LUEGO de su gira de trabajo por CDMX, este jueves se espera la visita de la gobernadora Maru Campos por la frontera más fabulosa del mundo para sostener una agenda que entre otras cosas incluye la apertura de la oficina de Licencias en El Mezquital y el encendido del pino navideño del Parque Central.
La apertura del módulo de Licencias, junto con el complejo de oficinas del Gobierno del Estado, representa un avance significativo hacia la descentralización de los servicios públicos en Ciudad Juárez. Este proyecto no solo refleja una inversión importante de 67 millones de pesos, sino también el compromiso de las autoridades estatales por acercar los servicios esenciales a las comunidades que más los necesitan.
El sector surponiente, históricamente rezagado en términos de acceso a trámites y servicios, se beneficiará directamente de esta infraestructura que promete atender a más de 32 mil contribuyentes y facilitar trámites esenciales como la expedición y renovación de licencias de conducir, así como servicios del Registro Civil, Recaudación de Rentas y el Registro Público Vehicular (Repuve). Este esfuerzo evitará largos traslados para las familias de la zona y reducirá el tiempo y los costos asociados con realizar trámites en oficinas más alejadas como el módulo de Pueblito Mexicano.
La estrategia de descentralización no solo responde a una necesidad práctica, sino también a un enfoque de equidad.
Por otro lado, la Navidad llegará al Parque Central, con el encendido del tradicional pino, marcando con ello, el inicio de las festividades y de la Villa Navideña que se instaló en el lugar, que entre otros atractivos incluye un tobogan y pistas de hielo. La ceremonia está agendada para las 5:00 pm.
LA SUSPENSIÓN temporal de la construcción de los puentes sobre la avenida Vicente Guerrero, derivada de la revisión por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pone de manifiesto el eterno dilema entre el desarrollo urbano y la preservación cultural. Este proyecto, respaldado con firmeza por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y señalado como una demanda histórica de la comunidad, enfrenta ahora el escrutinio de autoridades federales y la oposición de ciertos sectores ciudadanos.
El alcalde ha reiterado que este es un proceso estrictamente federal, enfatizando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a Ferromex detener las obras mientras se resuelven las inquietudes sobre el impacto del proyecto. Aunque Pérez Cuéllar asegura que los recursos asignados no están en riesgo.
Los puentes propuestos buscan responder a necesidades urgentes de movilidad y conectividad, principalmente en una zona cada vez más caótica por el paso del tren. Sin embargo, la inquietud deriva en temas de la preservación de aspectos culturales e históricos que podrían estar en juego.
La intervención del INAH no debe interpretarse como un obstáculo al progreso, sino como una oportunidad para garantizar que las obras se realicen de manera más responsable y respetuosa con el patrimonio cultural de Ciudad Juárez.
El desafío ahora es doble: garantizar que el proyecto avance de manera transparente y que se respete el marco legal que protege el patrimonio nacional.
La pausa en la obra puede parecer un retroceso, pero también es una oportunidad para corregir. Si el proyecto logra integrar las preocupaciones de los opositores y garantizar el respeto al patrimonio, será posible avanzar hacia una solución que combine progreso y preservación, demostrando que ambas metas no son incompatibles, sino complementarias.
CIUDAD JUÁREZ recibirá más de 25 mil millones de pesos (mmdp) en inversión pública, como parte del Paquete Económico 2025, con lo que se superaría el presupuesto de 20 mil mdp correspondiente al presente año. Al menos así lo explicó el secretario de Hacienda, Pepe Granillo.
Y es que solo en Ciudad Juárez, las participaciones federales y aportaciones incrementaron 600 mdp, al pasar de 5 mil 232 mdp a 5 mil 986 mdp, lo que también permitió aumentar el recurso destinado para la frontera.
Esta asignación se enfoca en áreas fundamentales como salud, seguridad pública y educación, sectores que no solo son prioritarios, sino indispensables para mejorar la calidad de vida de los juarenses y transformar su entorno.
Según lo dicho por el secretario de Hacienda, para el sector salud, se destinarán más de 2 mil mdp, lo que incluye el presupuesto de la Secretaría de Salud, Servicios de Salud, Instituto Chihuahuense de la Salud y Pensiones Civiles.
En cuanto a seguridad pública, se asignarán mil 900 mdp para Juárez, además se destinarán más de 5 mil 300 mdp en servicios educativos.
Juárez continúa enfrentando retos significativos en materia de violencia y delincuencia. Esta inversión debe traducirse en estrategias efectivas, equipamiento adecuado para las fuerzas de seguridad y programas preventivos que generen un impacto real y duradero en la tranquilidad de las comunidades.
El Paquete Económico 2025 ofrece una oportunidad importante para que con voluntad se pueda apoyar a Ciudad Juárez. Pero para que esta visión se materialice, será indispensable la colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil.
Por lo pronto, el Paquete Económico 2025, entregado al Congreso del Estado desde el pasado 29 de noviembre, continúa en su etapa de análisis para su posterior aprobación.
EN LAS COMISIONES unidas de Justicia y de Estudios Legislativos han aprobado las leyes secundarias de la reforma judicial, un paso trascendental que ha desatado un acalorado debate en el Senado y sin duda, en la opinión pública.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas buscan, en teoría, armonizar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial con los principios constitucionales. Sin embargo, las profundas divisiones entre las fuerzas políticas reflejan la complejidad de esta reforma y sus posibles implicaciones para la justicia en México.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, dijo que estos dictámenes tienen por objeto armonizar las leyes con la reforma constitucional al Poder Judicial, por lo que el decreto por el que se expide la Ley Orgánica permitirá establecer las normas, estructura, integración, funcionamiento y competencia de los órganos que componen dicho Poder.
En tanto, la Ley de Carrera Judicial, especificó, se ajusta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que garantiza el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación.
Respecto al dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Corral Jurado refirió que se adicionó como criterio el de la buena administración, así como las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos códigos de conducta.
Por un lado, la mayoría parlamentaria encabezada por Morena, el PVEM y el PT argumenta que estas reformas son un paso esencial para construir un Poder Judicial más democrático, transparente y cercano a la ciudadanía. Sin embargo, la oposición, representada por PAN, PRI y MC, plantea serias objeciones. Sus líderes denuncian que esta reforma no solo no resolverá los problemas estructurales del sistema de justicia, sino que además representa un peligroso intento de concentración de poder. Señalan que el control que Morena podría ejercer sobre la elección de juzgadores compromete la independencia del Poder Judicial, una condición indispensable en cualquier democracia funcional.
El debate no solo es técnico, sino profundamente político. El reto está en la implementación de estas reformas. México no puede permitirse un Poder Judicial débil ni subordinado.
