Apenas hace unos días se conoció de una denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por una supuesta red de extorsión que operaría de forma directa desde la oficina de la referida comisión.
Resulta que a la medallista se le acusa de exigir un pago previo de 150 mil pesos, para otorgar un contrato por servicios de alimentos a un comedor operado por la misma Conade. Pero además de ese adelanto, también habría solicitado un moche consistente en el 15 por ciento de los más de 16 millones de pesos, total de lo sufragado en el contrato.
Quien se muestra como la victima de esta presunta extorsión es la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (Cimsa).
Según Carlos Donaciano Solórzano Pineda, representante legal de Cimsa y quien presentó la denuncia, la intermediaria para hacer el arreglo es Armida Ramírez Corral, supuestamente cercana a Guevara. Aparentemente el contrato efectivamente se autorizó y tuvo vigencia de julio a diciembre de 2019 y el servicio se prestó, pero no les pagaron lo acordado y la empresa quebró, y como no tuvo dinero para saldar lo que se había convenido, ya no le renovaron el contrato; ahora denuncia un supuesto delito en el que las dos partes estaban de acuerdo.
Así como se plantea; de encontrarse delito que perseguir, tanto quien paga como quien recibe un soborno, es responsable y se les debe aplicar la ley.
Lo que si no se debe tolerar, es que se sigan cometiendo delitos en esta administración que se autodefine como diferente y que se manejan de forma transparente y responsable. Si se cometió una irregularidad que se aplique el derecho y se lleve ante la autoridad a quien resulte responsable; solo que en el caso al que nos referimos seguramente quien pagará los platos rotos, si es que se comprueban los hechos, serán quienes se demuestre que lo llevaron a cabo. No va a importar si alguno dice que solo obedecía órdenes, si no lo puede comprobar no valdrá de nada.
Así que si efectivamente Ana Gabriela Guevara, se benefició del trato que se menciona, pero nunca firmó nada, ni siquiera cruzó palabra con la parte quejosa y aparte no se puede demostrar su participación, simplemente no se procederá en su contra, así de fácil, pero también así de injusto, claro suponiendo que la narrativa anterior resulta verdadera.
Es lo malo de algunos funcionarios que con la práctica se hacen expertos y por lo mismo resulta sumamente complicado demostrarles alguna corruptela, pero insisto, lo que ya no debe ocurrir es que el dinero público se lo lleven malos funcionarios a quienes, pese a que se les pague un buen sueldo, no se conforman y llevan a cabo actos de corrupción.
Aclarando que el asunto al que nos referimos es un supuesto, y serán las autoridades y los abogados de las partes, quienes deberán de demostrar la culpabilidad o la inocencia a través de una buena investigación al menos esa es la idea…