Ciudad Juárez.- Con el objetivo de revisar todos los escenarios legales que surgen con el amparo 069/2022 promovido por la defensa del sacerdote Aristeo Trinidad B.B., aprobado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, hoy se dio a conocer que se sumarán cinco abogadas a la defensa de la víctima.
Organizaciones de la sociedad civil, quienes han llevado la asesoría jurídica de la víctima y su familia, pronunciaron la incorporación de quienes tienen trayectoria en casos con perspectiva de género.
“Se han sumado a la defensa jurídica abogadas prestigiadas y reconocidas en el estado y en el país, especialmente en su conocimiento de la relevancia en juzgar con perspectiva de género, por sus estrategias en pro de la defensa de los derechos humanos, en particular de las víctimas de violencia de género, con quienes analiza la ruta jurídica que se llevará a cabo”, dijo Elia Orrantia directora de Sin Violencia A.C.
Se trata de las abogadas: Erika Mendoza García, Irma Villanueva Nájera, Yanimiriam Valdés Baca, Viviana Alejandra Torres Rodríguez, Karla Cristina Belmonte, Mayexi Ruíz Trujillo, y Martha Hernández Jurado, quien ya era parte del equipo legal en este caso.
La integración de las expertas en dicho tema legal será voluntaria y solidaria, por lo que no percibirán un pago por sus trabajos.
“Están sumándose sin ninguna retribución económica, únicamente el convencimiento de la importancia y la relevancia de este caso que va a dejar un precedente conforme a lo que se dicte en la sentencia”, apuntó la directora de Sinviac.
En contraste, la defensa del generador de violencia, en la que han participado hasta nueve abogados y un bufete, brindan servicio bajo cuotas millonarias, cantidad que no podría cubrir la víctima para abonar a su defensa.
“Haremos lo que legalmente sea procedente y confiamos que en jurisdicción del Estado y esperamos una sentencia ejemplar conforme a los actos atroces cometidos en contra de la niña”, refirió Orrantia.
También trabaja en el caso del departamento jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes son los representantes jurídicos, mientras que las organizaciones civiles son coadyuvantes para el caso.
