CON el 2025 a la vuelta de la esquina y con él, la incertidumbre que se mantiene con respecto a cómo vendrá el paquete fiscal y lo que en teoría corresponderá a cada estado. El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas ha presentado la intención de impulsar una consulta popular en Chihuahua, destinada a revisar el pacto federal.
La propuesta pone de relieve un tema que ha sido históricamente fuente de tensión en México: el trato desigual entre los estados y el centralismo que hay que decirlo, prevalece todavía.
Sánchez Villegas argumenta que Chihuahua ha sufrido el abandono y desprecio de un sistema centralista que no atiende las necesidades locales. Narrativa que también se ha escuchado en otras partes del país, pues es real que existe un malestar por la distribución de recursos federales, que para algunos, es reflejo de una especie de “desconexión” entre el gobierno central y las regiones.
Sin embargo, la propuesta merece un análisis profundo, pues el pacto federal no es solo un acuerdo de distribución de recursos o responsabilidades; sino que en teoría, representa un compromiso de unión, solidaridad y cohesión entre las entidades de la nación. La revisión sí es necesaria, pero debe estar acompañada de propuestas concretas y realistas sobre cómo mejorar las condiciones de cada estado.
Es cierto que el centralismo ha tenido efectos negativos. Los estados que están alejados de la Ciudad de México, como Chihuahua, a menudo sienten que sus necesidades son ignoradas. No obstante, abrir la puerta a una revisión del pacto federal sin una clara idea de los beneficios y las consecuencias de dicha acción puede ser peligroso y divisivo.
La consulta popular, además, debe ser bien entendida por los ciudadanos, que necesitan información detallada sobre qué significa exactamente “revisar el pacto federal”. ¿Qué tipo de autonomía se busca? ¿Es posible asegurar que un mayor grado de autonomía traerá beneficios reales a Chihuahua? ¿O es, en el fondo, una medida simbólica que sirve más a los intereses políticos que a la mejora concreta de la vida de los chihuahuenses?
En última instancia, el gobierno federal y los gobiernos estatales deben reconocer que el sistema federal actual requiere ajustes y que la autonomía local debe fortalecerse de manera que se garantice un desarrollo equilibrado y justo para todas las entidades.
UNA VEZ MÁS el Municipio de Juárez fue reconocido a nivel internacional. El más reciente, fue el galardón Reed Latino por el programa “Juárez Número Uno”.
La premiación, llevada a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, reconoció el trabajo del municipio en el ámbito de la comunicación gubernamental, en la categoría de mejor spot de menos de 60 segundos con el anuncio “En Juárez todos somos mexicanos”.
El reconocimiento debe llevarnos a revalorizar a la ciudad y destacar lo positivo en ella, cambiar la mala perspectiva que se tiene y poniendo en primer plano las historias de quienes aman, construyen y representan lo mejor de esta frontera.
Los Reed Latino Awards, son uno de los premios más importantes en la industria de comunicación y marketing político en América Latina. Este tipo de reconocimientos no solo elevan la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional, sino que también reafirman el compromiso de sus autoridades y habitantes con el cambio positivo.
Armando Ochoa, director del proyecto, destacó que el logro es “de todas y todos los ciudadanos”, una declaración que resuena con el esfuerzo colectivo detrás de este reconocimiento. En una ciudad donde la resiliencia es el pan de cada día, este premio permite recordar que el verdadero cambio y el desarrollo de Juárez están en manos de quienes apuestan por ella.
EN LA SESIÓN de este martes en el Congreso del Estado, llamó la atención la propuesta realizada por la diputada e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta para que con carácter de decreto, se expida una Ley de Austeridad del Estado de Chihuahua.
La intención es que la nueva ley vaya alineada con la política nacional de austeridad republicana, planteando un enfoque hacia la economía y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Inspirada en la Ley Federal de Austeridad Republicana de 2019, la iniciativa propuesta por la también presidenta del Congreso, pretende eliminar excesos y mejorar la eficiencia en el gasto público, para que se priorice el bienestar colectivo.
Sin duda, el concepto de austeridad republicana tiene un atractivo innegable, sin embargo, es importante examinar si esta ley realmente tendrá un impacto transformador o si corre el riesgo de convertirse en un simple recurso político.
La austeridad, por sí sola, no necesariamente garantiza eficiencia ni desarrollo; el ahorro en el gasto gubernamental debe estar respaldado por una adecuada planeación de inversión y una gestión cuidadosa que asegure que el dinero se redirija efectivamente hacia programas que generen impacto positivo en la población. En este sentido, la implementación de la Ley de Austeridad debe venir acompañada de una estrategia sólida que asegure que los recortes no afecten servicios esenciales o programas que beneficien a los sectores más vulnerables.
La diputada Guzmán ha asegurado que esta ley no afectará los programas sociales ni los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, sino que buscará hacer eficiente el gasto en beneficio de la sociedad. No obstante, es importante que se defina con claridad qué áreas de gasto se reducirán y cómo se garantizará que el ahorro resultante se invierta de manera efectiva en el desarrollo del estado. La austeridad, cuando se aplica sin un análisis adecuado, puede tener consecuencias indeseables, como la limitación de recursos para servicios públicos esenciales o la ralentización de proyectos estratégicos.
Además, la nueva Ley de Austeridad del Estado de Chihuahua propone aplicar sus disposiciones en todos los niveles de gobierno estatal, incluyendo poderes, municipios, ayuntamientos y organismos autónomos. Este enfoque inclusivo podría permitir que la administración estatal establezca un estándar de transparencia y eficiencia que, de implementarse correctamente, fortalecería la confianza ciudadana. Sin embargo, para que esto sea una realidad, es fundamental que la ley cuente con mecanismos de control efectivos y transparentes que permitan evaluar su impacto y hacer ajustes necesarios en el camino.
LA CONTROVERSIA Constitucional interpuesta por el Congreso de Chihuahua contra la Reforma Judicial al final fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así lo dio a conocer el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez Madrid.
La decisión de la Corte de desechar la controversia evidencia las tensiones entre los poderes y la polarización en torno al sistema de justicia en México. El fallo obliga al Congreso local a acatar una reforma que, según el diputado Alfredo Chávez Madrid, representa un “desmantelamiento y asalto a la República”.
Para muchos, la reforma judicial representa un avance en la modernización del sistema de justicia, mientras que para otros, como Chávez Madrid, encarna una amenaza a la división de poderes y un intento de centralización autoritaria del poder. Estas percepciones encuentran eco en un contexto donde el Congreso de Chihuahua —uno de los pocos que buscó resistir la reforma mediante la vía legal— ahora se ve obligado a armonizar su legislación en un plazo de 180 días, conforme al mandato de la SCJN.
Ante este escenario, el reto para el Congreso de Chihuahua es claro: en los próximos 180 días, deberá alcanzar un acuerdo parlamentario para ajustar su marco jurídico en conformidad con la reforma, a pesar de la falta de mayorías calificadas en el legislativo local. Este proceso de armonización requerirá no solo habilidad política y apertura al diálogo, sino también un compromiso con la legalidad y con el respeto a la diversidad de opiniones.
