En 2019 se modificó la Constitución, para ampliar la lista de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa, que equivale, por la vía de los hechos, al arresto automático sin que existan acusaciones y pruebas sólidas.
La nueva medida disparó el número de las personas presas en las cárceles del país. De acuerdo a Intersecta, organización sin fines de lucro, a partir de entonces, el porcentaje de detenidos en prisión preventiva pasó del 30 por ciento al 42 por ciento en el 2021.
En lo que va de 2022 ha habido un promedio de 225 mil 628 personas privadas de la libertad, el 41 por ciento ha sido sujeta de la prisión preventiva. Así, un promedio de 93, 227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas.
Para diciembre de 2018, al término del gobierno de Peña Nieto, el 37.5 por ciento de los hombres estaba en prisión preventiva, pero para junio de 2022, en el gobierno de López Obrador, eran ya el 40.2 por ciento.
De diciembre de 2018 a junio de 2022, las mujeres en prisión preventiva pasaron del 44.7 por ciento, al 50.9 por ciento. A partir de julio de 2020, las mujeres en esa condición siempre representan más del 50 por ciento.
A quien más afecta este sistema, que ha sido denunciado por organismos nacionales e internacionales como violatorio de los derechos humanos, es a las mujeres y a los pobres.
Los datos arrojan que quienes se encuentran en prisión preventiva son en el 54.1 por ciento de los casos, personas menores de 35 años. Están sobrerrepresentadas quienes tienen menor escolaridad.
En seis de cada 10 casos, sus ingresos mensuales eran de 7 mil 500 pesos, que equivale a menos de dos salarios mínimos de 2021. Y una cuarta parte tenía ingresos de menos de 3 mil pesos, inferior al salario mínimo de ese año.
Para hacer todavía más grave la situación a esto se suma que ocho de cada 10 personas tenían dependientes económicos de manera previa a su reclusión. Sus familias quedan desprotegidas.
Desde 2000, los años de mayor registro de muertes de personas privadas de la libertad son 2020 y 2021. En estos dos años, mil 859 personas privadas de la libertad perdieron la vida, de ellas 510 estaban en prisión preventiva. Es decir: tres de cada 10 personas que fallecieron en estos años no tenían, una sentencia.
Las personas que están en prisión preventiva viven distintas carencias y situaciones de violencia. No se les garantiza el acceso a artículos básicos, productos de gestión menstrual, medicamentos ni atención médica en los centros penitenciarios.
Y en las cárceles viven situaciones de violencia como robos, lesiones físicas y violencia sexual. Los estudios muestran que la violación en la cárcel es cuatro veces más común que a nivel nacional para las mujeres y trece veces más común para los hombres en prisión preventiva.
El presidente, a pesar de toda la evidencia, defiende la Prisión Preventiva Oficiosa, que sobre todo afecta a las mujeres y los más pobres.
Con todo lo que tiene a mano, entre otras cosas amenaza y presiona a los ministros de la SCJN, que no apoyan su decisión de violentar los derechos humanos. Se dice, con todo, que es un humanista.
(Texto elaborado a partir de Prisión preventiva oficiosa: datos para la discusión, Haydeé Gómez, Adriana E. Ortega, Regina Isabel Medina y María Fernanda Torres, Nexos, 1 de septiembre, 2022. Son integrantes de Intersecta, Organización de la Sociedad Civil) Se puede ver en: https://bit.ly/3RgWvnc