Orlando.- El fiscal federal Roger B. Handberg anunció la imputación de seis individuos acusados de tráfico ilegal de armas de fuego en Estados Unidos, destinados a cárteles de la droga en México.
Entre los acusados se encuentran Ángel Velázquez Delgado, señalado como líder de la operación, junto a Jesús Hernández, Edgar Jiménez, Jesús Paulino, Jonathan Borja y Jesús Andrés. Las penas a las que se enfrentan van de 10 a 40 años de prisión.
Según los documentos judiciales, la investigación fue iniciada en mayo de 2023 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en el Distrito Medio de Florida, tras detectar la venta de armas de alto calibre a los cárteles. Se descubrió que los acusados compraban rifles y otros equipos bélicos en Estados Unidos, los cuales posteriormente fueron traficados hacia México.
Entre las armas involucradas se incluyen 11 rifles Barrett calibre .50, capaces de penetrar vehículos blindados, aeronaves y chalecos antibalas, así como 16 rifles FN M249S, armas semiautomáticas que pueden modificarse fácilmente para funcionar como ametralladoras. Estas armas fueron adquiridas en Florida y Georgia sin las licencias requeridas, a cambio de pagos en efectivo o narcóticos. Posteriormente, fueron transportadas a México para ser utilizadas por los cárteles en sus operaciones criminales.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 22 de marzo de 2023, cuando un rifle Barrett calibre .50, comprado por Jesús Hernández, fue utilizado durante un enfrentamiento entre la Policía Estatal de México y miembros de un cártel en Michoacán. El tiroteo dejó dos muertos, y las autoridades lograron rastrear el arma a través del programa de notificación de recuperación de armas eTrace.
Para dificultar la labor de las autoridades, la organización también se dedicó a eliminar los números de serie de las armas traficadas, complicando el rastreo de su origen.
El fiscal Handberg subrayó la importancia de la investigación, indicando que la lucha contra el tráfico de armas y los delitos violentos sigue siendo una prioridad para su distrito. "Estos individuos pusieron en peligro la seguridad pública al armar a peligrosas organizaciones criminales en México", declaró.
Este caso ha sido procesado bajo las nuevas disposiciones penales de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, promulgada en junio de 2022, que endurece las sanciones para el tráfico de armas. La investigación fue realizada a cabo por diversas agencias federales, incluyendo la ATF y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y será procesada por los fiscales federales Rachel Lyons y Noah Dorman.