Quito.– Reclusos de la cárcel Regional, en Guayaquil, se amotinaron el miércoles a pesar de que el centro penitenciario se encuentra bajo control de los militares y en medio de un estado de excepción dispuesto por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
A pesar de las permanentes requisas de las autoridades, en las que se suelen incautar armas, municiones, explosivos y equipos tecnológicos, los reclusos iniciaron una transmisión en vivo por redes sociales a primeras horas de la noche, en la que se pudieron ver colchones quemados, gritos y explosiones. Poco después la policía cerró una vía cercana a la prisión.
Un comunicado publicado en el chat del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, confirmó “una revuelta interna por parte de un grupo”, aunque el organismo aseguró que se había recuperado el control del 80% del recinto, sin precisar la presencia de muertos o heridos.
Las autoridades activaron los protocolos de seguridad “para neutralizar la situación”, añadió el comunicado.
Horas antes, la ministra de Gobierno Mónica Palencia declaró al canal Teleamazonas que “las fuerzas armadas están en total control en más de 10 centros penitenciarios” y mantienen el control en zona primaria de otras instalaciones.
A partir de 2021, los grupos criminales desataron una ola de violencia en Ecuador que se extendió desde las cárceles, donde se produjeron reiterados motines que solían terminar con brutales masacres, hacia la sociedad con delitos como asesinatos secuestros y extorsiones que mantienen en vilo a la población civil.
Después de que dos prominentes cabecillas de bandas delictivas escaparon de prisión a principios de diciembre y de que un grupo de hombres armados tomó un canal de televisión durante un programa en vivo, el presidente Noboa decretó el estado de excepción que restringe algunos derechos con el fin de hacer frente a la violencia que azota al país. Inmediatamente después, el mandatario decretó el estado de conflicto armado interno con el objetivo de permitir la acción conjunta de militares y policías en contra de las organizaciones criminales.
En abril de 2023, 12 reclusos murieron durante los disturbios que se registraron en una cárcel de Cuenca. En julio del mismo año, otros 31 presos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral —la más peligrosa del país— donde meses después fueron asesinados seis vinculados al magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Desde 2021 se han registrado más de una decena de violentos enfrentamientos en las cárceles del país, los cuales han dejado cerca de medio millar de reclusos asesinados.
