Nueva York.- El hombre que alguna vez fue proclamado como el arquitecto de la guerra de México contra los cárteles de las drogas fue sentenciado el miércoles a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos por recibir sobornos para ayudar a narcotraficantes.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable por un jurado en Nueva York en 2023 de recibir millones de dólares en coimas para proteger al cártel de Sinaloa que supuestamente combatía.
En su audiencia de sentencia el miércoles ante un juez federal en Brooklyn, García Luna siguió insistiendo en que es inocente y que el caso en su contra se basa en información falsa proveniente de delincuentes y del gobierno mexicano.
“Tengo un firme respeto por la ley”, manifestó en español. “Yo no he cometido ninguno de esos delitos".
García Luna, de 56 años, encabezó a la Policía Federal mexicana antes de estar al frente de una secretaría a nivel de gabinete, siendo el funcionario de seguridad de más alto rango en el país de 2006 a 2012, en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. En esa época, Estados Unidos elogió a García Luna, llamándolo aliado suyo en el combate al narcotráfico.
Pero los fiscales estadunidenses dijeron que, a cambio de millones de dólares, proporcionó datos de inteligencia sobre investigaciones contra el cártel, información sobre cárteles rivales y permitió libre tránsito a enormes cantidades de drogas.
La fiscalía había pedido una sentencia de cadena perpetua. Los abogados de García Luna habían argumentado que no debería recibir más de 20 años tras las rejas.
El juez federal Brian Cogan señaló que no se sintió conmovido por los reconocimientos que García Luna había recibido por su trabajo en la guerra contra las drogas.
“Esa era su tapadera”, le dijo el juez a García Luna antes de imponer la sentencia. “Usted es culpable de estos delitos, señor. No puede presumir estas palabras y decir: ‘Soy el policía del año’”.
Los fiscales escribieron que las acciones de García Luna favorecieron actividades de narcotráfico que derivaron en cientos de muertes de ciudadanos estadunidenses y mexicanos.
“Es difícil exagerar la magnitud de los delitos del acusado, las muertes y las adicciones que facilitó, y su traición a los pueblos de México y de Estados Unidos”, escribieron los fiscales. “Sus delitos exigen justicia”.
Durante el juicio se mostraron fotografías de García Luna estrechando la mano del expresidente estadunidense Barack Obama, y hablando con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el exsenador John McCain.
Los fiscales dicen que García Luna se aseguraba de que a los narcotraficantes se les avisara con anticipación de redadas en su contra y saboteaba operaciones policiales legítimas con las que se pretendía aprehender a líderes de cárteles.
Los narcotraficantes pudieron enviar más de 1 millón de kilos (2.2 millones de libras) de cocaína a través de México y hacia el interior de Estados Unidos valiéndose de aviones, trenes, camiones y submarinos mientras García Luna ejerció sus cargos en el gobierno, dijeron los fiscales.
Durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán —exlíder del cártel de Sinaloa— en la misma corte en 2018, un exintegrante del cártel testificó que él personalmente entregó al menos 6 millones de dólares en sobornos a García Luna y que miembros del cártel acordaron reunir un fondo de hasta 50 millones de dólares para pagarle por su protección.
Los fiscales también dijeron que García Luna tramó anular el veredicto del juicio del año pasado al intentar sobornar o convencer por medio de pagos a varios reos del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, con el fin de que respaldaran acusaciones falsas de que dos testigos gubernamentales se comunicaron a través de teléfonos celulares antes del juicio.
En su petición de indulgencia, los abogados de García Luna le escribieron a un juez que el exsecretario de Seguridad Pública y su familia han sufrido ataques públicos durante los casi cinco años que ha estado encarcelado.
“Él ha perdido todo por lo que trabajó —su reputación, todos sus activos, las instituciones que defendió, incluso la independencia del poder judicial mexicano—, y se ha visto impotente para controlar nada de ello”, escribieron.
“Tan sólo en los últimos dos años ha perdido dos hermanos, se enteró que otra quedó discapacitada debido a complicaciones por el covid-19 y que le fue impuesta una orden de arresto, y se enteró que su hermana más joven fue encarcelada debido a su relación con él”, agregaron.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó brevemente sobre el caso el martes: “El gran tema aquí, el tema de fondo, es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico”.
Tras la imposición de la sentencia, Calderón dijo en su cuenta en la red social X que respetaba la acción de los tribunales, pero aseguró que sabía nada de las actividades delictivas de su secretario de Seguridad Pública, y que la lucha contra la violencia “no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno”.
“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, aseguró.
Dijo también que enfrentar a los cárteles fue “una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer”, y aunque reconoció que su política “tuvo aciertos y errores”, aseguró que, cuando dejó el poder, “el crimen organizado retrocedía”.
“Un presidente sólo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales: luchar o abdicar. Yo elegí luchar, a pesar de todo, porque era y es lo correcto legal, moral y políticamente”, escribió. “La sociedad hará su balance”.
