San Andrés Larráinzar.- Más de 20 centanares de personas se dieron cita para dar el último adios al sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez y exigir justicia por su asesinato, un caso por el que ya hay una persona detenida y que fue elevado a la fiscalía federal, lo que implica que está presuntamente relacionado con el crimen organizado.
La fiscalía de Chiapas dijo que dio con el presunto autor material del homicidio ocurrido el domingo gracias a rastreos de cámaras de seguridad, trabajos de inteligencia y las declaraciones de testigos antes de pasar las pesquisas a la Fiscalía General de la República.
La Iglesia Católica ya dejó claro la víspera que su exigencia es dar no solo con los autores materiales del asesinato sino con los intelectuales y que se actúe contra los grupos armados que operan con impunidad en la región.
“Ya es un hecho muy significativo que este crimen lo acaba de asumir el gobierno federal”, dijo el obispo emérito Raúl Vera, uno de religiosos mexicanos más activistas y combativos, que celebró el martes la misa previa al entierro del sacerdote tsotsil.
“Trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económico, (contra) los que no tienen vergüenza, (contra) los que pagan asesinos para acallar voces como el padre Marcelo” que no solo escuchaba sino que se movía y denunciaba, clamó el obispo.
En torno a 2 mil personas se apiñaban en la calles de San Andrés Larráinzar, el pueblo natal del sacerdote, donde se celebró la misa de cuerpo presente para dar el último adiós al religioso tsotsil, reconocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de violencias, y que fue asesinado en San Cristóbal de las Casas este domingo después de celebrar una misa.
Según explicaron durante la misa, se estaban realizando ceremonias paralelas en zonas de la frontera como Comalapa o Chicomuselo, fronterizas con Guatemala, en donde la población vive asediada por el crimen organizado, por lo que no puede salir de esa región para unirse a los homenajes.
“Justicia para Marcelo”, gritaba la gente en San Andrés Larráinzar entre vivas al “Padre Marcelo” y a la paz.
La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo este martes su apoyo a la estrategia actual de seguridad aunque, según el cardenal Felipe Arizmendi, esa política “no ha funcionado”.
El padre Marcelo Pérez, de 50 años, había recibido múltiples amenazas y desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido a México medidas de protección que no dieron resultado por lo que diversos colectivos de derechos humanos responsabilizaron a las autoridades de su muerte.
“Lejos de su protección, el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”, recordó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las ONG locales más reconocidas nacional e internacionalmente.
El homicidio se produjo en medio de una escalada de inseguridad en la que, a la violencia política, social y agraria preexistente desde hace décadas en Chiapas, se unió hace un par de años la lucha entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala y el tráfico ilícito de drogas, armas y, sobre todo, migrantes.
El padre Pérez y la Iglesia católica de la zona no cesaron en denunciar el incremento de los asesinatos, desapariciones, intimidaciones y desplazamientos de civiles en muchos municipios donde los cárteles amenazan a los pobladores o los utilizan como escudos humanos ante la pasividad de las Fuerzas Armadas.
“Chiapas es una bomba de tiempo”, había dicho el sacerdote hace poco más de un mes. Otras organizaciones hablaban incluso del peligro de una ”guerra civil" en ese estado.
Sheinbaum negó este análisis. "Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar, evitar extorsiones y delitos que se están presentando”, dijo. Para ello, aseguró, se está trabajando con el gobernador actual y el próximo, que tomará posesión en diciembre —ambos del partido oficialista Morena—.
Las Naciones Unidas, la CIDH y numerosas organizaciones mexicanas exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente del homicidio.
