CADA VEZ más se busca que los conductores ‘abusones’ que se meten a la fila de los puentes internacionales, sin el más mínimo respeto por el tiempo de los demás, tengan sanciones realmente ejemplares. En ese sentido, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes presentó ante el Congreso del Estado una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Cabildo de Juárez a modificar el Reglamento de Vialidad y Tránsito para poner orden de una vez por todas al problema.
La problemática de conductores que invaden las filas de manera indebida no solo genera retrasos y frustración, sino que también escala en ocasiones a enfrentamientos y violencia entre automovilistas.
Dicho exhorto fue aprobado por unanimidad en el Congreso del Estado, y ahora la legisladora deberá hacer cabildeo para impulsar la iniciativa en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez para que la propuesta avance de manera definitiva antes de que termine el año.
Modificar el artículo 88 del reglamento para sancionar de manera contundente a quienes cometan estas infracciones no es solo una medida de orden vial, sino una acción que busca devolver la paz y el respeto a los ciudadanos que diariamente enfrentan largas filas en los cruces fronterizos.
La propia María Antonieta detalló que desde el pasado martes, se reunió en las oficinas de la Presidencia Municipal con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, a quien entregó personalmente el exhorto aprobado por el Congreso y que de primera instancia pareciera que no tendría complicaciones para su implementación, dado que se ha mostrado interés por apoyar dicha iniciativa.
Sin embargo, la implementación será clave. Las sanciones deben aplicarse de manera equitativa y consistente, con mecanismos claros que eviten discrecionalidades. Además, será necesario acompañar la modificación del reglamento con campañas de concientización para que los ciudadanos comprendan la importancia de respetar estas normas y contribuir al orden en los cruces fronterizos.
POR CIERTO, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aprobó la Convocatoria para el proceso de la elección de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en un periodo de cinco años.
Este proceso, que se extenderá hasta abril de 2025, destaca por la incorporación de fases claras y abiertas, como la publicación de los perfiles de los aspirantes y la realización de entrevistas públicas.
La transparencia de este procedimiento es fundamental para garantizar la legitimidad de quien asuma la titularidad de este organismo clave. Además, es alentador observar que se haya establecido un cronograma amplio que permita una evaluación profunda de los candidatos, asegurando que la decisión final recaiga en una persona con la capacidad, experiencia y compromiso necesarios para liderar la CEDH en un entorno tan desafiante como el actual.
De acuerdo con lo aprobado por la JUCOPO, se estableció que la documentación para acreditar los requisitos y que se podrán encontrar en: www.congresochihuahua.gob.mx/micrositio/presidenciacedh/2024/ , se recibirán a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado y hasta las 15:00 horas del día viernes 28 de febrero del 2025.
El área técnica mencionó que una vez que se revise y valide la documentación, posterior al cierre del registro de inscripción, se publicará en el portal oficial del Congreso local, la lista de las personas inscritas, así como la versión pública del perfil curricular de quienes participen.
También, se estableció que la fase de entrevistas se realizará los días jueves 20 y viernes 21 de marzo del 2025 y que de ser necesario, por el número de participantes, la JUCOPO podrá habilitar los días necesarios para el buen desahogo de las mismas; el diseño del formato para el desarrollo y evaluación de las entrevistas, será notificado a las y los participantes a más tardar el 18 de marzo del mismo año, así como publicado en el portal de internet.
La inclusión de todas las fuerzas políticas en este nuevo órgano es un paso importante hacia la pluralidad y la representación equilibrada.
Asimismo, serán los integrantes de la JUCOPO, quienes elaborarán un acuerdo que contenga la terna a proponer al Pleno; el Pleno del Congreso procederá a la elección, a más tardar el día 30 de abril del 2025.
La aprobación de la convocatoria se da a poco más de tres meses del sensible fallecimiento de Javier González Mocken, quien apenas en abril de este año había sido electo como titular de la CEDH.
HASTA EL MOMENTO, Chihuahua no tiene un planteamiento para la salida del Pacto Fiscal, como lo ha propuesto Jalisco "ante el maltrato en la distribución del presupuesto", así lo comentó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.
De la Peña ha señalado que esperarán la evolución que tiene el caso de Jalisco, cuyo gobernador expuso en una conferencia de prensa la ruta que han seguido para lograr la salida ante lo que consideró el “castigo de la federación” en la dispersión de las finanzas entre las entidades.
El secretario aseguró que este planteamiento llamará la atención del Gobierno Federal y de las entidades que se mantienen como motores de la economía nacional y que han solicitado un trato más justo.
La reciente decisión de Jalisco de explorar su salida del Pacto Fiscal ha puesto sobre la mesa un debate largamente postergado en México: la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos federales.
Aunque Chihuahua, no contempla actualmente unirse a este planteamiento, el malestar en torno al trato desigual en la dispersión del presupuesto es un sentir compartido por varios estados.
El Pacto Fiscal, concebido para promover la solidaridad y el desarrollo equilibrado entre las entidades federativas, ha sido señalado por años como inequitativo. Estados que aportan significativamente al Producto Interno Bruto —como Chihuahua y Jalisco— perciben que reciben menos recursos en proporción a su contribución, lo que limita su capacidad para atender las demandas locales y fomentar su propio crecimiento.
Más allá de la salida del Pacto Fiscal, lo que la propuesta de Jalisco subraya es la urgencia de revisar el esquema actual de distribución y abrir un diálogo serio y constructivo para rediseñar un sistema que valore y recompense el esfuerzo económico de cada entidad, sin abandonar la responsabilidad de apoyar a las regiones más vulnerables.
Chihuahua, como bien lo señala De la Peña, observa con cautela los pasos de Jalisco, consciente de que el debate no solo llama la atención del Gobierno Federal, sino que también puede movilizar a otros estados con demandas similares.
UNA REDUCCIÓN de 200 millones de pesos es lo que el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha propuesto para su presupuesto para el siguiente año, según lo ha confirmado la presidenta del órgano, Yanko Durán Prieto.
La propuesta del IEE es una decisión que combina pragmatismo financiero con el desafío de mantener la funcionalidad de un órgano crucial para la democracia. De ser aprobada, esta medida significaría un ajuste importante, pasando de 660 millones a 440 millones de pesos, en un esfuerzo por contribuir a las finanzas estatales sin comprometer las tareas esenciales del IEE.
Yanko Durán Prieto, ha dejado claro que esta reducción se enfocará en el rubro de instrumentos de participación ciudadana, preservando tanto las acciones operativas del instituto como las prerrogativas asignadas a los partidos políticos. Si bien la intención es loable y necesaria en un contexto de austeridad, también plantea preguntas importantes sobre el impacto que podría tener en la promoción de mecanismos que fomenten el involucramiento de los ciudadanos en los procesos democráticos.
Los instrumentos de participación ciudadana —como plebiscitos, consultas y referendos— son herramientas fundamentales para acercar la democracia a las personas y reforzar la confianza en las instituciones.
CON VISTAS al 2025, en el Municipio de Juárez ya se encuentran trabajando a todo vapor para definir el presupuesto del próximo año, en donde se espera un incremento del 8%, según ha explicado el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.
El anuncio del presidente municipal sobre el proceso de elaboración del presupuesto para el próximo año refleja un esfuerzo por mantener la estabilidad financiera en un contexto marcado por la inflación y las crecientes necesidades de la ciudad.
Con un incremento proyectado del 8% —en línea con el ajuste inflacionario—, la administración buscaría responder a las demandas de la población, aunque reconoce las limitaciones y los retos que este ejercicio implica.
El presupuesto no solo es un reflejo de las prioridades de una administración, sino también un instrumento clave para enfrentar los desafíos de una ciudad dinámica y compleja como Juárez. La realidad, como lo mencionó el alcalde, es que los proyectos y necesidades suelen superar por mucho los recursos disponibles, lo que obliga a hacer ajustes cuidadosos y establecer prioridades claras.
El incremento esperado en las participaciones federales, estimado también en un 7 u 8%, sería un alivio parcial para las finanzas municipales. Sin embargo, depender únicamente de estos aumentos podría no ser suficiente para atender problemas estructurales como infraestructura, seguridad, movilidad y servicios básicos.
Todavía no hay nada definido, el presupuesto deberá ser presentado al Cabildo a más tardar el 10 de diciembre, si el calendario lo permite.
