La semana pasada se cumplió un año del incendio en la estación del INM en Ciudad Juárez. Ahí, 40 personas murieron quemadas o intoxicadas por el humo. La tragedia puso de nuevo a la ciudad fronteriza ante los ojos del mundo y el proceso para acceder a la justicia ha sido un calvario.
Con el comienzo de abril, parece que las autoridades de migración han puesto especial atención en esta frontera, tanto así que el INM realizó un operativo a la orilla del río Bravo para resguardar a las personas que pretenden cruzar a EU y así evitar que la crisis se agrave, pero no había nadie a quien convencer.
En el operativo estuvo el comisionado del INM, Francisco Garduño, quien aparece en la investigación del incendio como uno de los involucrados. Aun así, mantiene su cargo y encabeza las acciones para resguardar más personas, como ocurrió aquella tarde del 27 de marzo de 2023.
A pesar de las medidas, para las autoridades estatales parece que como si no se hiciera nada. Santiago De la Peña, secretario de Gobierno de Chihuahua, advirtió sobre el aumento en las llegadas de personas a la entidad y la falta de apoyo por parte del Gobierno de México.
Como argumento, describió el campamento que se instaló en la zona sur de la capital y donde las personas esperan para seguir su camino hacia el norte. El funcionario estatal asegura que se les ayuda en lo posible, pero reiteró la necesidad de que el gobierno federal atienda de lleno el tema.
El fenómeno migratorio parece sencillo de explicar pero se debe vivir para comprenderlo mejor. Las autoridades tienen la oportunidad, y a veces la responsabilidad, de abordar el tema, pero al ser tan complejo, las estrategias no funcionan, los resultados son mínimos y los reclamos persistentes. Se debe seguir intentando.
La inconformidad rodeó la decisión del Tribunal Estatal Electoral sobre la denuncia de violencia política de género que se interpuso contra la bancada de Morena en el Congreso. La presidenta del Legislativo, Adriana Terrazas, arremetió contra sus compañeros y resultó favorecida.
Sin embargo, el Tribunal determinó que la responsabilidad de la agresión recae solo en Cuauhtémoc Estrada Sotelo, el diputado coordinador de la bancada, lo que ocasionó inconformidad de propios y extraños. Resulta que ni los panistas están de acuerdo en la resolución.
Para Carla Rivas y Alfredo Chávez, representantes del PAN, la determinación pareció injusta, pues debían caer todos. ¿Por qué lo dicen? Si entran al registro de agresores, no se podrán reelegir y Morena entrará en una crisis en medio del proceso electoral. Sería un duro golpe.
En Morena, la dirigente estatal Brighite Granados expuso que la determinación obedece a intereses políticos: si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Aunque ciertamente la decisión pudo ser peor. Ahora, el partido decidirá si sacrifica a Estrada o confía en las impugnaciones.
Donde hubo acuerdos fue en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). El asesinato de uno de los custodios del Cereso de Aquiles Serdán despertó inconformidades entre sus compañeros, quienes la mañana del lunes se manifestaron para obligar al jefe Gilberto Loya a recibirlos.
El plantón de los agentes rindió frutos y unas horas más tarde Loya dialogó con ellos. La muerte de uno de sus compañeros los llevó a exigir mejores condiciones para hacer su trabajo, que el riesgo valga la pena. Mejores pensiones, equipo y atención médica fueron las principales demandas.
La SSPE también presentó a cuatro hombres que podrían estar involucradas en el asesinato del oficial José Medrano Rodríguez. Se destacó que la coordinación entre la PECUU y Centinela permitió ubicar a los sospechosos. Ahora, los investigadores deberán comprobar su responsabilidad.
