Entre 21 mil y 30 mil niñas, niños y adolescentes en México pudieran incorporarse al trabajo infantil debido a los efectos de la pandemia, señaló Marisela Reyes Salazar, enlace regional de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Durante la presentación del estudio ‘Infancia con derechos. Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México’, la especialista comentó que durante la pandemia ha sido más visible el trabajo infantil de niñas y adolescentes en actividades del hogar, por los que la propuesta de reforma en la materia debe tener una perspectiva de género, según detalla un comunicado.
El estudio forma parte de los esfuerzos de la Red de Mujeres Sindicalistas, en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, para impulsar en nuestro país diversas iniciativas en materia laboral.
La autora del estudio y presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Alicia Vargas Ayala, expuso que en la mayoría de los casos, el trabajo infantil se relaciona con la sostenibilidad familiar, en ocasiones en actividades consideradas como tradiciones.
Puntualizó que entre más se incorporan a la informalidad, más permanecen ocultas estas actividades.
Mencionó que hay distintas formas de trabajo infantil, algunos como el trabajo en las minas o actividades del hogar, pero hay una segunda modalidad de trabajo que atenta contra la integridad y dignidad de la niñez.
El ingreso que obtienen las familias del trabajo infantil, no contribuye al disminuir su pobreza, aseveró.
En su oportunidad, Sandra Mejía Martínez, otra de las autoras del estudio, refirió que el sistema jurídico mexicano en la materia se basa en el interés superior del niño, no discriminación y restitución de derechos.
En su exposición se refirió a los instrumentos internacionales como el Convenio 182 de la OIT, que prohíbe las peores condiciones del trabajo infantil, y el 188, el cual establece la edad mínima para que los menores puedan trabajar.
Al respecto, propuso que la restitución de derechos debe ser diferenciada conforme a la edad, ya que deben tener tratamientos distintos para garantizar el interés superior del niño.
La investigación contiene 15 recomendaciones con relación a aquellas actividades que deben ser prohibidas y reguladas. Refirió que las procuradurías juegan un papel fundamental en la restitución de derechos no sólo a las niñas, niños y adolescentes, sino a toda la familia.
A su vez, Inés González, coordinadora de Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Ebert, refirió que el estudio surge de lo contenido en el T-MEC en materia de trabajo infantil.
Reconoció el papel de la organización civil y de las instituciones para erradicar el trabajo infantil.
Nancy Ramírez Hernández, Directora de Incidencia Política de Save the Children México, subrayó que la falta de espacios educativos y de oportunidades, obliga a las niñas, niños y adolescentes a incorporarse al mercado laboral, por lo que se deben atender las causas que originan el problema, ya que las tareas infantiles no deben impedir el desarrollo de la niñez.
Enfatizó que en México no existe una política de prevención y atención al trabajo infantil, por lo que debe construirse un Sistema en el que concurran tanto el sector privado como el social, así como garantizar a las familias empleo y seguridad social, a fin de evitar que más niñas y niños trabajen.
En el evento, también participó la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Diputados, quien dijo que el trabajo infantil debe abordarse desde una perspectiva interseccional de derechos humanos y transversal de perspectiva de género.
Propuso poner atención en la universalidad laboral a fin de ampliar los espacios educativos, disminuir la deserción escolar y mejorar la calidad e ingresos de los empleos de los adultos, entre otros temas para disminuir el trabajo infantil.
Por último, Alejandro López, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), sostuvo que la población infantil que trabaja tiene el mayor índice de pobreza, pero con la pandemia se espera que ese índice aumente en México, de acuerdo con el Coneval.
En el censo de 2020, precisó, se incorporó un indicador para censar a la población en condiciones de calle, lo que permitirá localizar a los niños, niñas y adolescentes que comúnmente trabajan en actividades informales, forzadas y peligrosas que dañan su integridad, para así generar políticas de atención.
