El gobierno que encabeza el presidente López Obrador es el responsable del crimen más grande ocurrido en la historia moderna del país, por lo menos después de la Revolución Mexicana (1910-1920).
Así lo demuestra la Comisión Independiente de Investigación (CII), integrada por siete expertos, que analizó las muertes a consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Señalan con precisión que 297 000 muertes en exceso no se debieron a las condiciones de salud de las personas o a la situación del sistema sanitario sino a consecuencias de la política implementada para atender la emergencia.
Se puede hablar con claridad de un crimen perpetuado por el gobierno, en particular las áreas de salud y sus responsables, ante la estrategia elegida para hacer frente a la pandemia.
Un crimen por negligencia, incapacidad o soberbia. Las autoridades tuvieron otras posibles estrategias a seguir, se las plantearon especialistas, pero se mantuvieron en la que produjo las muertes que no debieron ocurrir.
El informe establece que hubo 808 619 muertes en exceso por todas las causas, “tanto de personas que fallecieron por Covid-19 como las provocadas por la desatención de otros padecimientos, la saturación de los sistemas de salud y otros efectos secundarios”.
La CII la encabeza el epidemiólogo Jaime Sepúlveda y se integra por el académico Sergio Aguayo, la economista Mariana Campos, la bióloga Julia Carabas, el exministro del Supremo José Ramón Cossío, el exsecretario de Salud Julio Frenk, el biólogo Antonio Lazcano y la socióloga Sylvia Schmelkes.
El documento señala que: “México sufrió́ una desafortunada combinación de desventajas estructurales frente a la crisis sanitaria con graves y repetidas fallas de liderazgo y gestión de la pandemia. En conjunto, estas configuraron un escenario devastador. A las seculares desigualdades sociales y debilidades institucionales se sumaron decisiones gubernamentales que, lejos de contenerlas, las agudizaron”.
La CII, a partir de su investigación sostiene que 297 000 muertes en exceso pudieron haberse evitado con otra estrategia y una mejor intervención de las instancias de salud y los responsables de las mismas.
Durante la pandemia la comunidad científica, también médicos en altos cargos en el gobierno, criticaron la estrategia para enfrentar la pandemia y pidieron cambiarla y que se pusiera al frente a un especialista de alto nivel y no a un empleado que obedecía las instrucciones políticas directas del presidente, como fue Hugo López- Gatell, un funcionario de segunda.
Entre otras muchas cosas, los expertos señalan en el documento, que el gobierno no creó una comisión de investigación para evaluar lo realizado por las instancias de salud en la pandemia como lo hicieron muchos otros países del mundo con el objetivo de ubicar los errores y establecer nuevas políticas al futuro.
Solo para establecer un comparativo, al final del sexenio los crímenes dolosos van a ser 200 000 y en su gran mayoría se pueden atribuir al crimen organizado, los crímenes por negligencia perpetrados por el gobierno en la pandemia ascienden a 297 000. Son 100 000 más. Y los responsables siguen en sus cargos y no han sido juzgados.