Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el primer informe destinado a esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El mandatario sostuvo una reunión con los padres y madres de los desaparecidos a casi 10 años del hecho.
López Obrador reveló que no hay duda sobre la responsabilidad del Estado en el caso, implicando directamente a las autoridades de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. En una carta, denunció que las autoridades de entonces ocultaron la verdad de los hechos e inventaron la llamada verdad histórica.
AMLO señaló que los militares que tenían conocimiento de los actos de violencia en Iguala podrían ser acusados de omisión por no actuar para prevenir abusos de autoridad y proteger la vida de los jóvenes. No obstante, dijo que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de la participación directa del Ejército en el crimen.
Aseguró que a pesar de estos, se ha procesado a 20 militares, incluidos dos generales y dos oficiales de rango medio, por posibles casos de omisión y vínculos con la delincuencia organizada.
López Obrador describió la necesidad de examinar el comportamiento de quienes han liderado las demandas de justicia, especialmente en relación con sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Cuestionó cómo ciertos personajes de organizaciones de derechos humanos participaron y celebraron la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, la cual permitió la liberación de presuntos responsables con la justificación de tortura, a pesar de la gravedad del crimen contra los normalistas.
Comentó que su gobierno nunca ha cesado en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, pues según él, desde su llegada a la presidencia hasta la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo, se han identificado restos de los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Joshivani Guerrero de la Cruz, gracias a la labor de expertos de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria.
Actualmente, hay 119 detenidos relacionados con el caso, incluyendo al exprocurador Jesús Murillo Karam y Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR), así como a 60 policías municipales, 17 militares y 35 integrantes de la delincuencia organizada. En total, 142 personas están procesadas, ya sea en prisión o en libertad condicional.
Desde el arribo del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra en octubre de 2022 y del subsecretario de Gobernación Arturo Medina Padilla en octubre de 2023, se han realizado 42 entrevistas a prisioneros e informantes, obteniendo 197 órdenes de aprehensión y presentando 45 recursos contra resoluciones judiciales. Al igual, se han llevado a cabo 280 excavaciones con la participación de la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional.
Con información de La Jornada
