Ciudad de México.- La mayoría oficialista en el Senado de México aprobó la madrugada del miércoles una polémica reforma constitucional que dejó la Guardia Nacional bajo el control del ejército, cumpliendo así un anhelo del presidente Andrés Manuel López Obrador a escasos días del fin de su sexenio.
Tras una maratónica sesión que se extendió por más de ocho horas, los senadores del partido gobernante Morena aprobaron con el apoyo de sus fuerzas aliadas la iniciativa que fue criticada por organizaciones humanitarias y expertos de Naciones Unidas que aseguraron que la reforma profundizará la militarización de la seguridad y podría aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos.
La iniciativa, que se aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra, forma parte de un paquete de leyes que propuso en febrero pasado López Obrador y que incluyó una controvertida reforma judicial que sancionó hace dos semanas el Congreso en medio de protestas de jueces y empleados judiciales. La reforma deberá ser validada en los próximos días por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación.
Al abrir las discusiones la senadora oficialista Citlalli Hernández negó que la reforma busque militarizar el país y aseguró que ayudará en la supervisión del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
Su postura fue respaldada por el senador Omar García Harfuch, quien asumirá la próxima semana como secretario de Seguridad Pública federal, que planteó que la reforma ayudará a fortalecer la Guardia Nacional y ratificó que sus objetivos “seguirán siendo civiles” y apegos a los derechos humanos.
“No podemos normalizar la idea de que México necesita estar bajo control militar para estar en paz”, dijo Luis Donaldo Colosio, del opositor Movimiento Ciudadano, al rechazar la reforma y planteó que al entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas se está resignado a los mexicanos a que “vivan con miedo porque la paz que les ofrecemos es la paz o de la confrontación armada o del silencio impuesto, no es la paz de la justicia”.
El oficialismo y sus fuerzas aliadas — que controlan el Congreso — estaban decididos a aprobar la iniciativa, a menos de una semana del fin del sexenio de López Obrador, quien ha sido su principal promotor y defensor.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes propuestas en febrero por el mandatario, que incluyó la polémica reforma judicial que aprobó hace dos semanas la mayoría oficialista del Congreso con el respaldo de sus aliados en medio de protestas de jueces y empleados judiciales.
El presidente saliente decidió promover la reforma militar pese a que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una iniciativa similar que había recibido luz verde en el Congreso en 2022, alegando que las funciones de seguridad pública “son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.
Desde hace varios años López Obrador se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional, su gran apuesta para hacer frente a la criminalidad en el país, esté manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que se corrompa, lo que asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.
Cuando creó el cuerpo en 2019, tenía una opinión diferente y lo dejó en manos de la Secretaría de Seguridad.
Para algunos analistas, la reforma, que prevé que la Guardia Nacional esté integrada en su totalidad por “personal militar con formación policial”, formalizará la presencia de los uniformados en el cuerpo, puesto que en la actualidad más del 80% de sus 130.000 miembros provienen del Ejército y la Marina.
Las fuerzas armadas mexicanas han cumplido desde 2006 un papel clave para mantener la seguridad en las calles, que se reforzó durante el sexenio de López Obrador, quien entregó a los militares numerosas tareas, proyectos claves y presupuestos que antes eran manejados por civiles.
Pese al protagonismo de los militares en las labores de seguridad pública, la violencia no se ha contenido. La reforma también cuenta con el respaldo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Expertos de la ONU mostraron en un comunicado el martes sus objeciones a la iniciativa, apuntando que el traslado de la Guardia Nacional al ejército puede “aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
A las críticas se sumaron también Amnistía Internacional y organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que expresó que la reforma “será un paso sin retorno hacia la militarización” y eliminará la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sea de carácter civil.
El Centro Prodh mostró su preocupación por la ausencia de controles civiles externos y extraordinarios de la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, como acordó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En la reforma se plantea que las investigaciones penales corresponderán al Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional.
Asimismo, se otorgan facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado inquietud entre las organizaciones humanitarias al extender de manera indefinida la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad.
Como parte del proceso de transferencia, el texto de la reforma establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.
