Buenas nuevas. Una situación peculiar se vivió el martes. Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, dialogaba con Germán Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pleno llegaba a una resolución sobre el uso del líquido de la presa La Boquilla.
La gobernadora viajó al CDMX para sostener varias reuniones, una de ellas con los representantes de Nacional Financiera para apoyar a las empresas locales, ahora tocó el turno con la Conagua, y aunque se saben pocos detalles sobre el encuentro, Maru Campos aseguró que habrá cosas positivas para Chihuahua.
Paralelamente, la Suprema Corte determinó que el Ejecutivo Federal es el único poder que tiene facultades para administrar el agua de la presa La Boquilla, sí, ahí donde se llevó aquel enfrentamiento con la Guardia Nacional y resultó con una persona fallecida, cuatro detenidos, tres de ellos liberados y uno se mantiene preso: Andrés Valles.
El recurso de inconstitucionalidad que promovieron municipios afectados por la entrega de agua para cumplir con el tratado internacional, no prosperó. La administración de las aguas nacionales no requiere del consentimiento de los gobiernos estatales o municipales. Simplemente no tiene que preguntar si quieren o no, se hace y se acabó.
Fue un buen contraste el que se pudo percibir ayer en el tema del agua. Ahora solo esperar para saber cuál son esas buenas nuevas para Chihuahua. La resolución de la Corte seguramente no afectará las relaciones entre los organismos, no habrá enfrentamientos o la toma de la presa; el diálogo será la clave para resolver las inconformidades.
Multa. Los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sintieron como balde de agua fría la multa que el Instituto Estatal Electoral (INE) les aplicó por no presentar en tiempo y forma los reportes de gastos en el proceso electoral de 2021. Una sanción que no les gustó nada.
Pero el sentimiento de indignación es fragmentado, no todos resintieron la multa de más de 25 millones de pesos. El dirigente estatal del partido, Martín Chaparro Payán, dijo que esto se pudo haber evitado si alguien hubiera presentado a tiempo la documentación sobre los gastos. Según él, lo advirtieron antes, durante y después de la campaña.
El líder morenista en Chihuahua explicó que el Comité detectó la falta de documentos en marzo de 2021, por lo que dio aviso al Comité Nacional para que ejerciera presión, pero las recomendaciones no fueron escuchadas y casi un año después, tras la fiscalización, se otorgó la sanción al partido.
Payán fue muy claro al decir que correspondía al equipo del entonces candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, realizar las aclaraciones y reportes, pero no se hicieron y ahí están las consecuencias. Quizá el ahora delegado de Bienestar quiera dar su versión al respecto, y por supuesto que lo hará.
De fondo. Se espera que pronto haya más detalles sobre la regularización de los autos chuecos en la frontera. El decreto dio un poco de luz en medio de la oscuridad, pero falta ver el proceso en sí, los pasos que una persona debe seguir para poder tener un auto de forma legal. Los aduaneros se encargarán de indicar el camino.
Mientras eso pasa, el sector empresarial también ha expresado sus dudas al respecto. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juárez, consideran que la medida no resolverá de fondo el problema de la importación de vehículos usados, pues será algo temporal.
José Mario Sánchez Soledad, presidente de la Coparmex, entiende las necesidades de las personas: tener un vehículo, esté como esté, para moverse por la ciudad, porque el transporte público no cumple las expectativas de los usuarios, pero lo ideal es que utilicen autos usados en regla y así eviten problemas con las autoridades.
El líder empresarial vio un punto que hasta ahora nadie había abordado: la acumulación de autopartes viejas, inservibles, que no tendrán cabida en los yonkes y que terminarán en los lugares que no les corresponde. Esto, sin duda, las autoridades lo tienen que tomar en cuenta, sobre todo las locales.
