Ciudad de México .- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó este jueves la decisión del Congreso mexicano de avanzar en una reforma constitucional que amplía la lista de delitos que conllevan la prisión preventiva de oficio para incluir la extorsión y actividades vinculadas al fentanilo y otras drogas sintéticas.
La iniciativa que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados, y que debe ser avalada próximamente por la mayoría oficialista del Senado, fue considerada por el organismo como “perjudicial” y “regresiva”.
La Oficina del Alto Comisionado, que por años ha objetado esa política, dijo en un mensaje de su cuenta de X, antes Twitter, que detener de forma automática a las personas “viola” los derechos humanos, “desincentiva las capacidades para investigar delitos” e incumple sentencias y recomendaciones internacionales.
Con 355 votos a favor y 108 en contra, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles que los casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, el contrabando y el uso de falsos comprobantes fiscales sean incluidos en el catálogo de delitos sujetos a prisión automática.
En México, hay dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que se da cuando el fiscal la solicita al juez por considerar que un detenido es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
La ampliación de los delitos que conllevan la prisión preventiva oficiosa fue impulsada desde 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien por años defendió la medida, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la ONU que pidieron derogarla.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en los casos de contrabando y defraudación fiscal.
En febrero pasado, siete meses antes de culminar su mandato, López Obrador envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional —como parte de un paquete de leyes— para que esos delitos fueran incluidos nuevamente en la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La política de prisión preventiva es especialmente delicada en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declaradas culpables.
De acuerdo con informe que presentó el año pasado un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria para 2022, había 90 mil personas en prisión preventiva, de las cuales cerca de la mitad estaban bajo la modalidad oficiosa. Los expertos encontraron, en una visita que realizaron a México en 2023, que algunos reos sometidos a prisión preventiva oficiosa tenían “más de cinco años desde su detención” a la espera de juicio.
