DICEN que uno de los grandes males que han aquejado a México a lo largo de su historia es la corrupción. Este fenómeno ha sido motivo para que los ciudadanos organizados muestren su descontento. Poco a poco, las instituciones han avanzado en el combate de manera interna de la corrupción, pero aún quedan muchas cosas por hacer.
En el gobierno de Chihuahua, se han implementado comités de ética y métodos de control interno, de acuerdo con Mónica Vargas Ruiz, titular de la Secretaría de la Función Pública. Las autoridades buscan fortalecer las estrategias de prevención y evitar la afectación a la administración, aún más a los recursos públicos.
Vargas Ruiz, aparte de dar detalles de las medidas internas, también habló de la situación del magistrado Jorge Ramírez Alvídrez. Dijo que el dinero que se encontró en su cuenta bancaria (más de 10 millones de pesos), no corresponden al sueldo como funcionario. La Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó la información sobre su evolución patrimonial ya que se pretende quitarle el fuero y juzgarlo.
Sobre este caso, César Peniche, fiscal general de Chihuahua, recordó que Control Interno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue quien presentó la denuncia ante la FGE. Agregó que hay pruebas suficientes para seguir la investigación, aunque Ramírez Alvídrez ha negado los señalamientos reiteradamente.
Ahora, el Poder Legislativo tiene en sus manos la decisión sobre el desafuero, sin embargo, los integrantes del Congreso no han dado señales de un acuerdo unánime, y no es para menos, una situación como esa se maneja con pincitas.
AL exterior de las instalaciones de la Policía Estatal se colocó una unidad tipo rinoceronte y agentes bien armados para custodiar y prevenir ataques a la corporación. Dicen que los golpes a las estructuras criminales han desatado las agresiones contras las corporaciones policiacas.
Los atentados han causado temor en la población, por lo que Rogelio González Alcocer, presidente en Juárez de Canaco, exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar las estrategias de seguridad. En tanto, el gobernador Javier Corral Jurado dijo que mantiene firme su compromiso de enfrentar a los enemigos de la paz.
La mayoría de los homicidios dolosos se comenten con armas de fuego, mismas que atraviesan la frontera de forma ilegal y causan dolor en la comunidad juarense. El alcalde Armando Cabada Alvídrez, informó que trabaja para aumentar el número de armas decomisadas, agregó que solicitará a homólogos de EU hacer lo propio.
Solo en 2019, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a cargo de Raúl Ávila Ibarra, aseguró 782 armas de fuego entre largas y cortas. Aseguran que para evitar el tráfico de armas, el gobierno de Donald Trump debe ser más estricto en las disposiciones para comprarlas, pero esa idea se ve lejos.
QUIENES estuvieron en Ciudad Juárez fueron los integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Llegaron a la frontera para manifestar su rechazo al proyecto minero que pretende instalarse en Samalayuca. La Gloria, amenaza el área natural protegida, aseguraron. Su reclamo se suma al de los ejidatarios, inconformes con el proyecto.
Simultáneamente, lanzaron un trabajo interactivo donde se resume parte de lo que ha pasado a unos cuantos minutos de la ciudad. Ahí señalan que primero se les había negado el permiso para la extracción de cobre, pero en 2018 la empresa logró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales les diera el permiso para explotar 358 hectáreas.
Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción, dijo que la organización promovió amparos por la autorización, a pesar de que presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, en su visita a Juárez, que no se hará nada en contra de la voluntad del pueblo. No abundó más al respecto.
Los ejidatarios, agricultores y ambientalistas han señalado complicidad por parte de Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samalayuca, con los propietarios de la empresa minera. Él aseguró que La Gloria traerá beneficio económico, pero parece que se le ha olvidado por completo el impacto (negativo) al ambiente.
EL puente negro que atraviesa el Río Bravo es uno de los íconos de la frontera. Debajo de él quedó el cuerpo sin vida de Sergio Hernández Guereca, asesinado a balazos por un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010. La versión oficial indica que el adolescente de 15 años cruzó a El Paso y regresó rápidamente, y ya en territorio mexicano, recibió el disparo.
Desde entonces, su familia ha enfrentado un verdadero calvario para exigir justicia. Esta vez, la impotencia volvió a aparecer, pues la Corte Suprema del país vecino dijo que los familiares de la víctima no pueden denunciar un delito que ocurrió fuera de EU. La jueza Ruth Bader Ginsburg, dijo que la demanda de los padres no pone en peligro la seguridad en la frontera.
Lo que los padres describen como un juego entre amigos, en una época en la que Juárez atravesaba uno de los peores momentos de inseguridad y violencia, terminó en una tragedia, exactamente en la división entre México y Estados Unidos. Los familiares consideran que las autoridades protegen a Jesús Mesa Jr., quien disparó contra el adolescente.
Quizá la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podría intervenir, al igual que lo hizo con los mexicanos que fueron víctimas del tiroteo en Cielo Vista el año pasado. Por congruencia, deberían hacerlo.
