Chihuahua.– En su informe de actividades, Myriam Hernández presentó el segundo eje denominado “Justicia cerca de ti”.
“En Chihuahua, los medios alternativos de solución de conflictos han tenido una gran eficiencia en el sistema de impartición de justicia, mejorando aspectos tan relevantes para la ciudadanía como, el ahorro de tiempo y recursos, por lo que se ha incorporado como nueva herramienta la facilitación privada, que busca realizar un esfuerzo conjunto con las y los abogados de nuestro estado, como mediadores privados para construir una cultura de paz en la sociedad chihuahuense”, destacó.
Informó que fueron habilitados dos juzgados coadyuvantes en materia familiar en los distritos judiciales Morelos y Bravos, a efecto de que los divorcios por mutuo consentimiento tuvieran una atención especial, lo que ha permitido eliminar carga laboral a los juzgados en este ramo, eficientando con ello los tiempos para dar cumplimiento a lo establecido respecto a los principios de celeridad y economía procesal.
“Trabajando en equipo, se realizó el foro denominado “Hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, el cual, bajo la coordinación del Senado de la República y este Poder Judicial, en que se analizó el proyecto de ley con la finalidad de aportar la experiencia chihuahuense en esta materia”, dijo.
Destacó que el Instituto de Defensoría Pública obtuvo la liberación de 14 internos que por razones económicas no alcanzaban los beneficios preliberacionales.
“Labor importante la que realiza el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, la cual marca la diferencia. Con acciones concretas han sido llevadas a cabo para dotar de especialistas en lenguas indígenas, extranjeras y lenguaje de señas. Desde audiencias hasta notificaciones, cubrimos el 100 por ciento de la demanda judicial, garantizando acceso equitativo para todos”, agregó.
El trabajo de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género que interviene directamente en los procedimientos que involucran a mujeres y menores en estado de vulnerabilidad por situación de violencia de género, la cual ha gestionado la impartición de talleres con la finalidad de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos judiciales en diversos temas relacionados para que se juzgue con perspectiva de género.
