LOS HABITANTES de Samalayuca ejercieron su derecho a votar y eligieron a su nuevo presidente seccional, quien rendirá protesta el próximo mes de diciembre.
Con una participación récord de 839 votantes, Luis Gerardo Esparza Meléndez se impuso en las elecciones para la Presidencia Seccional.
El proceso electoral se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y transparencia, con la supervisión de regidores y el Secretario del Ayuntamiento. Cinco candidatos se disputaron el cargo, pero Esparza Meléndez obtuvo el apoyo mayoritario con 481 votos.
Regidores integrantes de la Comisión Especial y Transitoria de Elecciones atestiguaron la jornada para sustituir al actual presidente Jaime Soltelo Bencomo.
Al finalizar los comicios se realizó el conteo de los votos, durante el cuál estuvieron los representantes los aspirantes, regidores de la comisión especial y el Secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.
El regidor Antonio Domínguez dijo que hubo mucha participación y que el proceso fue organizado además de armonioso.
La victoria de Esparza Meléndez simboliza un nuevo capítulo para Samalayuca, lleno de esperanza y oportunidades. Su gestión estará enfocada en el desarrollo económico y social, la mejora de servicios básicos y participación ciudadana.
DESDE la Cámara de Diputados, se ha presentado una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer penas más severas para la comisión de conductas delictivas relacionadas con el fentanilo.
La iniciativa fue presentada por el diputado chihuahuense Alejandro Domínguez, buscando abordar la creciente problemática del consumo y tráfico de esta sustancia en México.
El fentanilo, se ha convertido en un riesgo para la salud pública debido a su potencial de adicción. La iniciativa de Domínguez Domínguez busca entre otras cosas, establecer penas de 50 a 60 años de prisión y multas de 100 a 500 días por la comisión de delitos relacionados con el fentanilo.
También, pretende Implementar acciones de reducción de daños en áreas con alta proliferación de casos de consumo y modificar la penalidad relacionada con esta sustancia para erradicar su consumo ilícito.
El Observatorio Mexicano de Salud Mental señala que el aumento en el consumo de fentanilo se debe a su creciente disponibilidad. La magnitud del mercado ilegal se refleja en la cantidad de fentanilo incautado por las fuerzas de seguridad, que ha aumentado significativamente en los últimos años.
La producción y tráfico de fentanilo impactan profundamente los mercados de drogas, obligando a las autoridades a responder con rapidez y eficacia. Su alta peligrosidad se debe a las muertes relacionadas con su consumo.
Por ahora, la propuesta se encuentra turnada a la Comisión de Justicia, sin embargo, el diputado hizo un llamado a la inmediata implementación de acciones de reducción de daños en los lugares con mayor proliferación de casos de consumo, y modificar la penalidad relacionada con esta sustancia para tener la seguridad de que el consumo ilícito de este fármaco sea erradicado de las calles.
CON TODO el alboroto que prevalece en torno a la reforma judicial, la diputada juarense, Lilia Aguilar dio a conocer que trabajará en la Comisión Jurisdiccional, encargada de los juicios políticos, incluyendo a los 8 ministros de la SCJN.
La diputada, en representación del Partido del Trabajo (PT), participó en la instalación de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, que tiene la responsabilidad de analizar las denuncias presentadas contra servidores públicos que hayan incurrido en faltas graves, como abuso de poder o violación de derechos. En este caso, liderado por el PT, el proceso incluye evaluar las pruebas y argumentos presentados contra los 8 ministros de la SCJN, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un juicio político.
Durante la reunión, se destacó la importancia de asegurar que los procedimientos jurisdiccionales se realicen con apego a la ley y protegiendo los derechos de todas las partes involucradas. La Comisión trabajará para atender de manera justa los casos que le sean asignados, incluyendo aquellos de alta relevancia nacional, fortaleciendo la justicia y legalidad en el país.
En su intervención, Aguilar subrayó que la Comisión no solo actúa como un órgano de revisión, sino como un bastión para garantizar que quienes ocupan altos cargos respondan por sus actos en caso de faltas que vulneren la confianza pública.
apenas, la semana pasada, el Grupo Parlamentario del PT, coordinado por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, anunció que presentaría la solicitud de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en lo referente a la suspensión de la reforma judicial, “han atacado a instituciones democráticas y violentado la supremacía constitucional”.
TRAS una audiencia de Formulación de Imputación de 22 horas, misma que concluyó el pasado sábado, la juez de Control dictó prisión preventiva justificada en contra de S.I.H.P., exsecretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
La medida, solicitada por el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, se consideró necesaria, proporcional e idónea para garantizar que la imputada permanezca bajo custodia preventiva por un año, debido a su probable participación en el delito de peculado agravado.
Según, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, la juez señaló que la imputada mostró resistencia a presentarse ante la justicia, evadiendo la acción legal durante casi un año. A pesar de haber obtenido una suspensión provisional y definitiva a través de un amparo federal, S.I.H.P. incumplió la condición de comparecencia ante la autoridad, evadiendo la justicia por un periodo considerable.
A S.I.H.P. se le imputa su participación en un esquema de venta irregular de bienes inmuebles del municipio, en colaboración con otros funcionarios y civiles; detectado y denunciado por la Auditoría Superior del Estado. Por lo que la Fiscalía la señaló por presuntamente enajenar bienes del patrimonio municipal, valorados en más de 2 millones de pesos, sin seguir los procedimientos de desincorporación del régimen de dominio público ni registrar ingresos a la hacienda municipal por estas transacciones. Las investigaciones también indican la emisión de títulos de propiedad irregulares para estos bienes.
