La comunidad se estremeció con los dichos del abogado de Rosario Robles en relación a que buscará lo que se conoce dentro de la jerga jurídica penal como criterio de oportunidad, que es la facultad que tiene en este caso la Fiscalía General de la Republica (FGR) de no ejercer acción penal para que la exfuncionaria colabore con información relevante sobre la presunta participación del exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray en posible comisión de delitos electorales, y así obtener su libertad.
Como lo han mencionado medios de comunicación, la exfuncionaria de Sedesol, quien actualmente se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla, acusa al hoy exsecretario de haber desviado millones de pesos a las campañas presidenciales de Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade en el 2012 y 2018, respectivamente, sin embargo no se ha descrito las cantidades exactas, ni siquiera los posibles mecanismos que se instrumentaron para lograr dicho cometido.
Por lo pronto, estamos ante una nueva tendencia en la política mexicana representada en una falsa dicotomía del discurso anticorrupción, que enarbola la administración en turno en contra de gobiernos anteriores. Por un lado vemos la extradición de Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra bajo arraigo domiciliario y quien busca el mismo beneficio, por otro lado vemos al exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, recientemente detenido en un aeropuerto de Los Ángeles, California, devuelto a territorio nacional y buscando ser juzgado por las autoridades mexicanas, sin contar con la acusación que ha hecho la FGR en contra de Peña Nieto por delitos de traición a la patria y delitos electorales.
En este orden de ideas se evidencian dos cosas absolutamente detestables en la tragicómica política mexicana: vemos a dos individuos, Emilio Lozoya y Rosario Robles Berlanga, que al inicio reafirmaban su inocencia, y que ahora buscan desesperadamente un criterio de oportunidad que los libre de recibir una condena de más de 20 años de prisión, y también el posible involucramiento de funcionarios de alto nivel en delitos calificados como graves.
No debemos dejar pasar desapercibido la actitud de una Fiscalía supuestamente “autónoma” que se ha evidenciado timorata y contradictoria, que actúa más como agente secreta de los intereses del presidente en turno, que por hacer que paguen los verdaderos implicados en actos de corrupción del pasado: Lozoya en su casa, Cienfuegos, hasta el momento en libertad hasta que la FGR reúna elementos suficientes para formularle imputación, Peña Nieto con Tania Ruiz en España, y Robles Berlanga, a punto de salir de prisión. No cabe duda que lo que vemos es el interés temprano por unas elecciones que están próximas y que es necesario ganar popularidad.
Todavía está en “veremos” si el criterio de oportunidad peticionado por la defensa de Robles le será concedido, si a Cienfuegos lo juzgan ante la justicia mexicana, y si a Enrique Peña Nieto logra la Fiscalía una teoría del caso eficaz que lo vincule directamente con los delitos que le han señalado.
Claramente es que la lucha anticorrupción, bandera principal de la Cuarta Trasformación, no ha sido lo que muchos mexicanos hemos querido, ya que es más un discurso propio del gobierno que actos concretos. Si hay culpables que se les investigue y los presenten ante los Tribunales y punto. Lo que no se vale es que nos quieran ver la cara a millones de mexicanos, decepcionados de gobiernos sátrapas y populistas, sean del partido que sea.