En la historia de México, el crimen organizado nunca había tenido tanto control territorial y presencia en la vida pública como en los años que lleva el gobierno del presidente López Obrador.
La explicación es la estrategia adoptada por este gobierno, que se centra en dos grandes postulados que constantemente repite el presidente, para dar línea a su gobierno y para que escuche el crimen organizado.
El primero sostiene que no se debe de usar la violencia legítima del Estado, para combatir al crimen organizado, porque la violencia genera más violencia, y el segundo es que al crimen organizado hay que “dar abrazos y no balazos”.
De parte del presidente, detrás de estos grandes postulados que sustentan su estrategia de seguridad, pareciera estar el deseo de volver a los tiempos de la “pax narca” del PRI, partido en el que se formó y militó por 14 años.
La “pax narca” consistía básicamente en la existencia de un acuerdo implícito entre el crimen organizado y el gobierno que implicaba en que éste dejaba a los delincuentes un amplio espacio de acción a cambio de no utilizar la violencia de manera generalizada.
La “pax narca” se rompió el 10 de diciembre de 2006 con la de declaratoria de guerra del presidente Calderón y la situación cambia de tal manera que ya no existen condiciones para regresar a ella, como se lo propone López Obrador.
El pasado 30 de mayo en su comparecencia mañanera dijo que el crimen organizado, en los retenes que ponen en las carreteras del país, “respetaba” a los empleados de la Secretaría de Desarrollo, conocidos como los Siervos de la Nación.
La afirmación del presidente implica el reconocimiento de que el crimen organizado controla espacios del territorio nacional, que incluye vías de comunicación, y es quien decide si se puede o no pasar por ese camino.
Lo dicho por el presidente tiene dos interpretaciones: que acepta la presencia creciente del crimen organizado como una realidad irremediable con la que debe vivir. Ante esta no hay nada que hacer.
Qué hay un acuerdo implícito con el crimen organizado, en el marco de la estrategia presidencial de seguridad, que permite, entre otras cosas, a los empleados del gobierno el tránsito libre por los espacios bajo control de los delincuentes.
Y que Morena, el partido del gobierno, recibe, a cambio, favores del crimen organizado en los procesos electorales como se ha hecho evidente por lo menos en ya una decena de elecciones para gobernador.
En lo que queda de este sexenio, que son 16 meses, todo indica que la presencia territorial del crimen organizado seguirá creciendo y también que Morena tiene su apoyo en las distintas elecciones de 2024.