Las mujeres que se encuentran en reclusión por haber cometido un delito son minoría en los sistemas penitenciarios mexicanos, representan el 5.4 por ciento de la población total de las cárceles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, viven un impacto diferenciado de la prisión, debido a su condición de género.
De acuerdo con información de la organización no gubernamental Documenta, formada por un equipo de abogados, investigadores, psicólogos, comunicólogos y cineastas, en México hay unas 255 mil 638 personas en el sistema penitenciario, de las cuales 13 mil 200 son mujeres y de ellas, nueve de cada 10 son madres de familia.
Documenta se dedica a investigar y difundir temas para el fortalecimiento del sistema de justicia y la construcción de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El Centro de Rehabilitación Social (Cereso) para mujeres en Chihuahua tiene una población aproximada de 205 internas que purgan condenas por diferentes delitos. Con ellas habitan seis niños y niñas, hijos e hijas de algunas de las reclusas. En el Cereso femenil No. 2 en Ciudad Juárez, se encuentran recluidas unas 260 mujeres y nueve de cada 10 son mamás.
De acuerdo con la fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el estado, Nora Angélica Balderrama Cano, “únicamente pueden vivir con sus mamás los menores que tengan hasta 3 años y es a elección de la madre que sus hijos se queden ahí”.
Explicó que muchas de las internas llegan embarazadas o se embarazan estando en prisión y algunas otras ya llegan con niños de menos de tres años.
Los centros penitenciarios para mujeres en el estado de Chihuahua tienen áreas especiales con Unidades de Atención Temprana, habilitadas y preparadas para los niños y niñas de madres en prisión. Dichas áreas fueron creadas con el apoyo del DIF estatal, con personal capacitado para apoyar a las reclusas en el cuidado de sus hijos, que incluye además una alimentación especial, detalló Nora Angélica.
Pese a esa atención elemental, la cárcel no deja de ser un lugar complicado para criar niños o niñas, admitió la funcionaria, sin embargo, es un derecho de toda mujer en prisión que el Estado Mexicano debe respetar.
Agregó que lo mismo ocurre en el caso de aquellas mujeres que deciden embarazarse aún estando en la cárcel, al recibir la visita de sus respectivas parejas, puesto que “estar privadas de la libertad no significa privarlas de su derecho de ser madres”.
Virus llega a las prisiones
La situación atípica y compleja derivada de la pandemia por el Covid-19, trajo también consigo una serie de necesidades de apoyo psicológico y contención emocional para las madres de la prisión.
La abogada Balderrama Cano indicó que existen áreas de atención especializada para atender dichas necesidades de las reclusas, a través de terapias y actividades en grupos. Sin embargo las medidas sanitarias han impedido brindar en forma normal el servicio.
Otro aspecto importante de las mujeres en prisión que son madres, es el de las personas que se convierten en las cuidadoras de sus hijos e hijas fuera, es decir, todas aquellas abuelas, tías, amistades o también padres, hermanos y otros que se vuelven responsables de la crianza de cientos de niñas, niños y adolescentes. Con frecuencia están las abuelas, quienes son las madres de esas mujeres en prisión y que se hacen cargo de sus nietos y nietas.
Es el caso de “Doña Juanita” (nombre ficticio para preservar la identidad de quien ofrece su testimonio). Con voz entrecortada explicó cómo ha cambiado su vida desde que su hija fue sentenciada a purgar una condena en prisión: “mi hija tiene cuatro hijos. El más grande tiene 10 años, otro 8; una tiene 6, es una niña con discapacidad y el más pequeñito tiene 4 años. Mi vida cambió drásticamente, desde que ella llegó a prisión. Yo me estoy haciendo cargo de sus niños. De la escuela, de sus alimentos, de todo… Mi vida cambió desafortunadamente no solo para mí, sino también para mis otros hijos. Y para mis nietos ha sido muy difícil tenerla encerrada. El trato con las autoridades ha sido bueno. Nos han tratado bien. No tengo queja de que nos hayan tratado mal. Pero en el círculo social de nosotros al principio sí nos señalaban. Nos criticaban, pero ya con el tiempo las cosas fueron cambiando. Ya nos hablan, en lo que cabe, bien. Y mi hija trabaja. Hace lo que puede y estudia ahí adentro. Es muy difícil tener una hija en prisión” .
“Estar privadas de la libertad no significa privarlas de su derecho de ser madres”Nora Angélica Balderrama, fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el estado
Buscan el indulto ante el Covid
La Red Seguridad, Justicia y Paz para todas las Mujeres envió en abril pasado a los gobiernos de las 32 entidades federativas y al Estado Mexicano una solicitud de indulto en atención y protección de los derechos humanos para las mujeres privadas de la libertad, derivado de la pandemia por el Covid-19 en el mundo.
La Red está conformada por organizaciones de la sociedad civil, activistas a título personal, académicas y ciudadanas y ciudadanos que simpatizan con las causas por los derechos de las personas.
El documento cita textualmente que: “en 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 58/183) insta a gobiernos, organismos e instituciones, a que prestasen mayor atención a la cuestión de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidos los hijos con el fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de abordarlos. Este primer paso derivó en la aprobación de las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes o Reglas de Bangkok, en 2010”.
Apelando a la recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, Ley de Amnistía, cuyo propósito según se dijo, era despresurizar 17 centros penitenciarios federales y 292 estatales para evitar la propagación de los contagios de Covid-19, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres propusieron decretar un indulto.
Llamaron: “razones humanitarias para las mujeres que se encuentran cumpliendo una condena”, en beneficio de mujeres que cumplan alguno de los siguientes perfiles: que sean madres con hijos menores de edad; embarazadas; con dependientes económicos; primodelincuentes; mujeres adultas mayores de 65 años o mujeres que no tenían armas al cometer el delito.
Pilar Déziga, investigadora internacionalista por el ITESM y socióloga por la UNAM, ha publicado algunos artículos donde describe que la mayoría de las mujeres están presas por delitos de bajo nivel o incluso, están en prisión preventiva, sin que se les haya dictado sentencia aún.
Defiende que las mujeres que son madres no pueden mantener relación con sus familias y padecen de la pérdida de lazos afectivos con sus hijas e hijos.
“Pareciera que a las mujeres privadas de su libertad nadie las ve y nadie se preocupa por ellas”, señala la investigadora en el artículo “Las invisibles de la pandemia: mujeres en prisión”, publicado en Animal Político.
Menciona, además, que para la Ley de Amnistía, “en el Congreso se discuten figuras como el indulto y la preliberación, aplicables al menos a 6 mil 200 personas sentenciadas. Y, en esas discusiones legislativas ¿cómo se discute el tema de las mujeres presas?”, pregunta.
‘Nueva normalidad’ y más restricciones
La fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el estado de Chihuahua, Nora Angélica Balderrama Cano, reconoció entonces que la nueva normalidad tendrá que llegar también a las prisiones y en las cárceles para mujeres, obviamente no serán la excepción.
“El restablecimiento del contacto entre las mujeres en prisión y sus familias tendrá que ser paulatino para así, gradualmente, recuperar las condiciones regulares de visitas”, explicó la funcionaria.
“La comunicación en realidad no se ha interrumpido porque hemos podido implementar en algunos caso, las videoconferencias para que las reclusas tengan unos minutos para poder conversar con sus seres queridos”, dijo.
En la etapa post Covid, las visitas familiares tendrán que mantenerse restringidas hasta garantizar al mínimo el riesgo de contagios. Los filtros sanitarios obligarán a extender los tiempos de revisión y pondrán a prueba, todavía más, la paciencia de las “madres de la prisión”, no sólo aquellas que viven en reclusión, sino aquellas cuyos hijos e hijas permanecen lejos de ellas y de la anhelada libertad.
