Muy seguido los contribuyentes cautivos de la Secretaría de Hacienda nos quejamos por lo complicado que es pagar impuestos en nuestro país, pues existen una seria de medidas que otros llaman candados, los cuales, según dicen, fueron diseñados para evitar que se evadan impuestos, es decir, se desconfía del ciudadano, y efectivamente así como existe mucha gente honesta que presenta sus cuentas de forma correcta, hay otros, seguramente los menos, que se las arreglan para evadir al fisco y pagar poco, es así como recientemente se descubrió una cantidad regular de empresas que se dedican a vender facturas, denominados “factureros”, pues se trata de empresas fantasma que en realidad no venden o llevan a cabo actividad alguna y su negocio consiste en ofrecer comprobantes fiscales de pago a quien quiera dejar de pagar impuestos, no todos, pero un porcentaje más o menos considerable, así que por unos cuantos, el resto de los contribuyentes cumplidos debemos de sufrir esta serie de medidas que hacen prácticamente imposible que una persona, por si sola, pueda presentar su declaración de impuestos.

También nos han dicho, hasta el cansancio, que las pasadas administraciones cometieron una serie de irregularidades en el uso de dinero publico el cual, en algunos casos, se desvió, mientras que en otros se adquirieron productos o se acordaron servicios con enormes sobre costos para poder otorgarles, a ciertas empresas, los contratos y por supuesto entregar la tajada o moche correspondiente, por eso mismo, al menos en teoría, existen procedimientos que pretenden evitar ese tipo de prácticas, y es completamente comprensible y correcto; y pensando en que ese tipo de irregularidades si se llevan a cabo por ciertos empresarios y políticos, es que uno como ciudadano comprende y justifica precisamente que esos candados, que están para prevenir la corrupción, no solo es deseable que existan, sino obligatorio, pues al final de cuentas quienes operan los dineros son personas y como tal cometen errores voluntarios o involuntarios, que simplemente son inadmisibles por; insisto, tratarse de dinero del erario, es decir de los impuestos que pagamos.

Así que saber que la actual administración, la de la cuarta transformación, esa cuyo principal propósito es terminar con la corrupción y el uso discrecional del presupuesto va a flexibilizar los programas sociales, como que no suena de lo más adecuado, pues el mismo presidente se quejó, cuando fue oposición, que los apoyos para las personas de más bajos recursos se utilizaban de forma clientelar; entonces ¿por qué ahora se van a relajar los criterios para medir los resultados, rendición de cuentas y transparencia de los programas sociales y presupuestarios?, esto lo comento basado en información del documento Estructura Programática a emplear en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, que recibió la Cámara de Diputados, mismo que indica que se reducirá a 63 los programas sujetos a Reglas de Operación (RO) de los 71 que hoy operan.

Lo anterior significa que algunos programas no podrán ser verificados en cuanto a su ejecución adecuada que permita un control de los mismos, pues insisto, se trata de dinero público ¿y quien garantiza que se hizo buen uso del dinero? y más porque el principal discurso del mandatario López Obrador ha sido que va a acabar con la corrupción, pero si no se tiene un control estricto que permita una correcta supervisión y medición, simplemente la tentación estará ahí presente, y no habrá forma de impedir que se le meta mano al cajón pues las reglas no serán claras y por lo mismo inexactas, así que suena hasta incongruente que, por un lado el presidente no confié en la población en general con reglas fiscales muy estrictas, incluido el pueblo bueno, mientras que a sus funcionarios, les deja sin supervisión que sus programas lleguen efectivamente a los que más lo necesitan y esa no es la idea…

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