Ciudad de México.- Los cambios propuestos por López Obrador contemplan una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, pueda garantizar eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal. Además, propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la sustitución del Consejo de Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.
Dentro de los cambios, se propone bajar el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes; reducir el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar las dos salas, así la corte sólo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.
También se propone eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras. En tanto que sus remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción.
En cuanto a la elección de ministros, magistrados y jueces, se establece que en 2025, se realizará una elección extraordinaria para renovar todos estos puestos del Poder Judicial.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir del 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo (Presidente) propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo (Diputados y Senadores) presentará cinco perfiles por cada cámara, por mayoría calificada; el Poder Judicial postulará hasta 10 prospectos a través del Pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
Para los mil 633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
Otro de los cambios importantes sería la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, se propone que esté integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes de la Unión. Dicho organismo, podrá recibir denuncias de cualquier persona o autoridad, e investigar a ministros, magistrados y jueces, así como personal judicial por actos contrarios a la ley, corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros.
Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial estaría integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años por los Poderes de la Unión: el Ejecutivo nombrará uno; el Senado, otro; y la SCJN a tres. Éstas personas serán los responsables de las funciones administrativas de la carrera judicial y control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Asimismo, se proponen nuevas reglas procesales, entre las que destaca Justicia Expedita, marcando como plazo máximo, 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un 1 año para asuntos penales.
Se proponen también eliminar las suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Además, los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
En cuanto a los fideicomisos del Poder Judicial, la reforma contempla que una vez que se concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
