Elegir a los Jueces

¿Sabe usted quién es su juez de distrito? ¿O quiénes son los magistrados que conforman el tribunal de su circuito? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un distrito y un circuito judicial? ¿Sabe si su magistrado apoya los derechos de las minorías o está más orientado a preservar valores conservadores?

Es un hecho, la mayoría de los mexicanos no estamos enterados de cuáles son los órganos judiciales que nos rigen sino hasta que tenemos la necesidad de acudir a ellos. En general, la forma como se administra la justicia en nuestro país no es algo que se encuentre vigente dentro del debate público, desconociendo así los resultados, criterios y las tendencias ideológicas de nuestros jueces.

Esa penumbra en la que se «imparte» justicia en nuestro país es uno de los elementos que contribuye a situarnos en los penosos primeros lugares de impunidad a nivel global, dando como resultado que la famosa «cifra negra», es decir, el porcentaje de no denuncia, no se haya reducido ni un punto porcentual en la última década, lo que explica a su vez la amplia desconfianza ciudadana en las instituciones de justicia.

En los Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que tenemos, el sistema de justicia está democratizado en gran parte de sus estados. Así, el perfil y desempeño de un juez es de carácter público, sus resultados están a la vista de todos y pueden ser sustituidos electoralmente si se considera que su trabajo no está al servicio de los ciudadanos.

En ese sentido, quienes opinan en contra de la elección de jueces y magistrados argumentan fundamentalmente tres amenazas: 1) que los jueces descuidarán sus labores judiciales por estar enfocados en su popularidad; 2) que podrán ser sujetos de grupos de poder político, económico y del propio crimen organizado para poder financiar sus campañas; y 3) que seguirá incrementando el costo de nuestra ya onerosa democracia.

En el primer supuesto, no puede calificarse como algo malo el hecho de que un juez se preocupe por su reputación pública, porque de ésta dependería necesariamente su ética y sus resultados a la hora de impartir justicia. El segundo argumento es anacrónico, pues esa injerencia ya existe y es un hecho en la mayor parte de las instituciones del poder público, por lo que mayor transparencia pudiera resultar vital para su mejora. Y por lo que respecta al último punto, es mucho más costoso en términos de valor la situación de incompetencia e impunidad que estamos viviendo respecto a la procuración de la justicia.

Democratizar implica hacer público el ejercicio del poder. Y en este caso, la impartición de justicia y los errores y aciertos de los jueces tendrán que ser socializados para poder construir su propia plataforma electoral y la de sus adversarios, dando luz al proceso judicial y a los criterios e intereses que pueda haber detrás de las decisiones de los jueces y magistrados.

Esta misma visibilización también exhibirá de manera fehaciente la infuncionalidad de figuras como las fiscalías y los ministerios públicos, quienes responden a los poderes ejecutivos y representan el primer escalón, o mejor dicho, la primera barrera con la que se topa el ciudadano a la hora de gestionar justicia. Lo que seguramente hará que los jueces electos se enfrenten a la imperiosa necesidad de hacer públicas las atribuciones que a cada orden de gobierno le corresponden.

En lo particular, no soy de los que piensan que todos los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. La complejidad del poder y del gobierno exige también capacidad de resolución, negociación y especialización. Sin embargo, considero que, si bien la impartición de justicia es un tema que debe contar con los mejores perfiles jurídicos, también debe tener el aval de los propios sujetos de la justicia.

El estado de derecho es condición necesaria para la sana convivencia, para fomentar la competitividad, la inversión e impulsar el desarrollo. Elegir a los jueces y a los magistrados seguramente no representa por sí mismo la solución al problema de la mala impartición de justicia en México, pero es sin duda un paso necesario para desempolvar y hacer más visible el actuar de un poder que se considera vital para cualquier sistema que se denomine una república.