Ciudad Juárez.– “La Operación Lone Star y la colaboración transfronteriza entre Chihuahua y Texas han transformado la frontera de El Paso-Ciudad Juárez en un área de muerte y abusos sistémicos contra los derechos humanos”, esta es la premisa del reporte “Pain as Strategy” (Dolor como estrategia) del Hope Border Institute (Hope) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) con respecto a la situación que enfrentan las personas en movilidad en la región.
Las dos organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en el apoyo y protección de personas en migración en la región dieron a conocer en este informe los abusos que han documentado por parte de las autoridades texanas y mexicanas bajo los operativos en ambos lados del río Bravo. En particular abordamos el tema de los operativos texanos.
Antecedentes
Pese a que el gobierno federal estadunidense es el encargado de implementar las medidas de seguridad migratoria en las fronteras, desde marzo 2021, el gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, implementó “Operation Lone Star” (Estrella Solitaria), un operativo que despliega a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública Estatal (DPS) para endurecer el cerco en la frontera y las comunidades colindantes con México.
“En colaboración con su homólogo en México, Abbott también firmó un Memorando de Entendimiento con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, con el fin de trabajar colectivamente para detener los flujos migratorios hacia Texas en abril de 2022”, versa el informe.
Abusos y violencia sistemática
Entre mayo y junio de 2024, Hope Border Institute documentó en su clínica de atención a personas en movilidad abusos físicos y psicológicos provocados por agentes de Texas, desde golpes y lesiones menores hasta fracturas y lesiones permanentes en la población que busca asilo.
Para Dylan Corbett, director ejecutivo de Fondos de Hope, la implementación de Operation Lone Star implica un gran riesgo para las personas que buscan asilo, ya que Texas tiene mil 200 millas (más de mil 900 kilómetros) de frontera con México, esto significa que estas medidas tendrán mayores consecuencias sobre estos grupos vulnerables.
Además del alto costo que ha representado el operativo para los contribuyentes texanos, de unos 11 billones de dólares (11 mil millones) en tres años. “Las medidas que han implementado criminalizan a cualquier migrante, incluso a aquellos que buscan protección”.
“La Guardia Nacional es su propio ejército en la frontera, un ejército sin entrenamiento para tratar a personas que están migrando, ni en leyes federales e internacionales”.
Para el doctor Brian Elmore, Jefe Médico de la clínica Hope, cada cambio de estrategia en la frontera se ve reflejado en el tipo de lesiones que presentan las personas que buscan refugio en EU. Se han atendido desde lesiones menores hasta heridas con consecuencias permanentes.
En los últimos meses, las laceraciones leves hasta las que requieren hospitalización se han presentado en adultos y hasta menores de 8 años, además “ha habido un incremento en las fracturas de extremidades, traumatismos torácicos, esto es por asaltos, muchos por parte de agentes”.
Las personas tienden a proteger a sus familias en el bordo, a donde llegan con alto grado de desnutrición y deshidratación. “La Guardia Nacional de Texas dispara con frecuencia gas pimienta, botes y balas de goma a las familias presentes en estos campamentos. Los agentes de Texas alegan que recurren a esta práctica cuando los solicitantes de asilo intentan cortar o cruzar el alambre de púas”. De este tipo de casos registró 25 atenciones por heridas de bala de goma en dos meses (de mayo a junio de este año), disparos realizados por la Guardia Nacional de Texas.
El abuso que sufren las personas que buscan asilo inicia cuando salen de sus países de origen, luego el trayecto, que normalmente es ofrecido por grupos criminales, al llegar a esta frontera ya han pasado por todo esto y luego enfrentan otro obstáculo, el cerco militarizado en la frontera, acompañado de la violencia en Ciudad Juárez.
En el recuento de la clínica Hope, además de los 25 lesionados por disparos y gas pimienta, se suman tres menores y cinco adultos lesionados por los alambres de púas, dos madres y dos menores con traumas psicológicos y emocionales por separación forzada en el cerco de púas y numerosos casos de deshidratación y desnutrición por falta de atención de los agentes texanos.
Sin embargo, un mayor riesgo para la integridad de las personas en movilidad son las persecuciones de los agentes texanos en vialidades de alta velocidad en El Paso que ya han ocasionado muertes por atropello. “Hay mucho dolor en nuestras comunidades y hay que hablar de ello”, agrega el doctor.
El caso de Julio
Julio es un venezolano que fue golpeado brutalmente por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando intentó saltar de un de tren de carga en Chihuahua. “Los agentes le rompieron el brazo y le provocaron múltiples heridas en el cuerpo”. Pese a esto, prosiguió con su intento de buscar asilo en EU, al enfrentar el cerco de púas decidió acampar en el bordo y luego intentar cruzar. “Los agentes de Texas le dispararon bolas de pimienta y Julio volvió a caer a la orilla del río. Como resultado, se rompió la clavícula, una fractura grave”. Finalmente Julio pudo cruzar, pero con heridas con secuelas de por vida. Este caso fue incluido en el reporte.
Represión del INM entre Chihuahua y Juárez
Por su parte, Blanca Navarrete, directora de DHIA, dice: “hemos estado documentando en Juárez, una política de castigo donde hay continuos abusos que son atribuibles al INM, pero también a otras agencias y a grupos del crimen organizado o de la delincuencia común que han estado aprovechando el contexto de la impunidad que tenemos en la frontera”.
Entre los abusos documentados, se pueden destacar muchas irregularidades en los retenes de revisión, como Precos, y uno en particular en Durango, antes de llegar a Chihuahua, en donde las personas de otros países son detenidas y llevadas a bodegas en donde quedan incomunicados hasta no pagar un tipo de “rescate”, algo que se puede denominar como un “secuestro exprés”, en donde personas uniformadas de diferentes agencias están involucradas, de acuerdo con el testimonio de algunas de las víctimas, quienes no denuncian de manera formal debido al miedo a represalias a su integridad y la de sus familias.
Otros de los atropellos a los derechos humanos de estas personas por parte de agentes del INM se han registrado en operativos en donde menores están presentes con sus padres o tutores y no se siguen los protocolos establecidos para protegerlos y canalizarlos a la Procuraduría del menor (DIF-estatal). “Tienen derecho a una visa por razones humanitarias y ese derecho se extiende a los adultos, para ello el INM les debe emitir un oficio legal de estancia con una validez de al menos 30 días y posteriormente a ello tiene que hacer una canalización a la procuraduría de protección a la niñez para que determinen cuál es el interés superior de cada niña o niño. En lugar de ser canalizados a esta procuraduría son remitidas al estado de Tabasco”.
“En junio un camión con migrantes en donde había menores, fue remitido al sur sin que el INM hiciera el reporte ante la FGR ante un posible caso de trata (tráfico de personas), tampoco se permitió que las personas tuvieran contacto con las autoridades consulares, ni que las personas tuvieran atención médica”, comparte Navarrete.
“No podemos permitir que la violencia sea utilizada como un mecanismo de control migratorio porque esto no está teniendo solo alto costo para las víctimas, sino también para nuestras comunidades fronterizas”.
Más allá del reporte
La coalición entre los cuatro principales cárteles mexicanos, las autoridades del INM y la Guardia Nacional, además de las políticas militarizadas en la frontera son las fuerzas en que convergen las personas más vulnerables, las que buscan un refugio o asilo en Estados Unidos.
El reporte hace una serie de recomendaciones a los poderes Ejecutivos federales de ambos países, entre los que se destaca: ofrecer a los solicitantes de asilo seguridad humanitaria, reformar los programas de migración legal, creando uno de migración laboral. En el caso de México, investigar los actos de corrupción en el INM y la Guardia Nacional, terminar con arreglos donde se permiten las deportaciones de personas de otras nacionalidades a este país y crear nuevos acuerdos en materia de migración en donde se privilegie el respeto a los derechos humanos.
Se destaca en conclusiones que los acuerdos y operativos de los gobiernos estatales entre Texas y Chihuahua han sido altamente graves en materia de seguridad y dignidad humana en la frontera.
El reporte completo puede ser consultado en: https://www.hopeborder.org/_files/ugd/e07ba9_1ef77e8068b24ab7bf55ff6236c1850d.pdf
