Ciudad de México.- La Cámara de Diputados retomó este jueves la discusión de una polémica reforma constitucional que desaparece siete organismos autónomos, que han garantizado en las últimas dos décadas el derecho a la información, han aportado datos sobre pobreza y educación y han prevenido la corrupción en diversos sectores, y cuyas funciones pasarán a otras dependencias federales.
La iniciativa generó preocupación entre especialistas, activistas y el sector empresarial que han advertido que la reforma debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.
Durante la sesión del jueves, la cámara baja discutirá una serie de reservas que se hicieron la víspera al dictamen. Se espera que sea aprobado en lo particular sin mayores problemas puesto que el partido oficialista Morena y sus fuerzas aliadas tienen el control del Congreso. La reforma pasará al Senado para su aprobación final.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador meses antes de dejar el gobierno.
Contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Ante las inquietudes y críticas que ha desatado la reforma, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el miércoles que estará garantizada la “independencia técnica” de las nuevas dependencias.
Sheinbaum precisó que se creará un área especial en la Secretaría de Economía para garantizar la función antimonopólica, que actualmente está en manos de la Cofece, y que las funciones del INAI pasarán a un área especial de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que creó en octubre, al comenzar su sexenio.
La eliminación de estos organismos fue un viejo anhelo de López Obrador (2018-2024), quien los atacó reiteradas veces, asegurando que “no sirven para nada” y que fueron creados por los gobiernos anteriores porque “necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”.
En agosto, relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la privacidad y la promoción, y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, enviaron una carta al gobierno mexicano en la que manifestaron su inquietud por la supresión del INAI y reconocieron que esa acción “podría debilitar la rendición de cuentas”.
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expresó en un comunicado que, aunque en teoría se preservarán las tareas que cumplían los siete organismos autónomos, trasladándolas a otras dependencias, “es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones” y que sean “independientes de la agenda e intereses del Poder Ejecutivo”.
