Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves una polémica reforma constitucional que desaparece siete organismos autónomos, que han garantizado en las últimas dos décadas el derecho a la información, han aportado datos sobre pobreza y educación y han prevenido la corrupción en diversos sectores, y cuyas funciones pasarán a otras dependencias federales.
La iniciativa generó preocupación entre especialistas, activistas y el sector empresarial que han advertido que la reforma debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.
Con 332 votos a favor y 119 en contra, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas aprobaron el cambio de trece artículos de la constitución. La reforma pasará al Senado para su aprobación final.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador siete meses antes de dejar el gobierno.
Contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
La extinción de los órganos autónomos se concretará luego de que se aprueben las leyes secundarias. El Congreso federal deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para armonizar los cambios.
Ante las inquietudes y críticas que ha desatado la reforma, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, salió el jueves una vez más en defensa de la iniciativa y cuestionó duramente a los miembros del INAI, acusándolos de supuestos actos de nepotismo y corrupción.
Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que con los cambios constitucionales “va a haber más transparencia ahora, pero no va haber corrupciones”, y aseguró que con el pase de las funciones del INAI a la nueva Secretaría Anticorrupción “vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México”.
Como parte de la reforma en la Secretaría de Economía se creará un área que asumirá las funciones de la Cofece para evitar las actividades monopólicas y las funciones de la CRE y la CNH se integrarán a la Secretaría de Energía.
Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes se encargará de garantizar la eficiencia de la radiodifusión y las telecomunicaciones, actividades que eran responsabilidad del IFT.
Sobre las preocupaciones que han planteado especialistas y empresarios de que la eliminación de la Cofece y el IFT podría poner en riesgo el cumplimiento de capítulos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó esa posibilidad y dijo que el control de las actividades de competencia y telecomunicaciones serán manejadas por las secretarías de Economía e Infraestructura.
La eliminación de estos organismos fue un viejo anhelo de López Obrador (2018-2024), quien los atacó reiteradas veces, asegurando que “no sirven para nada” y que fueron creados por los gobiernos anteriores porque “necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”.
En agosto, relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la privacidad y la promoción, y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, enviaron una carta al gobierno mexicano en la que manifestaron su inquietud por la supresión del INAI y reconocieron que esa acción “podría debilitar la rendición de cuentas”.
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expresó en un comunicado que, aunque en teoría se preservarán las tareas que cumplían los siete organismos autónomos, trasladándolas a otras dependencias, “es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones” y que sean “independientes de la agenda e intereses del Poder Ejecutivo”.
