LA PROPUESTA de eliminar la vigencia de las licencias de conducir deberá ser analizada a fondo, conocer sus pro y contras, por lo que la nueva titular de la dependencia, Itzel Castillo recalcó la necesidad de que la medida se someta a foros de discusión con la participación de expertos.
Hay que recordar que desde el pasado 25 de septiembre, el Cabildo de Juárez aprobó un exhorto dirigido al Congreso del Estado, para que diputados reformen la Ley Estatal de Tránsito y se elimine la renovación de licencias de conducir, para que de esta forma, pasen a ser permanentes.
El tema ha generado un debate significativo, pues por un lado, la eliminación de la vigencia de las licencias de conducir podría representar un alivio económico y logístico para los ciudadanos. Los conductores ya no tendrían que renovar sus tarjetas periódicamente, lo que les ahorraría tiempo y dinero. Este beneficio es particularmente relevante en un contexto donde los trámites burocráticos suelen ser engorrosos y costosos.
Sin embargo, es fundamental considerar los riesgos asociados a esta medida. Las enfermedades degenerativas, como la diabetes, entre otras, pueden afectar significativamente la capacidad de una persona para conducir de manera segura. La renovación periódica de las licencias permite evaluar la aptitud física y mental de los conductores, garantizando así la seguridad vial.
De acuerdo con Castillo Rivas, es importante convocar a un foro con expertos y abrir el debate al público para considerar diversas perspectivas y experiencias, enriqueciendo el análisis y facilitando una decisión más equilibrada. Además, es prudente estudiar los resultados de medidas similares implementadas en otros estados del país, para aprender de sus experiencias y evitar posibles errores.
Se tendrán que revisar muy a detalle incluso los criterios para poder otorgar una licencia permanente, para que el trámite sea funcional tanto para automovilistas, como para autoridades.
LA SANCIÓN impuesta a la ex directora de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones, A.M.R.S., por la omisión en la transferencia de más de 364 millones de pesos en aportaciones recaudadas por la Secretaría de Hacienda durante el 2020, pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó y denunció esta falta ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que determinó la existencia de una falta grave de abuso de funciones. Como resultado, A.M.R.S. fue destituida e inhabilitada por tres meses.
El caso sin duda subraya la necesidad de un riguroso control y supervisión de los recursos públicos para garantizar que se utilicen de manera adecuada y oportuna.
Las transferencias extemporáneas de los recursos destinados a FICOSEC, FOSECH y la Cruz Roja, aunque finalmente realizadas, no cumplieron con los plazos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua. Este retraso, aunque no causó un daño patrimonial directo, sí refleja una falta de diligencia que puede socavar la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
Es fundamental que los funcionarios públicos comprendan la gravedad de sus responsabilidades y actúen con la máxima integridad. La gestión eficiente y transparente de los recursos públicos no solo es una obligación legal, sino también un pilar esencial para el desarrollo y bienestar de la sociedad.
EL ALCALDE de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha anunciado que el proceso de ratificación de los directores de las dependencias municipales continuará sin una fecha específica, optando por un enfoque de evaluación continua.
Hasta ahora, se ha ratificado a la tesorera Dayira Fernández y a la oficial mayor Angélica Alarcón, que se suman a los nombramientos oficiales de Héctor Ortiz Orpinel como Secretario del Ayuntamiento; Enrique Licón como coordinador de Administración y Control de Proyectos; Tania Maldonado en la Dirección de Desarrollo Económico, entre otros.
Este enfoque de revisión permanente, en lugar de una ratificación en una fecha fija, da un mensaje de que al menos en la administración municipal, sí se va a revisar a fondo el tema de los resultados obtenidos para que se quede quien se tenga que quedar.
Al evaluar el desempeño de cada dependencia de manera continua, el alcalde busca asegurar que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera efectiva y eficiente.
La decisión de no establecer una fecha límite para la ratificación permite un análisis más detallado y menos apresurado del desempeño de cada área.
Es importante que los encargados de despacho continúen trabajando diligentemente, incluso si aún no han sido ratificados oficialmente. La instrucción del alcalde de seguir adelante con las labores diarias garantiza que los servicios municipales no se vean interrumpidos y que la administración siga funcionando sin contratiempos.
