricción para reingresar al país. Sin embargo, las redes sociales y las falsas promesas siguen siendo un desafío, lo cual requiere mayor esfuerzo por parte de los gobiernos para combatir la manipulación informativa.
Ante esta situación, la aplicación CBP One sigue siendo una herramienta válida para quienes buscan un proceso migratorio ordenado y libre de consecuencias legales. Sin embargo, Miranda puntualiza que esta aplicación no garantiza el acceso, sino un procedimiento estructurado que reduce los riesgos para los migrantes y evita que caigan en manos de traficantes.
De acuerdo con la estadística de la Oficina de Aduanas y Protección (CBP) en El Paso, se reporta la detención y deportación de más de 256 mil migrantes en lo que va de 2024, lo que revela el nivel de presión que enfrenta la frontera y la necesidad de estrategias migratorias claras y de largo plazo en ambos lados de la línea fronteriza.
LA CREACIÓN del “Protocolo para la atención de personas migrantes en situación de vulnerabilidad víctimas de delito y en conflicto con la legislación penal” marca un avance en cuanto al respeto y la protección de los derechos de quienes se encuentran en situación de movilidad en Ciudad Juárez.
Este protocolo, desarrollado en colaboración entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), responde a una necesidad urgente de salvaguardar a una población expuesta a múltiples formas de vulnerabilidad y riesgo.
Con frecuencia, migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, terminan siendo víctimas de delitos como secuestro, robo y violencia sexual durante su trayecto. El protocolo representa no solo un mecanismo de protección, sino una clara declaración de intenciones: brindar una atención digna y equitativa a quienes, en su tránsito o estancia, se enfrentan a situaciones de abuso o conflicto con la ley.
Uno de los aspectos más destacados de este protocolo es la claridad con la que establece responsabilidades para diversas instancias, desde la Agencia Estatal de Investigación hasta la Policía Municipal y el Ministerio Público. Esta precisión es clave para ofrecer una respuesta rápida, eficaz y respetuosa o al menos, eso es lo que se esperaría.
En un contexto donde la migración ha sido motivo de polémica, el trabajo conjunto entre la FGE y la OIM debe no solo garantizar el respaldo técnico, sino permitir que se replique este protocolo en otros estados de México.
Con esta medida, Ciudad Juárez se convierte en un referente de atención responsable, que reconoce la humanidad de quienes buscan un futuro mejor y necesitan ser protegidos en su camino.
En la presentación, estuvieron presentes el fiscal de distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas y Dana Graber Ladek, jefa de misión de OIM en México. Además, como participantes del mismo se suman Guillermo Arturo Zuany Portillo, director general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); Norma Librada Ledezma Ortega, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua; Enrique Valenzuela Peralta, coordinador general del Consejo Estatal de Población; y Zulay Alaíd Abbud Esparza, titular de Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Ciudad Juárez.
