Ciudad de México.- Después una década de buscar y no encontrar a los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2014, miles de personas acompañaron a sus familias por el centro de Ciudad de México para exigir verdad y justicia no solo para sus hijos sino para los más de 115 mil desaparecidos que tiene el país, al grito de “Ayotzi somos todos” o ”Fue el estado".
Entre los padres y madres había caras de dolor y frustración por una década sin respuestas pero también de agradecimiento a quienes les han apoyado, mientras algunos manifestantes pintaban en las paredes o cierres de los comercios consignas que exigen que se encuentre a los estudiantes.
"Nos llama mucho la atención que sí tenemos gente todavía que apoya", dijo Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los estudiantes desaparecidos. “La primera vez que pasamos por aquí, ¿quién iba a pensar que iba a pasar todo este tiempo y aquí otra vez, sin respuestas?”, agregó, mientras caminaba bajo la lluvia, cubierto únicamente por su sombrero de paja.
“Necesitamos que se siga presionando”, explicó Lourdes Silva, un ama de casa que por primera vez participó en una marcha con su hija, estudiante de Odontología, aunque ambas llevan diez años siguiendo el movimiento. “Queremos que acabe este martirio para los papás”.
Los nombres de los 43 jóvenes resonaron por las calles del centro de la ciudad, blindadas ante posibles brotes violentos de un aniversario llega a cuatro días del fin de la administración de Andrés Manuel López Obrador, un presidente en el que las familias confiaron pero que les deja sumidos en la frustración.
“Nos dio muchas esperanzas”, dijo Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez, uno de los desaparecidos, en un acto en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Pero tal parece que protege mucho a los militares y no se vale”.
"Aquí andamos gritando para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueven el corazón”, agregó.
Han pasado dos administraciones, hay decenas de detenidos –entre ellos un exprocurador general de México-- y ha habido cientos de búsquedas, pero México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, en 2014 porque la investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la actual fiscalía federal. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados pero solo se han localizado restos de tres de ellos.
Este gobierno avanzó al determinar que fue un “crimen de Estado” y apuntó al tráfico de heroína como posible desencadenante del ataque. También confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se distanció el miércoles de parte de esos avances. Minimizó los casos de tortura perpetrados por la anterior administración y que hicieron que muchos sospechosos fueran liberados por esos abusos, se distanció del móvil del tráfico de heroína e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército obedecen a “intereses políticos” , aunque hay 16 militares procesados.
La ONU lamentó el jueves los “resultados insatisfactorios” por parte de las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió expertos a investigar durante ocho años, mostró su preocupación por la “paralización" del caso y denunció un persistente “pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores”.
Activistas, académicos y una treintena de organizaciones civiles de distintos países latinoamericanos —de Chile y Argentina a Guatemala pasando por Brasil o Colombia— exigieron más acciones a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.
Y la ONG mexicana Fundar —que acompaña a las familias— recordó que el caso exhibe "el funcionamiento impune del dispositivo de desaparición... que se ha mantenido vigente en México por décadas” y el “abandono institucional” que sufren sus víctimas.
El presidente admitió el jueves que “se complicaron las cosas, están enredadas” y que no pudo dar con el paradero de los estudiantes. “Que les quede muy claro...no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes”, dijo en un último intento de convencer a las familias de sus esfuerzos.
El sabor es amargo pero las familias no están dispuestas a olvidar.
“A ver qué sigue” con la nueva presidenta, agregó Margarito Guerrero. “La vamos a apretar si no da respuesta”.
Joaquina García coincidía. “Esta lucha no termina”.
