La denominada ley garrote que reforma el Código Penal de Tabasco, todo indica que está hecha a la medida, pues sanciona hasta con casi 20 años de cárcel las manifestaciones públicas que impidan la continuidad de los trabajos de obras públicas o privadas o que pretendan imponer cuotas para poder transitar, también la sanción se endurece en caso de que se utilicen niños en la manifestación. Y posiblemente algunos dirían que es bueno que por fin se atiendan esas manifestaciones que se dan por decenas en muy diversas parte de nuestro país, dado que las afectaciones le pegan más fuerte a la población en general, que nada tiene que ver con sus asuntos, pero eso no lo contempla.
Por supuesto que también está el tema del derecho de manifestación, nada más que recordemos que un derecho termina donde comienza el del vecino, esto es, no se puede garantizar un derecho que violenta otro, lo malo es que eso no lo van a legislar, pues se echarían encima al pueblo bueno y sabio, sobre todo porque ya ve que son muy comunes las manifestaciones de la Cd. de México que bloquean incluso por semanas o meses importantes avenidas en una urbe que padece de enormes problemas de movilidad pese a contar con importantes medios de transporte como el metro y demás sistemas que funcionan en aquella localidad, los cuales son de bajo costo sobre todo si lo comparamos con lo que nos cuesta a los que vivimos en Juárez el tomar un taxi o la ruta, aunado a que están en mejores condiciones.
Así que el derecho al libre tránsito a todo mexicano por territorio nacional, pese a que se consagra en la Constitución, la realidad es que las organizaciones de toda índole no lo respetan, pero por su parte la autoridad tampoco lo hace respetar, ni tiene la intención de hacerlo, y la verdad no se entiende el por qué, ya que tanto ciudadano es uno como el otro, se supone que no hay mexicanos de primera y de segunda, sino que ante la ley todos somos iguales y se nos deberían garantizar nuestros derechos; claro siempre y cuando cumplamos con las obligaciones, pues es obvio que si cometemos un delito, tenemos derecho a un juicio justo, pero si somos culpables, perdemos otros derechos, principalmente a la libertad.
Por lo que si usted pensaba que se regularían las protestas, plantones y manifestaciones, olvídelo, eso solo es para el propio gobierno y las obras privadas que estén autorizadas, todos los demás no, es decir la población en general, así que seguiremos padeciendo los bloqueos con las consecuencias naturales, como el descuento del día de trabajo perdido o el bono por llegar tarde, la falta del alumno a la escuela, la no impartición de clases por que los maestros están en plantón permanente, violando flagrantemente el Interés Superior de la Niñez, el no llegar a tiempo a alguna cita importante y demás perjuicios que nos ocasiona, el que se respete el derecho a la manifestación de unos, pero que el ejercicio de ese derecho violente el nuestro al libre tránsito.
De ninguna forma pretendo que se prohíban las manifestaciones por tratarse, precisamente de un derecho, pero que, por lo menos, se reglamenten para evitar que el más afectado, como siempre, sea el ciudadano, pues también tiene o debería tener garantizados sus derechos, al menos esa es la idea…