EL ANUNCIO sobre el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento en Chihuahua ha desatado como lo hemos señalado, un fuerte rechazo por parte del sector empresarial. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), junto con otros organismos como Canacintra, Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, en Juárez y la Capital, han levantado la voz para señalar que esta medida no solo es un golpe para los generadores de empleo, sino también un riesgo para la estabilidad económica de la región.

Elizabeth Villalobos, presidenta de Canaco Juárez, argumentó que este aumento representa una “carga insoportable” para los empresarios, especialmente en una ciudad como Juárez, donde se pagan sueldos más altos que en el resto del estado. Sumado al incremento del 12 por ciento al salario mínimo, las empresas no solo enfrentan mayores costos laborales, sino también un alza en las cuotas obrero-patronales del IMSS e Infonavit. Estos factores, según la líder empresarial, generan un efecto cascada que terminará encareciendo los productos y servicios, lo que a su vez impactará directamente al consumidor final y alimentará la inflación.

Los empresarios, sugieren explorar otras fuentes de ingresos antes de gravar aún más al sector formal. Una de estas propuestas incluye redirigir los recursos destinados al Ficosec, que representan 340 millones de pesos, y atacar el problema del comercio informal, un sector que opera al margen de las obligaciones fiscales pero que también se beneficia de las obras de infraestructura pública.

Luego de escuchar precisamente esta semana en Juárez al secretario de Hacienda, José Granillo sobre esta propuesta, los empresarios no descartan la posibilidad de tener que recurrir a recursos legales como el amparo en caso de aprobarse la medida. De momento, el análisis permanece en el Congreso del Estado.


CON MOTIVO precisamente del análisis del paquete económico 2025, el próximo lunes, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, comparecerá ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública para explicar los detalles del paquete fiscal 2025.

La próxima semana será de mucho trabajo para el legislativo, con el desfile de funcionarios que estarán presentándose en el Congreso para resolver diferentes inquietudes con respecto a los presupuestos del próximo año, desde el ámbito fiscal hasta los sectores de salud, seguridad, derechos humanos y desarrollo social, los temas a discutir no solo abarcan cifras, sino prioridades, estrategias y el impacto real de las políticas públicas en la vida de los chihuahuenses.

El formato establecido para estas reuniones será con tiempos limitados para exposición, preguntas y respuestas.

Según la información dada a conocer el lunes, junto a Granillo, estaría compareciendo el secretario de Salud, Gil Baeza. El martes, se estaría presentando el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, así como la titular del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta y el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para el miércoles, se prevé participación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el IEE; el Tribunal Estatal Electoral y el titular de la SSPE, Gilberto Loya; también el ICHITAIP y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera.

Las comparecencias continuarían el jueves con el DIF estatal; el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña. Mientras que el viernes tocaría el turno a Rogelio Fernández Irigoyen del Fideicomiso de Puentes Fronterizos; Roberto Fierro Duarte de la Secretaría de la Función Pública; el ICHMUJERES; FICOSEC y FECHAC, si es que no hay cambios de última hora.

La rendición de cuentas no debe limitarse a estas comparecencias. La transparencia debe ser un principio rector en todo el ciclo presupuestal, desde la planeación hasta la ejecución y evaluación de los programas.


NO DEBERÍA CAUSAR sorpresa una próxima visita del canciller, Juan Ramón de la Fuente al estado de Chihuahua y particularmente a la frontera durante la gira de trabajo que el funcionario federal mantiene por varios consulados de los Estados Unidos.

El canciller mexicano, busca agilizar la puesta en marcha de acciones destinadas a atender mejor a los mexicanos que pudieran verse afectados por las deportaciones anunciadas por Donald Trump, quien asumirá como presidente en enero.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la gira para visitar consulados en Estados Unidos, se sumará a los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación para coordinarse con los estados fronterizos.

La presidenta anunció que desde el Gobierno Federal se va a hablar con los gobernadores de la frontera porque, si se llegan a dar estas deportaciones, hay que estar preparados para recibir bien a los connacionales.

Precisamente el jueves, De la Fuente tuvo la primera visita de trabajo al Consulado General en Dallas, Texas. Ahí, el funcionario encabezó diversas reuniones para fortalecer la estrategia de atención y protección integral que se brinda a través de la red consular a los mexicanos radicados en este país.

En este sentido, informó que la próxima semana comenzará el proceso de digitalización de algunos de los servicios que más se demandan en los consulados como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, lo cual permitirá brindar un mejor servicio a los connacionales.

El canciller se reunió con los once cónsules del país radicados en el estado de Texas, Oklahoma y Albuquerque. Por lo que no descarte que durante la gira, en próximos días se deje ver por la representación de la SRE en El Paso.

Y es que desde el Gobierno Federal, se prevé que el impacto de las deportaciones masivas no se limite a las familias afectadas, pues las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos, que alcanzaron un récord de 63 mil millones de dólares el año pasado, también se encontrarían en riesgo.

Sin embargo, esta situación también abre una ventana de oportunidad para que México replantee su política migratoria y laboral. Más allá de reaccionar ante la crisis, el gobierno debe trabajar en generar empleos dignos y en fortalecer las condiciones que permitan a los deportados reconstruir su vida en el país.


MOMENTOS DE TENSIÓN los que se vieron ayer en el Senado de la República, cuando lamentablemente, el pleno, se convirtió en escenario de enfrentamientos, insultos y hasta amenazas entre los legisladores.

Lo que debía ser un debate técnico y respetuoso sobre las leyes secundarias de la Reforma Judicial terminó en un espectáculo de empujones y acusaciones cruzadas, exhibiendo el deterioro del diálogo político en nuestro país.

Y es que durante las discusiones de las leyes secundarias, el senador panista Mario Vázquez subió a tribuna para hablar contra la elección de juzgadores y, de paso, criticó al ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez por votar las reformas morenistas.

Lo anterior, terminó por calentar los ánimos y tanto el senador Yunes, como el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López se acercaron a la bancada panista para pedir disculpas, y ya se imaginará cómo terminó el asunto.

Obviamente para evitar que el asunto escalara tuvieron que intervenir otros legisladores para mediar, mientras que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña llamaba a la cordura y al orden.

Luego del episodio, el senador panista Mario Vázquez Robles, denunció públicamente haber sido agredido física y verbalmente, además de recibir amenazas de muerte, acusaciones gravísimas por cierto y que no deberían tener cabida en un recinto como el Senado.

Los ciudadanos esperan que sus representantes discutan y tomen decisiones basadas en argumentos sólidos y en el bienestar de la nación, no en descalificaciones personales ni agresiones físicas. Cada minuto perdido en este tipo de confrontaciones es un minuto robado al progreso y a las soluciones que tanto urge la ciudadanía.

Además, esta situación refleja cómo las reformas judiciales, un tema crucial para garantizar la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia en México, han sido envueltas en una lucha de poder que eclipsa su verdadera importancia.

El Senado debe ser un espacio de debate libre y civilizado, no una arena de violencia y amedrentamiento.

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