El 10 de febrero se anunció, con bombo y platillo en una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la entrega por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la cantidad de 2 mil millones de pesos, y que fue canalizado en el mismo acto al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), por conducto de su entonces director Ricardo Rodríguez Vargas, misma cantidad que había sido recuperada.
De acuerdo con el fiscal, el dinero fue producto de actos de corrupción realizados en la administración anterior, y que tuvo como origen una denuncia realizada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, y que una vez entregado al Indep, este numerario sería destinado a comprar equipos de salud, así como para pagar los “cachitos” de la rifa del avión presidencial. Dicho acto fue ensalzado por el gobierno como un claro ejemplo de su lucha contra la corrupción.
Días después, mediante diversas fuentes, se supo que el origen de dicha cantidad fue en razón de una serie de contratos realizados por el Infonavit a empresas que se encargarían de realizar ciertos programas con relación a los créditos de vivienda a los trabajadores, pero que era tal la ambigüedad de dichos contratos, que el instituto decidió rescindirlos.
El Infonavit, aún en la administración de Enrique Peña Nieto, tuvo que pagar una indemnización a dichas empresas, por la cantidad total de 5 mil 88 millones de pesos por la cancelación de los contratos. Esto causó serias sospechas en la actual Administración Pública, provocando la denuncia de la Consejería Jurídica ante la FGR.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación en relación a posibles actos fraudulentos en la firma de contratos, para esto, y de manera anticipada, se realizó una consignación por concepto de reparación del daño por las empresas involucradas, que con el fin de evitar la formalización de una posible acción penal en su contra, depositaron ante la FGR la cantidad de 2 mil millones de pesos en dos cheques, el 6 de febrero, quedando pendientes 3 mil 88 millones.
Ahora bien, resulta sorpresivo que el pasado mes de junio el Indep intentara devolver los 2 mil millones de pesos que le habían otorgado en febrero pasado, ya que como lo afirma el mismo Instituto, dicha cantidad no había sido formalmente asegurada mediante un procedimiento federal, al contrario, se encontraba por concepto de reparación del daño a favor del Infonavit y que este no había dado aval para el acuerdo, aun después de casi siete meses de consignada dicha cantidad.
No se podía tener a disposición el dinero por la carpeta de investigación que subsiste aún, dejando entrever una clara malversación de fondos por parte de la FGR y el mismo ejecutivo federal; esto sin duda le acarreó problemas al director del Indep, Jaime Cárdenas, tanto así que decidió presentar su renuncia alegando posibles actos de corrupción al interior del organismo.
La renuncia desató al mismo tiempo el señalamiento del presidente por su “incapacidad” como servidor público, entre otras cosas, y reclamándole que debería tener una lealtad ciega al proyecto político de la 4T.
Resulta harto evidente el manejo perverso y la malversación de recursos públicos que ha realizado la actual administración en contra de las leyes e instituciones, es por lo que nos encontramos con que una Fiscalía que se denomina “autónoma”, responde a los intereses de un proyecto político, al torcer el debido proceso a conveniencia del gobierno en turno.
El “dinero recuperado” no es tan recuperado como nos lo hicieron creer, que fue otorgado de manera voluntaria por concepto de una reparación del daño. Que no existe aseguramiento alguno, que esto deviene de un acuerdo reparatorio y que aún faltan por consignarse 3 mil 88 millones de pesos. Que ese dinero está en el limbo, porque ni la FGR, ni el Indep lo quieren para sí. Que formalmente pertenece al Infonavit y no en ocurrencias azarosas de rifas de aviones.
Tal parece que esto se ha vuelto un espectáculo más de la 4T, no se niega el acto de denuncia por los 5 mil 88 millones de pesos iniciales, es loable y hay que reconocerlo, pero todo procedimiento debe ser apegado a Derecho, no puede ser voluntad de un solo individuo o de un partido político decidir qué hacer con los fondos públicos provenientes de los bolsillos de todos los mexicanos.
No cabe duda que aquel mantra que solía decir el presidente: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ha quedado en el pasado. Veremos qué sucede con los 2 mil millones de pesos y si en efecto se utilizarán para una segunda rifa del avión presidencial (léase con sarcasmo).