Juárez ha vivido episodios de violencia que han marcado la memoria de los habitantes y la historia de la ciudad. Uno de ellos y muy reciente es el llamado Jueves Negro: el 11 de agosto de 2022 cuando se registraron balaceras en distintos puntos de la localidad, ataques con explosivos, persecuciones, agresiones en el Cereso y disparos contra civiles.
Aquel día, muchas actividades se suspendieron: las clases, algunos turnos en maquilas, negocios cerraron sus cortinas y las personas prefirieron quedarse en casa para evitar exponerse a una de esos episodios de violencia irracional que por años ha marcado a la frontera.
En medio de ese caos, ocurrió un ataque a policías municipales. Uno de los agentes quedó con heridas que cambiaron su vida. Hubo daños a las patrullas y pánico en la zona de Ampliación Aeropuerto. Los operativos permitieron la detención de personas implicadas en el caso y casi dos años después, han recibido una sentencia.
El viernes se confirmó una sentencia de 379 años contra cuatro implicados en ese ataque a policías. La cifra es altísima por la forma en que se desarrolló la balacera y el grupo de personas a las que estuvo dirigida. Para las autoridades, es un castigo ejemplar en uno de los casos emblemáticos.
Tanto la Fiscalía como la Policía Municipal resaltaron esta sentencia. Por un lado, el trabajo de los investigadores fue clave para que el juez que llevó el caso emitiera la sentencia, basado en las evidencias. Por el otro, la corporación local consideró que la pena es justa por el atentado hacia los oficiales.
La resolución solo es una parte de todo el proceso de justicia que está todavía en desarrollo, pues hubo víctimas inocentes, personas que estaban en un lugar y de repente llegó la lluvia de balas que acabó con su vida, o quedaron atrapadas en un incendio provocado.
Lo cierto es que por más años que una persona pueda pasar en la cárcel, nada podrá aliviar el dolor incrustado en el corazón de los familiares de las víctimas, de los sobrevivientes, de los testigos. Es un pequeño avance en el gran reclamo de justicia en Juárez.
Dicen que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha entrado en una espiral descendente de la que no podrá regresar, en gran medida porque Alejandro Moreno Cárdenas pretende quedarse como líder por un periodo más, sino es que de forma perpetua.
El camino para la reelección se abrió cuando los partidarios avalaron cambiar los estatutos del organismo Ahora, Moreno Cárdenas se ha separado del cargo solo para preparar su siguiente campaña para el mismo puesto. Buscará convencer a los priistas que él es la mejor opción, aunque los resultados de las elecciones no fueran los esperados.
Mientras eso ocurre, se ha designado a una presidenta interina. Se trata de la chihuahuense Graciela Ortiz, pro-Alito Moreno, que estará al frente del partido hasta que él aspirante complete su plan. La nueva lideresa tendrá que lidiar con los reclamos que se generen en el proceso.
Chela Ortiz fue candidata a gobernadora de Chihuahua en 2021. A unos días de la elección, mostró públicamente su apoyo a Maru Campos, quien finalmente ganó la contienda y se convirtió en la primera gobernadora del estado. El coqueteo entre partidos empezaba desde entonces.
La chihuahuense deberá mantenerse firme ante los embates de los detractores dentro del partido. Tendrá que poner orden en las sesiones y quizá actuar como mediadora entre el aspirante y los militantes, sembrar el beneficio de la duda para que Moreno repita. Veremos si el carácter norteño se impone.
Estar en peligro de muerte no ha cambiado para nada la retórica del expresidente Donald Trump, al contrario, su discurso se han incrementado en contra de los sectores que rechaza, y eso a su vez ha generado que sus partidarios le demuestren más su apoyo. Sus palabras incluyen a México, la frontera y los migrantes.
Trump insiste en que los migrantes trafican drogas hacia EU. Lo primero que hará en caso de ganar las elecciones será levantar un gran muro en la frontera con México para evitar más cruces ilegales. Otras medidas de expulsión y bloqueo de personas también podrían incrementarse.
Desde luego, esas acciones podrían tener un impacto negativo en la frontera Juárez-El Paso. El muro y las expulsiones podrían generar una crisis de atención del lado mexicano. Las cifras ahora son bajas, pero de aplicarse estos cambios, el escenario se complicaría para las autoridades municipales y estatales.
En estos casos siempre surge la pregunta: qué hace el Gobierno de México ante esos dichos. Hasta ahora la posición ha sido un tanto pasiva, nada enérgica para evitar problemas. La respuesta a una posible crisis solo se puede imaginar de forma deficiente. Lo ideal sería que no.
