La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, señalo que: “A partir del 13 de marzo comenzamos a ubicar una caída en el empleo formal, identificando que del 13 al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del 1 al 6 de abril que es el corte que tenemos al día de hoy, es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo”, dijo ayer y agregó que los seis estados con la mayor pérdida de empleo son Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, las cuales concentran el 56% del total de despidos.
La funcionaria federal aseguró que: “No existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria”, y ante tales declaraciones uno diría, mira que bien están defendiendo a los trabajadores, si, nada más que esa declaraciones no corresponden con la realidad de la actual situación, y es que, por un lado ese nivel de desocupación no es privativo de nuestro país, pues las más grandes económicas la están pasando igual o peor, por lo mismo, esa forma de informar lo único que hace, de nuevo y como lo han hecho en esta administración, enfrentar a los patrones con sus colaboradores, pues no se está tomando en cuenta que al no existir ingreso, simple y sencillamente no se puede ser solidario aunque se quiera.
Y tan es insostenible la afirmación de que: “No existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria” que ni siquiera instituciones públicas pueden con el paquete, es el caso del INEGI que está haciendo exactamente lo mismo que denuncia la joven secretaria del trabajo, pues de un plumazo y apoyado en la coyuntura de la pandemia por coronavirus, dio de baja sin justificación a los miles de encuestadores del censo de población y vivienda 2020, mismos que por supuesto, se manifestaron en días pasados frente a la delegación de la mencionada secretaria en Chihuahua capital, por lo que se tuvo un acercamiento con el INEGI en nuestra entidad y la respuesta que les dieron fue que eran órdenes directas de las oficinas centrales; pero no solamente incumplieron con el contrato previamente firmado, sino que además les cortaron el servicio médico del ISSSTE en medio de la contingencia de salud.
Y es que, como se recordara, debido a la pandemia por el Covid-19, el censo se canceló al no poder acudir los encuestadores casa por casa a levantar los datos. Pero si nos remitimos a lo que dijo la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde: “No existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria”, el INEGI está obligado a respetar un contrato y pagar lo que corresponde.
¿O para las instituciones públicas no aplica ese mismo criterio?, eso podría explicarlo todo, ya ve que las empresas productoras de cemento, acero y vidrio, cuyas actividades fueron consideradas como no esenciales, resulta que siempre si podrán seguir operando pero poquito, pues las entregas de materia prima a las obras faraónicas del gobierno federal, es decir; el aeropuerto, la refinería y el tren maya, esas se tienen que cumplir, pero solo para esos trabajos, no para el resto de obras, por ejemplo, de los gobierno de los estados o municipales; obviamente para las constructoras particulares tampoco, así que quizás con el INEGI, ni siquiera aplicará que los encuestadores a los que recientemente corrieron, puedan presentar alguna demanda para que les paguen lo correspondiente al contrato. Que hay que aclarar, no era permanente, solo mientras durara el levantamiento de los datos, pero ni eso les respetaron; como le digo tal vez ahí no aplique la ley,
Y mire lo que son las casualidades, el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, propuso que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, incluyan, a la actividad minera, como esencial esto, con el fin de que, según el preocupado legislador, no detengan sus actividades y garantizar el abasto de diversos bienes y servicios necesarios durante la contingencia por el Covid-19; y le decía que era una casualidad, porque a Guadiana Tijerina, en Coahuila se le conoce como un próspero empresario minero, pero insisto, eso debe ser pura coincidencia, es mejor no andar de mal pensados, con como aquella de que seguimos igual, o que ahí existe un enorme conflicto de interés, y más por que el presidente, López Obrador, cada vez que se le hace referencia a situaciones como esta, dice que no los confundan, que no son iguales; lo malo es que todo parece indicar que, efectivamente, no son iguales, sino poquito peor, pues se dicen puros e inocentes pero en la realidad no lo son y eso de que; “hágase la ley pero en los bueyes de mi compadre” simplemente no es la idea…